En un país que anualmente destina un poco más de 70 billones de pesos en más de 20 categorías de subsidios y ayudas estatales, garantizar que estos recursos lleguen a las personas que en realidad los necesitan se convierte en un imperativo. No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que el Estado ha fallado en la focalización de los subsidios pese a que cada gobierno de las últimas dos décadas implementó controles que, en su momento, fueron presentados como definitivos para detectar a tiempo a los ‘colados’. Aunque existen avances en la materia, lo cierto es que la corrupción y las mismas falencias administrativas a nivel nacional, regional y local permiten que decenas de miles de personas que por sus ingresos no deberían recibir ayudas económicas directas ni indirectas, lo continúen haciendo, quitándole la oportunidad y el cupo a muchas familias pobres que sí los requieren para superar sus necesidades básicas insatisfechas.

En las últimas semanas se han puesto en marcha dos medidas que el Gobierno mismo califica como definitivas para blindar los subsidios. De un lado, mediante un documento Conpes se aprobó una reforma al Sisbén, que es el sistema mediante el cual se clasifica a las personas en Colombia para identificar si cumplen con los requisitos para recibir subsidios y beneficios oficiales. La importancia del sistema es tal que, con corte a agosto pasado, en el Sisbén existían  35,8 millones de colombianos validados pero también había 384 mil ‘colados’, es decir personas que tienen niveles de vida e ingresos que no requieren ayudas estatales pero aun así las reciben debido no sólo a maniobras tramposas de particulares y funcionarios públicos, sino también porque al no estar estandarizadas las distintas bases de datos que permiten establecer objetivamente la situación económica y social de cada colombiano, hace posible que ciudadanos que pertenecen a estratos altos o medios puedan recibir subsidios en materia de vivienda, salud, alimentación, transporte, educación, servicios públicos, ayuda a desempleados, al adulto mayor, familias en alto estado de vulnerabilidad y otros aspectos. El país recuerda todavía recientes escándalos de dirigentes políticos que pese a tener ingresos por encima de los cinco o seis millones de pesos al mes, tenían a sus hijos clasificados en la categoría 1 del Sisbén, lo que les permitía acceder a becas y otros beneficios estatales reservados sólo para las personas de bajo estrato socio-económico.

En virtud del nuevo sistema, entonces, no sólo se supone que habrá una mejor metodología de clasificación de las personas, para que su puntaje refleje realmente su situación económica y nivel de calidad de vida, sino que se crean herramientas coactivas para sancionar a los tramposos. A la par de ello, también se aplicarán reformas para evitar que la estructura de asignación de los subsidios tenga el efecto perverso que se ha venido registrando de tiempo atrás, consistente en que una persona que recibe determinadas ayudas estatales prefiere rechazar oportunidades de empleo y progreso en materia de vivienda y otros por temor a subir de categoría en el Sisbén y perder las ayudas económicas oficiales. Ahora se crean mecanismos para cualificar los sistemas de inclusión y exclusión en las distintas bases de datos cuya información cruzada es determinante para definir los puntajes. Asimismo, se piensa en desvincular el Sisbén como instrumento de focalización para el Régimen Subsidiado en Salud.

La otra estrategia puesta en marcha recientemente es un proyecto de ley presentado al Congreso por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación que busca reformar toda la estructura de asignación de subsidios, en general, en pos de asegurar que las ayudas que otorga el Gobierno lleguen a los colombianos que realmente lo necesitan, evitando el fraude y la dispersión de los aportes. De esta forma, por ejemplo, con solo consultar el número de cédula en la nueva base de datos, se sabrá de inmediato cuáles ayudas recibe la persona en cuestión y si está habilitada para ello.

Lo importante ahora es que esas dos nuevas medidas funcionen eficazmente, no sólo en cuanto a garantizar que los subsidios lleguen a quienes más los necesitan, sino que tales ayudas estatales lleven a que los beneficiados mejoren su calidad de vida y no, por temor a perder los subsidios, prefieran resignarse a no progresar y ser una especie de ‘pobres de profesión’ viviendo a expensas de un Estado de corte asistencialista y paternalista.

No es un reto menor el que está sobre la mesa. No se puede olvidar que se habla aquí de priorizar la eficiencia y focalización de más de 70 billones de pesos al año, la tercera parte del Presupuesto General aprobado para el 2017.