Tras el hundimiento de la Comisión de Aforados por el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto buena parte del componente judicial en la Reforma al Equilibrio de Poderes, muchos consideraron que se presentó una segunda oportunidad para que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sea eficiente y entregue los resultados que no ha producido en sus 24 años de vida. Sin embargo, la realidad es que al día de hoy no son muchos los cambios y se sigue insistiendo en la necesidad de una reforma de fondo.

En julio pasado, la Corte Constitucional tumbó la Comisión de Aforados Constitucionales que promovió el Gobierno nacional para suprimir la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, al determinar que “el régimen de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de altas cortes y del Fiscal General de la Nación contenido en esas disposiciones sustituyó el eje definitorio separación de poderes y autonomía e independencia judicial”.

La malograda Comisión de Aforados dio un salto adelante en comparación con la inoperante Comisión de Investigación de la Cámara, la cual no fue dotada con dientes suficientes por la Constitución para cumplir sus funciones y, tal vez, lo que ha sido más criticado es que sus integrantes tienen carácter político por ser congresistas, en lugar de magistrados como lo exige sus funciones.

Los cinco miembros de la Comisión de Aforados no serían congresistas y tendrían el carácter de magistrados.

Otro cambio importante que se quedó en el aire es que la acusación cuando se trataba de delitos, la Comisión de Aforados la presentaría a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se adelantara el juzgamiento; a diferencia de lo que hoy ocurre, pues la Comisión de Investigación presenta la acusación ante la Cámara para que esta a su vez la remita al Senado.

La  Comisión

Según un informe que preparó la Corporación Excelencia en la Justicia con corte al 2014, la Comisión de Investigación y Acusación durante 22 años recibió 3.496 demandas contra aforados constitucionales, procesos de los cuales solo llevó hasta su terminación 1.966, sin un solo fallo de fondo.

No obstante en noviembre pasado la Comisión de Investigación de la Cámara dio su primer gran resultado en sus 24 años de existencia, al acusar ante el Senado de la República y luego de un proceso de más de 8 meses al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por el delito de concusión.

Sin embargo pasado el ‘susto’ en la Comisión de Investigación por su eventual desaparición para dar paso a la fallida Comisión de Aforados, volvió a su actividad normal con las escasas herramientas y medios para tramitar las denuncias al Presidente de la República, los magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General de la Nación.

La representante  a la Cámara Angélica Lisbeth Lozano, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “renuncié (a la Comisión de Investigación) porque creo con certeza que ese sistema de investigación está diseñado para que no funcione. Propuse y trabajé mucho por la Comisión de Aforados, cuando la Corte la tumbó, decidí renunciar porque la Comisión de Acusaciones no puede hacer nada”.

La Parlamentaria del Partido Alianza Verde indicó que actualmente la Comisión de Investigación sigue “igual, ningún cambio de fondo”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Antioquia Germán Alcides Blanco Álvarez, integrante de esta célula legislativa, le dijo a este Diario que “presenté un proyecto de ley para modificar la Comisión de Investigación y Acusación. Se radicó en la Comisión Primera de Cámara hace mes y medio, entiendo que asignaron un ponente pero no ha pasado nada más”.

El Parlamentario explicó que esta iniciativa apunta a cuatro objetivos fundamentales: que todos los miembros de la Comisión sean como mínimo abogados para que haya un conocimiento previo de temas jurídicos; “la segunda que nos asignen presupuesto independiente, o sea autonomía presupuestal, porque la Comisión trabaja con las uñas y vive de lo que le quieran dar en el Presupuesto Nacional y en la administrativa de Cámara; y tercero que desde el punto de vista procedimental, nos permitan, por ejemplo, separar del cargo a un investigado cuando se encuentran los méritos para seguir con la investigación”. 

Sin embargo al mismo seno de esta Comisión no hay consenso acerca de este proyecto de ley. “Le hemos pedido al presidente de la Comisión, Nicolás Guerrero, que trate de presentar otro proyecto conjunto con lo que ellos piensen, que recojan el mío y también lo integren, pero no lo han hecho a la fecha”, explicó Blanco.