Si bien es cierto que cuando el Gobierno radicó, de forma tardía, el proyecto de reforma tributaria estructural, el pasado 19 de octubre, se advirtió que el Congreso se vería forzado a una contrarreloj legislativa para sacar avante la iniciativa antes de que terminara el 2016, pocos se imaginaron que llegado el 5 de diciembre apenas si se estaría oficializando la ponencia mayoritaria para arrancar la discusión en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Sin embargo, esa es la realidad. De allí que sólo le resten 26 días calendario al Parlamento, contando incluso un feriado y los fines de semana, para sacar avante una iniciativa que se hace cada día más urgente ante la evidencia de que el abultado hueco fiscal podría generar problemas de flujo de caja en el corto plazo. Si a ello se le suma el campanazo que significó que el Producto Interno Bruto sólo creciera un 1,2 por ciento en el tercer trimestre y que las apuestas para todo el 2016 se hayan replanteado, otra vez, a la baja, apuntando apenas a un modestísimo 2 por ciento, es claro que el ajuste en materia de impuestos tiene que ser aprobado en lo que resta de diciembre, toda vez que sólo así podrá aplicarse en la vigencia fiscal del inminente próximo año.

¿Por qué se ha demorado tanto la ponencia mayoritaria? Son tres las circunstancias principales. En primer lugar, es claro que el proyecto fue presentado de forma muy tardía al Congreso porque el Gobierno no quería que la campaña para el plebiscito refrendatario del acuerdo de paz con las Farc se impactara con una iniciativa a todas luces impopular.

Al final de cuentas, el No se impuso en las urnas el 2 de octubre, pero aun así el proyecto de reforma sólo llegó el Parlamento 17 días después. En segundo lugar es claro que un apretón impositivo de este alcance, que no tuvo mayor socialización antes de llegar al Congreso, iba a requerir un amplio análisis y explicación no sólo en las comisiones económicas conjuntas congresionales, sino ante los gremios de la producción, la academia económica y la opinión pública en general. No en vano el Ministro de Hacienda lleva más de 40 días dedicado casi que exclusivamente a defender las bondades del proyecto en cuanto foro, asamblea, congreso y escenario mediático ha podido, en tanto que con la misma intensidad han surgido las críticas y alertas de muchos sectores que consideran que la sobrecarga tributaria que se plantea los afectará negativa y sustancialmente, sobre todo con una economía en enfriamiento. Y como tercera circunstancia clave está el hecho mismo de que la discusión de la reforma ha estado impactada por temas como la firma del acuerdo de paz con la guerrilla y su polémico trámite refrendatario en el Congreso, la ya referida caída del PIB en el tercer trimestre, el arranque de la discusión sobre el aumento salarial para 2017, el pico inflacionario que conllevaría una eventual alza del petróleo o el proyecto que amplía en dos horas la jornada laboral nocturna…

Aunque la semana pasada se dieron a conocer dos ponencias alternas, una de la Alianza Verde y otra del Centro Democrático, que contienen cada una aspectos interesantes, lo cierto es que la atención está centrada en la ponencia que se radica hoy y que, en teoría, tendría el respaldo de las mayorías de ambas comisiones económicas. Hasta el momento ha trascendido que las discusiones con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda han sido muy intensas. Los puntos más difíciles de acordar han girado en torno a que el aumento del IVA ya no sea del 16 al 19%, sino al 18% y con menos cantidades de productos, bienes y servicios a gravar. No menos fácil ha sido el pulso sobre el impuesto a las bebidas azucaradas que, se sabe, es uno de los que más lobby ha tenido. Igual se han analizado distintas fórmulas respecto a ajustes en materia de base gravable y tarifa del impuesto a la renta y el nuevo “monotributo”. También se ha dedicado bastante tiempo a revisar lo relativo al apretón tributario a las entidades sin ánimo de lucro y las confesiones religiosas en general. El impuesto a los dividendos es otro de los aspectos de la reforma que más polémica ha despertado y aunque se pusieron sobre la mesa distintas fórmulas para morigerarlo, sólo cuando se revele la ponencia se sabrá el  mecanismo finalmente escogido… A todo lo anterior tiene que sumarse el planteamiento de que algunos de los recursos adicionales recaudados con esta reforma tengan una especie de destinación específica, como la idea de que un punto del IVA se dirija a los sectores de educación y salud.

Como se ve, hoy será el verdadero “Día D” de la reforma tributaria. La ponencia mayoritaria marcará el ritmo de los debates en las comisiones conjuntas y luego vendrá el difícil tránsito a las plenarias, en donde se ha dicho que requerirán no menos de 10 días para analizar el proyecto y dar su dictamen definitivo. Si bien es cierto que está definido que se citará a sesiones extras, el desafío está en que la premura del tiempo no lleve a que temas de fondo terminen siendo votados a pupitrazo limpio.