Washington sanciona de nuevo al régimen de Maduro

Foto archivo Agence France Press
La administración Trump anunció un nuevo paquete de medidas contra tres ministros, embajadores y directores de diferentes entidad. El Secretario del Tesoro dijo que “Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados” mientras “sigan ignorando” el pueblo venezolano

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ESTADOS UNIDOS aumentó las presiones sobre el gobierno de Venezuela al anunciar un nuevo paquete de sanciones a funcionarios oficiales, en momentos en que el default de la economía venezolana parece una cuestión de tiempo.

El departamento del Tesoro anunció sanciones contra diez funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que Washington responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.

En un mensaje publicado en la red Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza acusó a Estados Unidos de "volver a sembrar desestabilización y violencia en nuestro país".

Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que "no es casual" que Washington anuncie nuevas sanciones en el mismo día en que el gobierno y la oposición venezolanas expresaron la disposición de retomar el diálogo político en República Dominicana.

Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.

Entre los sancionados también se encuentran dos miembros del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández y Carlos Quintero; el actual embajador de Venezuela ante Italia, Julián Rodríguez; el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Hidrobo Amoroso, y el titular de la Misión Transporte, el general Carlos Osorio.

"Vigorosos esfuerzos"

En una nota oficial, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, apuntó que "mientras el gobierno de Venezuela siga ignorando el deseo de su pueblo, nuestro mensaje es claro: EEUU no permanecerá de brazos cruzados".

Por ello, apuntó Mnuchin, el gobierno estadounidense mantendrá sus "vigorosos esfuerzos para sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que son cómplices" del presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos adoptó este año un extenso paquete de sanciones a altos funcionarios venezolanos.

Sin embargo, la medida de efecto más devastador fue adoptada el 25 de agosto, cuando mediante un decreto firmado por el presidente Donald Trump se prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses transar nuevos bonos soberanos y de la estatal petrolera PDVSA.

El viernes pasado, el gobierno de Venezuela citó a sus acreedores para el lunes 13 en Caracas a fin de iniciar una renegociación de la deuda del país.

Tres agencias de calificación de riesgo -Moody's, Fitch y Standard & Poor's- ya rebajaron sus notas de la deuda de la estatal petrolera PDVSA por considerar que una situación de cese de pagos es prácticamente inminente.

El rompecabezas

El gobierno de Trump anunció varias sanciones a funcionarios venezolanos este año, pero la más severa fue la adoptada en agosto, después de la instalación de la cuestionada Asamblea Constituyente en Venezuela.

Esas sanciones en la práctica bloquearon la posibilidad de inversiones extranjeras directas en Venezuela y al mismo tiempo cierran el camino al gobierno de Caracas para obtener el tan necesitado financiamiento externo.

Con limitada capacidad para obtener nuevas líneas de crédito, las reservas internacionales del país se redujeron drásticamente y con ello su capacidad de pago, empujando de esa forma a la economía venezolana en dirección a un default.

El empeño del gobierno venezolano de negociar el pago de su deuda encontró apoyo en Rusia, uno de los acreedores de Caracas, ya que Moscú aceptó discutir una renegociación de los vencimientos con su principal asociado en América Latina.

Nuevas negociaciones

El gobierno y la oposición de Venezuela retomarán negociaciones el próximo miércoles en República Dominicana, con facilitadores internacionales, para tratar la grave crisis del país y buscar garantías de cara a las elecciones presidenciales de 2018, anunciaron ambas partes.

"Queremos anunciarle a Venezuela que estamos listos para abordar un proceso de negociación y construir condiciones electorales para una salida democrática. La llave electoral resuelve la crisis humanitaria", dijo en rueda de prensa Florido, delegado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las conversaciones.

Florido aseguró que la fecha de la cita estaba por fijarse, pero Jorge Rodriguez, ministro de Comunicación y principal negociador del chavismo, aseveró que será el miércoles 15 de noviembre.

"Confirmo lo dicho por jefe de vocería de derecha @LuisFlorido (...). El diálogo continúa el 15NOV", escribió Rodríguez en Twitter.

Según Florido, facilitadores de Naciones Unidas, el Vaticano y un grupo de países seleccionados por cada bando estarán presentes.

"Chile, México y Paraguay han sido seleccionados por la MUD y Bolivia y Nicaragua por el gobierno", reveló el parlamentario opositor, al subrayar la "disposición" del presidente dominicano, Danilo Medina, de acoger "una negociación efectiva".

El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición han recorrido un espinoso camino de acercamientos fallidos desde que iniciaron, a finales de 2016, un diálogo que fracasó entre acusaciones de incumplimientos.

Presente en la rueda de prensa, el presidente del Parlamento, Julio Borges, afirmó que "la próxima cita electoral será en un tiempo corto", que estimó entre tres y siete meses.

La meta, señaló Borges, es "lograr una elección presidencial de confianza", donde "sea el pueblo venezolano el que tenga la última palabra", después de denuncias opositoras sobre irregularidades en los comicios regionales.

Las negociaciones en Dominicana se congelaron en septiembre en la víspera de esas votaciones, que dieron al gobierno el triunfo en 18 de 23 gobernaciones.

Para el 10 de diciembre la Asamblea Constituyente que rige con poderes absolutos desde agosto convocó a comicios de alcaldes. La mayoría de los partidos del bloque opositor declinó participar alegando desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. 

 

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