* Es urgente frenar la reincidencia criminal
* Círculos viciosos que ‘mantienen’ este ilícito
Uno de los delitos de alto impacto con mayor incidencia en Colombia es, sin duda alguna, el robo de teléfonos celulares. De hecho, esta es una de las conductas penales que más peso tiene dentro del pico de inseguridad urbana que se ha presentado en los últimos meses, obligando a las autoridades a adoptar distintos planes de choque para hacerle frente, incluyendo hasta el acompañamiento miliar en algunos casos.
Lamentablemente a diario se reportan no pocos casos en donde por el robo de estos aparatos de comunicación los delincuentes no dudan en herir o incluso asesinar a sus víctimas. Muchas familias han perdido padres, madres, hijos, hermanos y otros allegados a manos de las bandas criminales que se han especializado en este tipo de hurto.
En entrevista dominical con este Diario el Director de la Policía Nacional daba cuenta de que, según el volumen de denuncias, en el país son hurtados en promedio 2.166 dispositivos móviles diariamente. Incluso, en lo corrido del año se han presentado unos 667 mil robos de teléfonos celulares.
Si bien las empresas que producen estos aparatos y las compañías operadoras han implementado múltiples mecanismos para tratar de bloquear e inutilizar al máximo el uso de los teléfonos reportados como hurtados o perdidos, las estructuras criminales se las han ingeniado para tratar de neutralizar esas medidas.
Se trata, como se ve, de un fenómeno ilegal bastante complejo que con el pasar de los años ha extendido sus ramificaciones a nivel internacional, creando organizaciones de tipo mafioso que tienen eslabones definidos para el hurto de los aparatos, su manipulación técnica para tratar de rehabilitarlos una vez han sido bloqueados, el envío al exterior para su comercialización en distintos países o incluso su venta, completa o por partes, en los mercados informales de muchas ciudades grandes, medianas y pequeñas.
Para las autoridades es claro que el negocio ilegal alrededor del robo de los celulares tiene algunas circunstancias que lo favorecen. De un lado, que pese a las múltiples campañas a nivel nacional, regional y local para que estos aparatos usados sean adquiridos en el comercio formal y legal, muchas personas continúan acudiendo al mercado negro. Es más, se ha generado una especie de círculo vicioso que solo beneficia a las mafias, ya que algunas víctimas en lugar de denunciar el hurto de que fueron objeto, que da lugar al bloqueo del teléfono, prefieren acudir a sitios de comercio informal y clandestino en busca de recuperarlo o incluso comprar uno usado a bajo precio, a sabiendas de su origen ilícito.
De igual manera es claro que dentro del fenómeno de la reincidencia criminal, que es una de las causas primarias de la inseguridad urbana, los capturados y procesados por robo de celulares son una parte importante. Se trata de delincuentes que suman múltiples entradas a la cárcel ya que los jueces, en aplicación de la legislación penal vigente, no tienen opción distinta a dejarlos en libertad condicional o darles casa por cárcel. Por lo mismo la ciudadanía se abstiene de denunciar los hurtos y todo el trabajo de Policía y Fiscalía para judicializar a este tipo de ladrones tiene un efecto insuficiente. Esta circunstancia es la que explica en parte el alto subregistro en las cifras de este delito.
De allí la importancia de que en el proyecto de ley sobre seguridad y convivencia que acaba de radicar el Gobierno en el Congreso, uno de los temas centrales sea, precisamente, el aumentar las penas por robo, estableciendo agravantes cuando se realiza con uso de armas y violencia. También se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal, de Policía y Penitenciario para restringir la posibilidad de excarcelaciones automáticas o en corto tiempo de los procesados por delitos como el hurto de celulares.
Es indudable, de otro lado, que la Policía, Fiscalía y otras autoridades han incrementado los operativos y judicializaciones contra esta tipología delincuencial. Este año, según el informe dominical, se han desmantelado 19 estructuras criminales, capturado a 9.775 sospechosos, incautado casi 20 mil teléfonos y recuperado más de 12 mil. A ello se suman centenares de intervenciones en negocios y comercios informales en donde se venden aparatos hurtados, dando lugar a procesos de extinción de dominio sobre inmuebles respectivos. También se trabaja no solo en detener a las bandas que hurtan los teléfonos en cualquiera de sus modalidades (atraco, raponazo, ‘cosquilleo’ o robo por ‘factor de oportunidad’) sino en desmantelar el resto de las estructuras y sus nexos con otros países, en donde hasta se aprovechan del diferencial cambiario para aumentar sus ganancias ilegales.
Acabar con este fenómeno criminal requiere, como se ve, una estrategia integral, en donde ciudadanía, autoridades, jueces, fiscales, Gobierno, Congreso, empresas productoras y operadoras tienen un rol que cumplir. Hoy se presentan dificultades en cada una de esas instancias y por eso este delito de alto impacto sigue generando tragedias a diario.