- Deficiente focalización de subsidios
- Urge castigo penal a los tramposos
En un país que anualmente destina más de 70 billones de pesos a subsidios de la más diversa índole, es claro que una de las prioridades debe ser que esa cantidad de recursos esté llegando verdaderamente a las personas que por sus condiciones socio-económicas tienen derecho a recibirlos. Sin embargo, una de las grandes falencias de los programas de asistencia y apoyo a las personas con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas es, precisamente, que la focalización de los subsidios es todavía muy deficiente.
Unas veces ello tiene origen en la misma legislación vigente que permite esa clase de distorsiones, como es el caso de los subsidios a pensiones altas. En otras ocasiones, la anomalía se origina en evidente corrupción, como cuando se descubrió tiempo atrás la existencia de miles y miles de estudiantes “fantasma” que eran reportados por gobernaciones y alcaldías con el fin de recibir más recursos del situado fiscal central. Pero también están los casos en donde el problema de la focalización de los subsidios se da por una deficiente capacidad estatal para identificar clara y objetivamente a las personas que tienen derecho a recibirlos. El ejemplo más certero de esta última circunstancia es el Sistema de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales, más conocido por el Sisbén, mediante el cual, a través de un puntaje, se clasifica a la población de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas para determinar quién debe ser receptor de ayudas y quién no. No es una base de datos menor, todo lo contrario, hoy por hoy hacen parte de la misma más de 35 millones de colombianos. Con base en esa clasificación, por ejemplo, se puede constatar si determinada persona puede acceder a subsidios o beneficios como los otorgados a través de más de 20 programas, entre ellos Más Familias en Acción, Ser Pilo Paga, Régimen Subsidiado de Salud, comedores comunitarios, Adulto Mayor o Primera Infancia, entre otros.
Como es vox populi, desde su creación el gran problema del Sisbén ha sido la dificultad para identificar y excluir de las ayudas estatales a una gran cantidad de colados. Es decir, personas que, muchas veces en complicidad con funcionarios locales de las alcaldías, falsean la información sobre su tipo de ingreso, vivienda, bienes, nivel educativo, servicio de salud, empleo, personas a cargo y otros datos… Todo ello con la única intención de obtener puntajes bajos en la clasificación socio-económica, y por esa vía acceder a la mayor cantidad de subsidios y programas asistencialistas estatales. El último reporte del Departamento de Planeación Nacional al respecto, hablaba de que mientras en septiembre de 2015 había más de 650 mil registros irregulares en el sistema, en febrero de este año la cifra se ubicaba ya en 282 mil, tras una depuración de información a nivel nacional. Incluso se detectaron casos de personas que tenían ingresos por más de tres millones de pesos mensuales que disfrutaban de distintos subsidios, quitándoles el cupo a miles y miles de habitantes con altos niveles de vulnerabilidad social que no los recibían pese a tener derecho a ello.
Precisamente, en diciembre pasado el Congreso aprobó una ley para avanzar de forma más rápida en esa dirección y mejorar la focalización de los subsidios, incluso contemplando una sanción penal a los tramposos, que ojalá se aplique de manera ejemplarizante. Ese nuevo Sisbén IV ya está en marcha y se están realizando encuestas en más de 142 municipios. Según Planeación Nacional la metodología aplicada, con tecnología de punta, permitirá que el puntaje de cada persona sea más real y justo, sobre todo porque no solo llevará a medir el estándar de vida de cada quién sino también su nivel de ingresos. La identificación de cada beneficiario será más segura, rápida y consistente, por cuanto se cruzará con 25 bases de datos distintas para certificar si lo que dijo es cierto o no. No es un esfuerzo menor toda vez que la meta es realizar 11,5 millones de encuestas para lograr la caracterización socio-económica de más de 40 millones de colombianos.
Lo importante es que este nuevo Sisbén, el IV, esté completo, a más tardar, en 2019. Además de la corrupción y el desgreño administrativo, la incapacidad del Estado para disminuir de forma más certera la pobreza y la desigualdad también tiene su origen en la deficiente focalización de los subsidios y ayudas sociales, falencia que año tras año le cuesta millonarias sumas al erario. Tras muchas reformas parciales y de poco alcance a este sistema, ojalá que la actual sea la última y definitiva por su eficacia y capacidad depuradora.
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