Habrá quienes piensen que en un país en el que un proyecto para la construcción y puesta en marcha de una refinería significó el daño fiscal más grande de toda su historia, equivalente a 2.879 millones de dólares, los sobornos por 11 millones de dólares que pagó la multinacional Odebrecht entre 2009 y 2014 para quedarse con varios contratos públicos no son tan graves. Sin embargo, sí lo son y el caso urge ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias y sus responsables judicializados drásticamente.

Como se sabe, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem aceptaron esta semana, tras un largo proceso ante el Departamento de Justicia norteamericano, pagar multas por 3.500 millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil por un sistemático pago de sobornos para hacerse a proyectos de construcción de la más distinta índole.

Según las pesquisas del Departamento de Justicia, Odebrecht -que pagará 2.600 millones de dólares- creó "un esquema gigantesco y sin paralelo" de sobornos por más de una década para hacerse a contratos públicos y privados en  países de África y especialmente de América Latina, empezando por Brasil pero extendiéndose luego a Venezuela, Perú, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia y Guatemala. Desde el 2001 Odebrecht -cuyo principal accionista Marcelo Odebrecht fue condenado meses atrás a 19 años de cárcel en Brasil- pagó unos 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en diversos países para garantizar la adjudicación de contratos, ya fuera de manera directa o por licitación.

El caso Odebrecht no era nuevo para Colombia. Desde que se descubrió que esa multinacional estaba implicada en un complejo sistema de coimas a través de la petrolera brasileña Petrobrás y la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) de ese país, incluyendo al propio expresidente Inácio Lula da Silva (hoy indagado al respecto), en nuestro país se prendieron las alarmas sobre la transparencia de los contratos en que esa empresa tiene participación directa o indirecta. Desde distintos sectores se alertó que había que seguirle la pista al desarrollo de los procesos judiciales tanto en Brasil como en Estados Unidos, en donde la compañía -que cotiza en la Bolsa de Nueva York- ya estaba bajo la lupa del Departamento de Justicia por el delito de "conspiración para violar" la legislación estadounidense contra sobornos.

Ahora que ese proceso en Estados Unidos terminó y que se conoció que en Colombia los sobornos habrían llegado a los 11 millones de dólares para obtener ganancias de más de 50 millones, hay que actuar con rapidez. Ya el Gobierno nacional advirtió desde el mismo miércoles que se pondrá la lupa sobre todos los contratos en que ha participado la multinacional de manera individual o como parte de consorcios o uniones temporales. Ayer mismo personal de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción realizó inspecciones en las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, Cormagdalena y las oficinas de la multinacional brasileña en brasileña en Bogotá. De paso, entidades de varias administraciones departamentales y municipales también anunciaron que remitirían toda la información sobre los procesos contractuales en donde esa compañía haya participado o esté haciéndolo. Incluso, ya se determinó que se acudirá a la ayuda del Departamento de Justicia estadounidense, ya que ante este la multinacional se comprometió a colaborar con los organismos de investigación de todos los países en donde se presentaron los sobornos con el fin de detallar cómo se llevaron a cabo las coimas y a quiénes se le entregaron. Por el momento son tres contratos los que están en la mira en Colombia, pero el rango de investigaciones seguramente se ampliará.

Es claro que tanto por los tratados y convenios internacionales que Colombia ha suscrito en materia de lucha contra la corrupción, sobre todo con la ONU y la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como por el propio Estatuto Anticorrupción y de Contratación Pública, el país está obligado no sólo a llegar al fondo de estos delitos, sino a vetar definitivamente que las empresas que participaron en los mismos puedan volver a hacer negocios con el Estado.

Así como Estados Unidos y Brasil han dado ejemplo de que no se tolerarán estas prácticas sistemáticas de soborno, Colombia, que al igual que muchos países iniciaron pesquisas ayer, no puede dejar que semejante caso de corrupción quede impune. Hay que sentar un antecedente y actuar ya.