Todo un disparate la situación del país por estos días.

La histeria domina sectores de opinión en relación con el comienzo de las Farc en política, sin antes someterse a la justicia ni reparar a sus víctimas.

El ambiente jurídico está teñido de ilegalidad.

El clima social salpicado de incertidumbre por cuenta de quienes delinquieron y hoy van orondos a la política.

Una rara sensación de miedo e impotencia reina entre ciudadanos al saber que las Farc quieren la Presidencia, a secas, sin surtir los procesos judiciales relacionados con crímenes, secuestros, extorsiones, atentados terroristas y narcotráfico.

El país en su mayoría acepta que quienes entregaron las armas y abandonaron el combate puedan hacer camino a la política.

Lo que no avala la nación es que lo hagan sin antes haber purgado penas, ser juzgados, condenados y absueltos si es del caso.

Quien asesinó hombres y mujeres de bien, masacró poblaciones y atacó nuestra infraestructura, debe ir a prisión, ser juzgado y condenado.

Luego, tras cumplir penas por sus delitos, se les puede dar avales para que hagan proselitismo y busquen los votos para llegar al poder.

Lo que no cae nada bien es que la Justicia Especial de Paz se convierta en la alcahuete de quienes delinquieron atrozmente.

La Justicia de Paz no puede servir de vía libre para quienes sometieron el país por más de 50 años a un calvario.

La JEP no puede ser el escape de las Farc a todos sus graves delitos. El derecho internacional humanitario no puede ser burlado ni asaltado en su buena fe.

Hay una especie de asalto a la justicia ordinaria y un colchón de garantías en la JEP.

El acuerdo de paz en Cuba se firmó para que los ciudadanos lo refrendaran. Ganó el NO y luego se burló el referendo y se optó por la vía rápida del Congreso.

El Ejecutivo no quiso que finalmente prevaleciera el escrutinio del pueblo.

Ahora se presenta lo temido: un grupo de envalentonados miembros de las Farc con largas deudas con la justicia y la sociedad se presentan como aspirantes al Congreso y a la Jefatura del Estado pasando por alto el castigo a sus horribles crímenes.

Perdonar, claro que sí. Reparar, por supuesto. Socializar, entendible.

Sin embargo, es un feo y vergonzoso episodio para la comunidad: delinquir premia.

Inobjetable e innegociable: todo sujeto inmerso en investigaciones o asuntos criminales no debe hacer política ni trabajar con el Estado.

Si a los miembros de las Farc les permiten tener curules en Cámara y Senado a dedo, sin ganarse el voto en las urnas, sin previamente pasar por el rigor de la justicia, ¿qué credibilidad de paz y justicia hay?

Si además les permiten tener candidato presidencial en una actitud arrogante y humillante con las víctimas, ¿qué hay de la democracia?

Ni tienen la sensatez de cambiar horrible nombre de las Farc, recordado con horror por las víctimas. Dan a entender que se sienten orgullosos de lo que hicieron durante 50 años de drama y violencia.

Una rosa roja no quita la cicatriz.

Un disparate: Farc piden perdón, olvido y reconciliación. Y se molestan cuando les hablan de mandarlos a la cárcel. ¡Así de descarados!