¡Reficar: descalabro de $8,5 billones! | El Nuevo Siglo
Miércoles, 7 de Diciembre de 2016

La construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) ha implicado, sin duda, el mayor daño fiscal en la historia del país. Otros escándalos contractuales que en su momento se catalogaron como los más graves descalabros del fisco y la administración pública palidecen, tanto en el monto de las pérdidas como en la cantidad de irregularidades, frente a lo que pasó en este proyecto propiedad de Ecopetrol, la empresa más grande del país y cuya mayoría accionaria es estatal. Es decir, de todos los colombianos.

El informe presentado ayer por la Contraloría es simple y llanamente impactante, al advertir que el daño fiscal causado por las anomalías registradas en el proyecto para construir y poner en operación a Reficar ascendió a 2.879 millones de dólares, algo así como 8,5 billones de pesos. El sólo lucro cesante, es decir recursos que no ingresaron a las arcas oficiales, llega a 1.936 millones de dólares.

Para dimensionar la gravedad de ese hueco de 8,5 billones de pesos, el mismo ente de control hizo una serie de cálculos que impactan al más desprevenido. Por ejemplo, el fallo fiscal de Saludcoop es seis veces menor que el costo de los 36 hallazgos fiscales en la refinería. Otro más: los colombianos durarán 30 años pagando, por intermedio de Ecopetrol, la cuantiosa deuda que dejó el proyecto. Peor aún: este daño fiscal causado es levemente superior a lo que el Gobierno aspira recaudar durante el próximo año con la reforma tributaria que se tramita en el Congreso y que anoche pasó a plenarias tras ser aprobada, en tiempo récord, por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Y la cuestión no termina ahí: con esos 8,5 billones de pesos se podría becar durante dos siglos a los 22 mil estudiantes que actualmente tiene el Programa Ser Pilo Paga, o se construirían más de 600 mil viviendas gratis, reduciendo a la mitad el déficit de casas nuevas que tiene Colombia…

Los hallazgos de la Contraloría durante la revisión técnica y  minuciosa de todos los aspectos contractuales, operacionales, financieros y de ejecución del proyecto Reficar confirman, esta vez con grado de certeza, lo que se había denunciado parcialmente en los últimos dos gobiernos sobre las múltiples irregularidades del proceso. Entre las falencias más protuberantes está, por ejemplo, que se falló al seleccionar a Glencore como socia del proyecto ya que se privilegió la ingeniería financiera antes que la ingeniería para la construcción. Igualmente el ente de control fiscal cuestiona la forma en que se autorizó la salida de esa multinacional del proyecto, señalando graves implicaciones en dicho mecanismo.  En el caso de CB&I, que luego asumió el contrato, la Contraloría señala que dicha empresa no evidenció experiencia para la ingeniería, el suministro y la construcción de una refinería.

Visto todo el informe queda en evidencia que esos fueron los tres ‘pecados originales’, por los cuales tanto la Contraloría, como la Fiscalía y otros entes de vigilancia tendrán que señalar, más temprano que tarde, las responsabilidades que les caben a quienes hicieron parte en su momento de las directivas de Reficar, las juntas directivas de Ecopetrol y otros altos funcionarios de los últimos dos gobiernos. Lo peor que puede pasar ahora es que, como ocurrió meses atrás cuando estalló el escándalo sobre los billonarios sobrecostos en la construcción de la refinería, empiece entre los presuntos responsables un pimponeo de acusaciones, excusas y señalamientos a todas luces estéril que no contribuye a recuperar los cuantiosos recursos embolatados y que, por el contrario, podría tener la intención de dilatar las pesquisas en pos de una prescripción de las acciones judiciales. Desde ya, dado que el país se encuentra ante el mayor descalabro de recursos públicos de su historia reciente, los entes de control deberían crear unidades de investigación de dedicación exclusiva para esclarecer lo sucedido en materia penal, fiscal y disciplinaria. Este caso no se puede convertir en el nuevo referente de la corrupción de cuello blanco y la impunidad en Colombia, como en su momento lo fueron Foncolpuertos, el ‘cartel de la salud’ o el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Ahora, en vista de que el presupuesto inicial era de 3.777 millones de dólares pero el valor ejecutado llegó finalmente 8.016 millones de dólares, es claro que el otro escenario clave en este proceso es el relativo a la posibilidad de que se pueda recuperar parte de lo perdido en sobrecostos de contratos, desgreño presupuestal, desorden en facturación, gastos superfluos, errores de diseño, adquisición de materiales y equipos que no se utilizaron y ajustes injustificados a cantidades y valores de obra, entre muchas anomalías. Aquí lo determinante es no perderle la pista al proceso de arbitramento internacional que adelanta Reficar contra las distintas filiales de CB&I. Este caso debe tener casi un estatus de seguridad jurídica nacional.

Por el momento, puede decirse que ya el descalabro billonario que se presentó en la refinería está diagnosticado y que lo importante ahora es individualizar a los responsables y utilizar toda la capacidad del Estado para recuperar parte de lo perdido. Esa debe ser una causa nacional.