En Colombia hay subsidios para todo, para compra de vivienda, para prestación de servicios públicos, para educación, para desempleo, para jóvenes, adultos mayores, para familias, para recreación, para salud, atención a la pobreza, transporte, en fin para cualquier necesidad que tenga la sociedad, el Estado busca que los menos favorecidos económicamente tengan la posibilidad de recibir una ayuda monetaria o en especie.

Estos subsidios le costaron a la Nación $72 billones durante 2015, es decir el 9% del producto interno bruto, según las cifras que maneja el Departamento Nacional de Planeación.

Estos recursos equivalen a 1,4 veces la inversión que se realiza en las vías 4G; es 1,6 veces la inversión del Estado, equivale al 35,4% del Presupuesto General de la Nación y es 5,2 veces más que lo que costará la primera línea del Metro para Bogotá.

Los subsidios sociales más representativos fueron para el sector de educación, que acapara cerca del 31% ($22 billones); pensiones con alrededor del 26% ($18,4 billones); salud, al que se destina casi 21% ($14,8 billones) y servicios públicos con el 5,2% ($3,7 billones). 

El resto de subsidios representaron el 5% del total, o menos, siendo los más importantes la atención a la primera infancia (4,6%), la pobreza (5,2%), vivienda (2,6%) y otros (4,4%)

Ante esta situación y poner orden en las finanzas y optimizar el uso de estos dineros, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional presentó a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que pretende regular la política de gasto público en subsidios, y expedir una serie de normas, para que estos recursos lleguen a quienes de verdad los necesitan.

No se van a acabar

Aunque el proyecto de ley ha levantado ampolla en muchos sectores sociales, el Gobierno aclaró que no se trata de eliminar los subsidios, sino de hacer que lleguen a quienes los necesiten de verdad.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aclaró que el proyecto de ley no reduce estos recursos sino que busca asignarlos a las personas o familias que cumplen con las condiciones para recibirlos.

“Es un proyecto de ley que va a darle al país mucha tranquilidad y que aquellos que necesitan los subsidios los pueden seguir recibiendo, pero donde hay fenómenos de corrupción, fraude o subsidios que no le están llegando a los que más lo necesitan, podamos tener las herramientas para corregirlo”, aseguró el ministro Cárdenas.

Para optimizar los recursos se elaborará una base de datos centralizada, en la que se pueda consultar cuáles son las ayudas que reciben cada uno de los colombianos inscritos en los programas sociales del Gobierno.

“Una base de datos donde se pone el número de cédula de una persona y se va a poder consultar la información de todos los subsidios que recibe, de todas las entidades del Gobierno”, sostuvo Cárdenas.

Posición de los trabajadores

Desde la perspectiva de Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), los planteamientos del proyecto de ley no son claros.

“El caso de las cajas de compensación, que hoy llegan a no menos de 25 millones de colombianos en diferentes servicios, es una labor insustituible y por eso hay que cuidarlo y preservarlo”, anotó el dirigente sindical, quien reconoció que esa tarea es susceptible de mejoras.

Cuestionó que el Gobierno esté insinuando en generarle “nuevas cargas” a las cajas de compensación familiar, pues si bien la reforma tributaria no contiene cambios en su actual estructura impositiva, podría encargarle nuevas tareas.

Los subsidios en muchos de los casos son otorgados a través de las cajas de compensación familiar. Sobre el tema el vicepresidente de Asocajas, Herber Mantilla, señaló que uno de los retos será la consolidación de oportunidades y creación de condiciones idóneas para el desarrollo pleno de las capacidades de la población, especialmente para los trabajadores con menores ingresos.

En esa línea, reiteró que las cajas han trabajado en la consolidación de tres caminos o rutas de la compensación: el desarrollo humano integral, la rentabilidad social y el compromiso social.

La alternativa, según Mantilla es que “a través de los subsidios en dinero, en especie y en servicios como: educación, salud, recreación, turismo, nutrición, formación para el empleo y atención a la niñez, entre otros, se mejora sustancialmente el nivel en la calidad de vida”.

“Actualmente el sistema atiende a 25 millones de personas y entre 1991 y 2015 se adjudicaron 10 billones de pesos para Vivienda de Interés Social en beneficio de 886.400 familias”, dijo.

Desde la otra orilla

A juicio de Francisco Torres, secretario de Relaciones Internacionales de Fecode, el proyecto de ley pretende acabar de convertir la salud, la educación, los derechos pensionales y el acceso a los servicios públicos en mercancías y reducir los recursos públicos para estos sectores a mínimos subsidios revocables, focalizados y sometidos a la sostenibilidad fiscal.

El proyecto define lo que es un subsidio, crea dos categorías: el productivo y el social, englobando en este último la educación, la salud y las pensiones. Determina los principios rectores para la creación de subsidios, dentro de los cuales sobresale el de sostenibilidad fiscal.

El dirigente señaló que la financiación de la universidad pública sufrirá una mayor degradación. De hecho en el 2015 mientras la partida de las universidades públicas apenas alcanzó los $3,3 billones, un 0,43% del PIB, la del Icetex ascendió a $1,3 billones. Ser Pilo Paga está devorando ingentes recursos que terminan en las instituciones privadas mientras la Nacional y demás universidades públicas se ven constreñidas a elevar el valor de las matrículas y dedicarse a vender servicios, sin que ello signifique que puedan sobrevivir a los inmensos déficits que enfrentan.

Los subsidios de los servicios públicos domiciliarios van a sufrir un brutal recorte al usarse la estratificación combinada con puntajes del Sisben menores o iguales al puntaje establecido por la Dirección Nacional de Planeación y sujetos a la disponibilidad.

Con el argumento de que en los estratos 1, 2 y 3 hay mucho rico, se planea quitarles los subsidios a siete millones trescientos mil personas, concluyó Torres.