Tanto por la forma como por el fondo es inadmisible la postura asumida por el gobierno de Venezuela ante el anuncio de Colombia en torno a que iniciará conversaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el fin de suscribir un convenio que, en el marco de las políticas del posconflicto en nuestro país, permita mejorar el combate al crimen organizado e intercambiar información.

El propio presidente Juan Manuel Santos indicó días atrás, durante el saludo navideño a las tropas y ante la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, en la base castrense de Tolemaida, que esa Organización había aceptado el inicio de las tratativas con Colombia y que ello constituía un hecho de trascendental importancia para nuestro país.

“Radicamos la solicitud hace cerca de nueve años para hacer un convenio de cooperación, que es la máxima instancia que tiene la OTAN con países que no son miembros, para colaborar mutuamente. Y me entregaron la carta donde dice que Colombia ha sido aceptada para iniciar las conversaciones para esa cooperación”, afirmó el Mandatario, indicando que ese era un objetivo que tenía el país desde el anterior gobierno. 

Según el Jefe de Estado este paso constituye un reconocimiento al profesionalismo de la Fuerza Pública colombiana, cuya eficiencia le permite entablar convenios con un ente del estatus y nivel mundial de la OTAN, en donde están representadas varias de las mejores fuerzas militares de todo el planeta. El comandante de las FF.MM. de nuestro país, general Juan Pablo Rodríguez, opinó en la misma línea y explicó que el tratado de cooperación incluye temas sobre seguridad e intercambio de experiencias en la lucha contra los diferentes agentes generadores de violencia y el crimen transnacional.

Las relaciones entre Colombia y la OTAN no son nuevas. Incluso en agosto de este año, por ejemplo, se asociaron en una iniciativa para fortalecer la lucha anticorrupción en el sector Defensa. Por ello, esa Organización y el ministerio del ramo en nuestro país suscribieron el compromiso de Transparencia e Integridad institucional que formalizará el protocolo de buenas prácticas, en el marco de un acuerdo de cooperación.

Como se ve, ni este compromiso como tampoco el convenio de cooperación que se comenzará a analizar con la OTAN constituyen una amenaza para la seguridad regional, como lo indicara esta semana el gobierno venezolano en un polémico comunicado y luego lo ratificara el presidente Nicolás Maduro con su característico tono incendiario y lleno de exageraciones. Caracas y sus aliados políticos en el continente -los pocos que le quedan- deben entender que no se está planteando aquí que Colombia vaya a entrar a ser miembro pleno de la OTAN, ni mucho menos se enrute este convenio hacia una alianza de tipo militar e incluso con visos nucleares. Esos señalamientos son claramente delirantes. Como también lo son las afirmaciones en torno a que esta clase de convenios violan los principios y acuerdos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En modo alguno.

Todo lo contrario, el convenio se enmarca, como ya se dijo, dentro de la política de posconflicto en que Colombia está empeñada ahora que firmó un acuerdo de paz con la principal guerrilla e intenta arrancar una negociación con la segunda. Es claro que aun concretando dichos pactos, es necesario redoblar los esfuerzos contra otros actores generadores de violencia residuales como el narcotráfico, las bandas criminales emergentes y las redes de tráfico de armas y de precursores químicos, todos estos fenómenos con características típicas de delitos transnacionales. 

Además de lo ya explicado así como del respeto que debe exigir Colombia a su principio de soberanía y autodeterminación en materia de relaciones internacionales, los señalamientos de Caracas son inauditos, viniendo de un país que lleva años en una inusitada e incluso anacrónica carrera armamentista, que ha implicado hasta hipotecar parte de sus reservas petroleras a cambio de aviones de combate y otro tipo de arsenales rusos y chinos, todo ello mientras su población sufre una crisis política e institucional sin precedentes, a lo que se suma la quiebra del sistema económico y el grave desabastecimiento de alimentos, víveres y medicinas.