El arranque hoy de la negociación para definir el aumento del sueldo mínimo para 2017 plantea un reto importante. Tras varios años en que la Mesa de Concertación Salarial no ha podido llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de incremento del salario básico que devengan alrededor de cinco millones de trabajadores en todo el país y que, además, es tomado como referencia para el reajuste ponderado de otras escalas de remuneración, sería aconsejable que en esta ocasión sí se alcanzara un consenso. Tres son las razones básicas en pos de ese objetivo. 

En primer lugar, un acuerdo en las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios le enviaría una señal al país de que los tres son conscientes del delicado momento económico, lo que requiere, como elemento primordial, de una alta dosis de sindéresis y realismo de las partes. Como segundo punto clave está el hecho de que, como siempre pasa cuando se rompen las negociaciones, una de las críticas más reiteradas de las centrales obreras es que no se entiende por qué en Colombia se pueden lograr acuerdos hasta con los grupos alzados en armas y no así con los representantes de la masa de trabajadores. Y, en tercer lugar, un consenso en la Mesa que hoy se instala serviría para disminuir las tensiones laborales que crecen en algunos sectores, incluso con anuncios de paros y protestas en las próximas semanas o apenas arranque el nuevo año. 

Visto lo anterior es claro que la aspiración de lograr un acuerdo sobre el aumento salarial para 2017 debe tener en cuenta una evaluación objetiva de varios elementos, empezando por aceptar que la economía nacional atraviesa por una coyuntura bastante complicada, como lo prueba el hecho de que el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre fue apenas del 1,2% y los cálculos para cerrar el año no van más allá de un modesto 2%, lo que significaría un retroceso de un punto porcentual frente a 2015. De igual manera no se puede ocultar que el desempleo continúa sin dar su brazo a torcer y el propio DANE informó la semana pasada que -con corte a octubre- había llegado a 8,3%, registrando un leve incremento frente a igual mes del año pasado. A ello se suma que el Congreso tramita en estos momentos un proyecto de reforma tributaria estructural que, según la ponencia que se radica igualmente hoy, tendrá un impacto directo o indirecto sobre los ingresos y el costo de la canasta familiar para las clases trabajadoras. También hoy debe darse a conocer el dato de inflación de noviembre, que es clave puesto que se toma como el indicador principal para definir la base del aumento salarial. Como se recuerda, la inflación anualizada se ubica -con corte a octubre- en 6,48% pero el Ejecutivo considera que el cierre del año será positivo en materia de menor carestía, después de una escalada alcista en el primer semestre. No menos trascendental será para esta discusión sobre el reajuste del sueldo mínimo el proyecto de ley que cursa en el Senado y que amplía en dos horas la jornada laboral nocturna.

Otras circunstancias que deben sopesarse en la Mesa tienen que ver con temas como el abultado déficit fiscal, cómo va la formalización del empleo, en qué están los niveles de subempleo o ‘rebusque’, si son ciertas las perspectivas de reforma pensional para el próximo año, la cantidad de jóvenes que se están incorporando anualmente a la población económicamente activa, cuántos de ellos salen a buscar trabajo o ingresan a la educación superior, qué tipo de mano de obra está demandando el mercado laboral y hasta cuál podría ser el impacto en materia de empleo durante la etapa del postconflicto.

Como se ve, la discusión sobre el reajuste salarial para 2017 va mucho más allá del simplismo de las propuestas de entrada que harán sindicatos y patronos, así como del porcentaje de inflación que se tome como referencia, o las distintas evaluaciones sobre la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores y las no menos contradictorias proyecciones sobre la coyuntura económica y empresarial. 

Por lo mismo llamar a que las partes hagan todo lo posible, con realismo y sindéresis y, sobre todo, voluntad de concertación, para que el nuevo salario mínimo mensual sea producto de un acuerdo y no, como en los últimos años, de un decreto gubernamental en la última semana de diciembre, resulta un imperativo. Obviamente no será una meta fácil de cumplir y así lo han evidenciado las recientes declaraciones de voceros sindicales y gremiales, así como la postura cautelosa del Gobierno sobre el equilibrio que debe tener la negociación que hoy arranca. Sin embargo fijar por consenso ese incremento enviaría al país un mensaje claro de que unos y otros coinciden en la dirección que debe tomar la nación y su sistema productivo.