El exalto comisionado de paz Rodrigo Rivera manifestó que no es cierto que los programas de implementación de la paz estén desfinanciados, precisando que hay $120 billones para 15 años y que más bien el problema es de prioridades

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EL NUEVO SIGLO: El proximo 24 de noviembre se cumplen dos años de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón. ¿Cómo está la implementación?

RODRIGO RIVERA: La implementación del acuerdo tomará 15 años y el cumplimiento de alrededor de 550 compromisos.

Es un proceso que tiene su inercia, su dinámica y en gran medida eso explica que continúe a buen paso. Todo lo que sembramos en términos de normas e instituciones y asignaciones presupuestales se está cosechando ahora. El monitoreo del Instituto Kroc así lo registra en sus primeros informes, con corte a 12 y 18 meses de implementación.

El acuerdo comenzó a implementarse a un ritmo superior al promedio y luego continuó a un ritmo comparable al promedio. Tendremos que esperar el nuevo informe, con corte a noviembre de este año para saber qué está pasando realmente con la transición al nuevo gobierno.

Lo que esperamos es que el ritmo se mantenga, pero eso dependerá de la prioridad que el Presidente mismo le dé y lidere al interior del Estado porque es un camino nuevo, transformador, que vale la pena, pero erizado de obstáculos e intereses adversos.

ENS: ¿Cree, como dicen algunos sectores que el gobierno Duque está empezando poco a poco a hacer trizas el acuerdo de paz?

RR: No veo eso en las palabras del Presidente ni creo, además, que eso sea posible.

La bondad intrínseca del acuerdo es que logró resolver el problema de las Farc, empeño en el que no tuvimos éxito por más de 50 años. Es en el máximo interés del gobierno Duque que el acuerdo sea exitoso. ¿Se imagina usted teniendo el Gobierno qué lidiar con lo que resultaría de la implosión del acuerdo de paz? No. Al Gobierno le conviene construir sobre lo construido, mejorar lo mejorable y arreglar lo que no esté funcionando bien. Y aprovechar el éxito en la implementación para resolver de una vez por todas los problemas del Eln y del Clan del Golfo. Con eso solo, y la prioridad en la equidad e innovación que solo son compatibles con una paz exitosa con las Farc, el presidente Duque puede pasar a la historia.

ENS: ¿Cómo leer el hecho de que en el Senado se hubieran hundido esta semana, por determinación del Centro Democrático, el proyecto de las 16 curules para las víctimas?

RR: Como la primera gran demostración de que la gobernabilidad está haciendo agua. Y vendrá más, si el Presidente no corrige. Está bien que se busque transparencia en la relación con el Congreso, pero en democracia un Gobierno cuyo partido es mayoría en el Legislativo, solo es exitoso si logra una agenda concertada y un gabinete que refleje compromisos programáticos que salgan adelante en el Congreso.

Por cierto el primer tema que el Presidente puede sacar mayoritariamente en el Congreso es el de la cabal implementación del acuerdo de paz, pero le toca imponer su autoridad sobre los sectores más recalcitrantes de su partido, y dialogar y hacer compromisos con la oposición en torno a esa agenda que, repito, le permitiría pasar a la historia como un Presidente que resolvió los grandes temas pendientes de orden público (Eln y Clan del Golfo) y no como uno que dilapidó la oportunidad de oro que le ofrecía el acuerdo de paz.

ENS: ¿Cómo explicarle al país que las Farc, es decir los victimarios de la guerra, ya tienen curules en el Congreso y no las víctimas?

RR: Es inexplicable. Haber convertido a las víctimas en el nuevo centro de gravedad de los esfuerzos del Gobierno por la seguridad y la paz desde 2010, mucho antes del acuerdo de paz, nos permitió avanzar hacia mayor seguridad y, finalmente, hacia un acuerdo de paz digno y razonable.

El Estado construyó para sí un trono moral que lo hizo más eficaz enfrentando a los actores armados y que obligó a las Farc a negociar un acuerdo que no se reducía como los anteriores a un intercambio de impunidades. La cereza en el pastel era tanto la JEP como las circunscripciones de paz. Pero no nos digamos mentiras: las victimas siguen siendo el eslabón más débil de la cadena. Y necesitan un Presidente que las defienda a capa y espada, especialmente en el Congreso. Si eso no es así, los derechos de las víctimas tanto a la verdad, justicia y reparación como a la representación política en el Congreso, estarán seriamente comprometidas. Ese sería un punto central para esa agenda que solo funciona si es el propio Presidente cree en ella y la gestiona.

ENS: ¿Cómo ve el arranque de las Jurisdicción Especial de Paz? ¿Por qué a hoy no hay condenas de algún cabecilla?

RR: Bien. Va avanzando al ritmo que imponen los procedimientos y las garantías judiciales. En materia de justicia, aún transicional, lo de forma es lo de fondo. El debido proceso. Pero podemos estar seguros de que todos los cabecillas serán condenados y se les impondrán penas propias o alternativas o hasta cárcel por 20 años, porque eso fue lo que se negoció y a lo que están facultados los magistrados de la JEP. No habrá amnistías ni impunidad para lo imperdonable.

ENS: ¿Cuál es su opinión en el caso de ‘Jesús Santrich’? ¿Debe proceder su extradición o debe ser juzgado por la JEP?

