Sin brújula ni quién fije el rumbo. Así pareciera estar el proceso de paz con las Farc. A medida que avanzan, a los empujones, instancias como el arranque de la implementación normativa de lo pactado y el cronograma para el desarme y la desmovilización, las falencias estructurales son cada vez más visibles. En medio del accidentado ritmo de los hechos, priman la improvisación y excepcionalidad al tratar de aterrizar y aplicar lo negociado. Tras culminar en La Habana, no se ve en Colombia un responsable directo, un gerente del proceso que concentre y agilice la solución de las distintas problemáticas.
En la última semana, por ejemplo, las Farc confirmaron que cinco jefes de frente, entre ellos un integrante de su ‘Estado mayor’ y otro señalado de ser la figura principal del narcotráfico en el suroriente del país, fueron expulsados de la organización porque se apartaron del proceso de paz. En medio de la gira presidencial por el exterior, la recepción del Premio Nobel, el laberíntico fallo de la Corte Constitucional sobre la refrendación legislativa y el ‘fast track’ así como la sorpresiva reunión del jefe de gobierno y el jefe de la oposición en el despacho del papa Francisco, la división de la guerrilla genera muchas dudas. No se sabe cuántos subversivos más se fueron con los alias ‘Gentil Duarte’, ‘Jhon 40’ y otros tres mandos medios, pero se habla de 300 a 400 combatientes. Eso significaría que en este solo caso las Farc estarían perdiendo casi el 7 por ciento de los 5.765 hombres-arma, cifra que oficializaron ante el Gobierno sobre el número de guerrilleros a concentrar territorialmente y desarmar. De igual manera, si se calcula que el Eln tiene 2.000 efectivos, entonces esos 400 rebeldes son casi el 20 por ciento de ese pie de fuerza. Y este es sólo uno de los casos hechos públicos pero no se sabe qué está pasando en otras partes del país.
En la agenda de negociación de La Habana siempre se proclamó el fin del conflicto armado, dando a entender que todas las Farc se desmovilizarían. Pero en la medida en que sigan surgiendo en el proceso este tipo de divisiones, ese objetivo estará cada vez más lejano. No hay que olvidar que los cabecillas ‘rebeldes’ operaban en Caquetá, Guaviare y Vichada, de donde provenía el 80 por ciento de la financiación de las Farc, en gran parte por narcotráfico y minería ilegal. No es solo, entonces, el número de guerrilleros que seguirán echando bala, sino que se trata de los mandos más experimentados en tráfico de drogas.
Aquí no se puede perder de vista que uno de los elementos para allanar el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz era, precisamente, que las Farc no sólo renunciarían a esta actividad, sino que colaborarían con información para desmantelar carteles, rutas y cómplices a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la extensión de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola se duplicó en los últimos dos años, al tiempo que se prohibió la aspersión aérea con glifosato. A ello se suma, de un lado, que la ‘disidencia’ está encabezada por los considerados ‘capos’ del narcotráfico en esa guerrilla y, de otro, que los críticos del proceso de paz advierten que el pacto con las Farc abre la puerta a considerar el delito de narcotráfico como conexo al de rebelión. Es evidente que una vez asuma Donald Trump la Casa Blanca, dentro de un mes, la política antidroga estadounidense va a cambiar y será mucho más exigente sobre Colombia.
No menos preocupante resulta que en los últimos meses se dispararon los asesinatos y atentados a líderes sociales, dirigentes de izquierda, activistas de derechos humanos e impulsores de procesos de restitución de tierras, entre otros. Aunque las autoridades han iniciado investigaciones en distintas direcciones, aún no hay una hipótesis sólida sobre la autoría material e intelectual de los crímenes, a pesar de que estos ponen en riesgo al propio proceso de paz.
Y como si lo anterior fuera poco, quedó en evidencia que el acuerdo con las Farc no tiene un marco jurídico definido e institucionalmente viable. Ello porque luego de que la ciudadanía dijera No al primer pacto con la guerrilla, hoy el país se encuentra aún más polarizado porque en La Habana se renegoció otro cuyo contenido, de un lado, desconoce la voluntad popular del 2 de octubre y, de otra parte, porque se incumplió la promesa de someterlo a nueva refrendación popular, optando en su defecto por una inédita y a todas luces inconstitucional refrendación legislativa, a partir de una mera proposición parlamentaria votada por las mayorías gobiernistas. A todo esto debe sumarse ahora la atropellada resurrección de la ‘vía rápida’ para acelerar trámite de leyes y reformas derivadas del acuerdo, tomando como base un confuso y polémico fallo de la Corte Constitucional.
Como se ve, el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, pese a estar firmado y refrendado, al decir del Ejecutivo y el Congreso, no ha significado el fin de la guerra y los actores armados ilegales en Colombia. Se desarrolla, igualmente, en medio de la improvisación y la feria del inciso. Parecería, pues, que al fin del año el proceso se encuentra a la deriva.