Hoy se realiza la última reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales con el fin de tratar de concertar el porcentaje de aumento del sueldo mínimo mensual en Colombia para 2017. Aunque tanto el Gobierno como los voceros de las empresas y los sindicatos han reiterado que llegan a este cónclave con toda la voluntad de encontrar un acuerdo sobre el reajuste, lo cierto es que se ve muy difícil que este se logre, pues la distancia entre la oferta de los patronos y la exigencia de los trabajadores es mayor a cinco puntos porcentuales. A ello debe sumarse que estando a punto de convertirse en ley la nueva reforma tributaria, a la que el Congreso le dio ayer su aprobación, la discusión salarial de hoy se verá cruzada por el debate en torno al impacto directo e indirecto que tendrán en los ingresos y gastos de los empleados los impuestos que se crean y  aquellos a los que se les aumentó la base de pagadores o les subieron las tarifas. 

Sin embargo, más allá de lo que ocurra en esta última sesión de la Comisión, es evidente que desdice de la seriedad de la política económica y laboral de un país el que faltando apenas tres días para terminar el año, aún no se haya definido el incremento salarial para el próximo. Por lo mismo, muchas empresas privadas y entidades oficiales deben esperar hasta el último día hábil para aplicar los respectivos ajustes en sus nóminas, al tiempo que otro sinnúmero de productos, bienes y servicios cuyas tarifas y precios toman como referencia el aumento del sueldo mínimo más que el índice de inflación, también permanecen a la expectativa del decreto del Gobierno que fija el porcentaje de incremento, tras constatar que no se logró un acuerdo empleadores-sindicatos sobre el mismo.

Ya en alguna ocasión advertimos desde estas páginas que el mecanismo de fijación del aumento del salario mínimo en Colombia era no sólo antitécnico sino demasiado subjetivo, al dejar en manos del Ejecutivo la discrecionalidad de sumar algunas pocas o muchas décimas porcentuales al proyectado índice de inflación causada a diciembre, cuyo resultado oficial sólo se conoce el 5 de enero. La negociación tripartita es, a todas luces, desgastante y, al final, genera un efecto adverso para todos. A los sindicatos, por más que se levanten de la mesa, los señalan las propias masas de trabajadores por su baja capacidad de presión e influencia para conseguir un aumento cercano a sus exigencias. Los empresarios, por su parte, son acusados de tacaños y de no admitir la evidencia de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados. Y, por último, el Gobierno termina siendo criticado por tirios y troyanos no sólo por no tener la capacidad de maniobra política para allanar un consenso salarial, sino porque al fin y al cabo es el responsable de los altibajos económicos. 

En ese orden de ideas, sería aconsejable que en Colombia se institucionalizara una nueva fórmula para fijar de forma más técnica y objetiva el aumento salarial de cada año. En muchos países ya existe dicho modelo y se aplica sin mayor problema, incluso con meses de antelación para que todos sepan a qué atenerse. Así como ocurre con los elementos para determinar el aumento de los precios de los combustibles, la  fórmula para los salarios debe tener en cuenta los índices de Precios al Consumidor, la inflación causada y proyectada, el incremento del Producto Interno Bruto, la productividad empresarial, las tasas de empleo, la evolución del índice de poder adquisitivo y otros elementos estructurales y coyunturales que sean del caso para señalar un porcentaje de aumento justo, realista y equilibrado, dejando atrás el lesivo y poco serio escenario de ofertas empresariales y exigencias sindicales con grandes distancias. Incluso, podría avanzarse hacia la definición de sueldos básicos diferenciados según la región, el tipo de actividad económica, la modalidad  laboral o las profesiones u oficios, tal como ocurre en distintos países.

Como se ve, seguir por la vía desgastante, antitécnica y poco productiva de las discusiones en la Comisión no tiene futuro. Prueba de ello es que hace varios años que no se logra un acuerdo sobre el reajuste del mínimo y parece que este 2016 no será la excepción, a menos que ocurra un milagro de última hora.