RR: Debe operar el debido proceso. Que la JEP conceptúe, que luego lo haga la Corte Suprema y que, si ambas conceptúan favorablemente, el Presidente libremente decida.

No me gusta cierto tufillo que ha quedado de que la JEP estaría metiéndose en competencias que le incumben a la Corte. En esta materia la JEP se juega su prestigio. Y la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo. La JEP debe ser clara en explicar cómo su petición de pruebas no rebasa su competencia que se limita a establecer si los hechos por los que se pide la extradición supuestamente habrían ocurrido antes o después de la firma del acuerdo de paz.

ENS: El gobierno Duque sostiene que el gobierno Santos le dejó desfinanciada la política de posconflicto y que por eso hay muchos problemas en la implementación. ¿Cuál es su opinión?

RR: Que no es verdad. El gobierno Santos hizo todo lo que podía hacer para dejar ese tema resuelto. Apropió partidas, las ejecutó, ajustó instituciones, definió y acordó un horizonte de $120 billones para ejecutar durante los 15 años de implementación y lo hizo compatible con el marco fiscal de mediano y largo plazo.

Durante los primeros 20 meses de la implementación en ningún escenario –ni Congreso ni Gobierno ni instituciones del acuerdo ni sociedad civil– el tema de la financiación fue mencionado como un problema. El lío era la ejecución, no la financiación. Pero, claro, en el fondo es un problema de prioridades. Si algo no es prioritario la primera tentación de un funcionario es decir que no hay plata. Donde está tu tesoro está tu corazón.

Eln y agenda legislativa

ENS: ¿Qué opina de la congelación de la mesa de negociación entre el Gobierno y el Eln?  

RR: Me parece bien que el Presidente ponga presión por los secuestrados y el secuestro en general sin romper la mesa. Ojalá el Eln entienda que el tiempo de la violencia y el terrorismo se acabaron y responda al clamor de la sociedad civil y de la comunidad internacional con gestos unilaterales como sería abandonar el secuestro. Así lo hizo las Farc y eso le dio aire a la negociación. Pero es clave que el Presidente priorice como meta resolver el tema del Eln para que alcance a hacerlo en su gobierno. Es una meta posible, ambiciosa, pero no le cae a uno del cielo ni se logra por casualidad. Hay que acertar en poner presión por todos los frentes, también el internacional con Venezuela, donde veo que tenemos un retroceso que viene bien para los discursos y la galería pero no para presionar hacia la paz al Eln.

ENS: La izquierda, el partido Farc, el Polo dicen que con los cambios que se están proponiendo a la Ley de Víctimas, a la Ley de Restitución y a la JEP se está desmontando el acuerdo de paz. ¿Usted qué cree?

RR: El problema no es proponerlos sino sacarlos adelante. Y francamente no veo que tengan gobernabilidad para lograrlo. Mientras insistan en ese camino se van a topar con muchos líos en el Congreso. Esos sectores de oposición, en cambio, estarían listos sin mermelada para una agenda grande de implementación del acuerdo y avances en la reconciliación. ¿Le convendría al Presidente? ¡Por supuesto!

Los instrumentos del acuerdo para desarrollar el campo, ampliar la democracia, acabar con los cultivos ilícitos y desmontar los aparatos crimínales asociados a la ruralidad son cosas simples, higiénicas, de sentido común, que poderosos intereses crimínales y corruptos se han encargado de obstaculizar durante décadas y que el Presidente podría liderar.

ENS: ¿Qué responde a quienes dicen que el gobierno Santos se ganó la foto del acuerdo de paz y el Nobel, pero que el acuerdo que le dejaron al gobierno Duque está desordenado y a punto de incumplirse?

RR: Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El acuerdo de paz era altamente improbable, casi imposible, y se logró. En un país agobiado durante medio siglo por los peores carteles narcotraficantes del mundo, variedad de guerrillas y la más despiadada respuesta paramilitar, de lejos el mayor desafío eran las Farc. Y ya no existen. ¿Que hay problemas? Sí, pero mejores problemas que los que teníamos cuando esos 13.000 hombres y mujeres que hoy están en reincorporación solo tenían vida y energías para planear y consumar actos crimínales.

ENS: ¿De quién es la culpa del rebrote de las disidencias de las Farc, el fortalecimiento del Eln y las bandas criminales en las zonas dejadas por la Farc?

RR: Por principio no me gusta echarle al Gobierno la culpa de los crimínales, como hicieron con nosotros durante los últimos ocho años. Eso sirve para hacer política pero no es responsable.

Lo que sí debemos es apoyar al Gobierno para que los enfrente y pedirle cuentas por sus decisiones y resultados. Ahí es donde implementar el acuerdo de paz cabalmente tiene más sentido, porque nos permite avanzar como nunca antes en la seguridad de esas zonas. Pero eso se hace resolviendo los temas gruesos de Eln y Clan del Golfo (y el camino está servido), llevando desarrollo planes de desarrollo territorial, y democracia a esas zonas y concentrando el poder judicial y de las Fuerzas Armadas más poderosas de Latinoamérica contra los reductos de criminalidad que se atrevan a levantar cabeza en esas zonas. Es decir, eso no se hace solo aumentando el pie de fuerza mientras en los demás frentes el mensaje es ambiguo o incluso contradictorio.