Los malos manejos son la nota predominante en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Montería, Sucre, La Guajira y San Andrés.

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Un preocupante panorama de malos manejos de los recursos públicos en los 8 departamentos que conforman la Región Caribe, encontró la Contraloría General al rendir cuentas de su gestión, en audiencias públicas realizadas de forma simultánea en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha y San Andrés.

Varios de los hallazgos y procesos fiscales que ha detectado y tramita la Contraloría General de la República (CGR) han  sido de impacto nacional: Electricaribe, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los Carteles de la Hemofilia y de los Enfermos Mentales, entre otros. Pero también aparecen irregularidades que se han descubierto por las fallidas sedes de la ESAP en Santa Marta y de la Corporación Ambiental Coralina, en San Andrés, o los sobrecostos que se dieron en la compra de predios para poner el Sistema de Transporte Masivo Transcaribe, entre muchos casos.

Atlántico

En el caso del Atlántico, se destacan 2 procesos de responsabilidad fiscal quese abrieron a Electrocaribe, uno por 6.078 millones de pesos (ejecución ineficiente de contratos Prone y FAER) y otro por 2.771 millones de pesos (incumplimiento del contrato para ejecutar el Proyecto de Normalización “Tiquisio Segunda Etapa”, en el municipio bolivarense del mismo nombre).

Un proceso relevante es el que se le abrió, por 3.355 millones de pesos, a 3 exdirectores de la Aerocivil (Juan Carlos Vélez, Ernesto Huertas y Fernando Sanclemente), por hechos relacionados con la reversión de los bienes entregados en concesión por la Aerocivil al Concesionario del Aeropuerto de Barranquilla (ACSA).

En este caso, la pista de ese terminal aéreo fue devuelta al estado en condiciones de servicios inferiores a las que tenía al momento de su entrega (en 1997).

En cuanto al PAE, se destaca la apertura de 6 procesos de responsabilidad, por un daño patrimonial que suma 2.258 millones de pesos: 2 en el municipio de Soledad (que totalizan 1.703 millones de pesos) y 4 en el municipio de Malambo (por 554 millones de pesos).

Vale destacar que, en el ejercicio del control fiscal que desarrolló en el primer semestre de 2017, en el departamento del Atlántico, la CGR detectó hallazgos fiscales por 99.123 millones de pesos.

Y en una Actuación Especial que se adelantó a la Central Gecelca 3, ubicada en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), se determinó un hallazgo fiscal por 97.602 millones de pesos, debido al lucro cesante ocasionado por los incumplimientos en que incurrió el contratista chino Consorcio CUC-DTC, China United Corporation y Dongfang Turbine Co. Lda., durante la ejecución de las obras de ingeniería en esta planta térmica.

Bolívar

Procesos de responsabilidad fiscal por 287.961 millones de pesos, adelanta la Contraloría General a través de su Gerencia en el Departamento de Bolívar. Durante el último año ha iniciado 84 procesos cuya cuantía asciende  a más de 41.000 millones de pesos.

Entre los procesos de mayor relevancia en curso se encuentra el  relacionado con Transcribe, por un presunto sobrecosto en  la adquisición de predios para la construcción de las vías y andenes del Sistema de Transporte Masivo por valor de 32.870 millones de pesos.

También está el posible sobrecosto del emisario submarino en le ciudad de Cartagena, por un monto de 19.000 millones de pesos; e igualmente un proceso por más de 24.000 millones de pesos contra la Aerocivil para el cumplimiento de la acción popular por la compra de predios aledaños al aeropuerto Rafael Núñez sin que hasta la fecha se hayan pagado la totalidad de las obligaciones impuestas, entre otros.

Al Distrito de Cartagena se le adelantaron actuaciones especiales encontrando varios hallazgos fiscales, uno de ellos por 2.637 millones de pesos en el Contrato No. 6-041172 de 2014, suscrito con Consorcio Vial Urbano, cuyo objeto fue la Construcción y Rehabilitación de Vías en la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias. La firma contratista, no ejecutó a cabalidad sus obligaciones contenidas en el contrato dejando obras que no prestan ninguna utilidad.

Magdalena

La CGR busca determinar responsabilidades fiscales por daño patrimoniales que afectan a entidades como el Distrito de Santa Marta, el Departamento del Magdalena, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el municipio de San Zenón. Esto en los casos más cuantiosos, que suman posibles detrimentos por más de 17.000 millones de pesos, de los cuales 4.521 millones de pesos corresponden a un tema relacionado con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

En este caso de la ESAP, el presunto hecho irregular tiene que ver con la ejecución de un convenio interadministrativo para la construcción de la sede de esta entidad en Santa Marta.

En la ejecución del convenio se prestaron las siguientes situaciones evidenciadas en las visitas realizadas a las obras por la Contraloría General de la República:

*Deficiencias en la estructura de la obra e incumplimientos al reglamento de construcciones sismoresistentes, NSR 2010, que conlleva a que después de 4 años de ejecución del contrato, las obras no hayan sido concluidas.

*El proyecto no ha sido recibido por la ESAP, no obstante la interventoría de obra contratada por FONADE, recibió la obra mediante acta del 12 de diciembre de 2014.

Las irregularidades encontradas se cuantifican por el valor del contrato de obra (4.140 millones de pesos), debido a que aparentemente toda la estructura de contrapiso presenta fallas que no han permitido la terminación del proyecto con la oportunidad que se requería para la prestación del servicio a la comunidad educativa; y de otra parte, en cuantía de 381,5 millones de pesos por concepto del contrato de interventoría al recibir la obra con las deficiencias técnicas mencionadas, para un total de 4.521 millones de pesos.

Cesar

El Cesar ha sido unos de los departamentos de la Costa donde la CGR ha adelantado varias acciones para salvaguardar los recursos públicos del Programa de Alimentación Escolar (PAE):

Por irregularidades que ha detectado en este tema, el organismo de control ha abierto en este departamento 13 procesos de responsabilidad fiscal por una suma total de 8.518 millones de pesos, que involucran como presuntos responsables a más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas, entre quienes están el gobernador del Cesar,  Francisco Fernando Ovalle, y el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez.

El gobernador está vinculado a un proceso donde se investiga un detrimento patrimonial de 2.451 millones de pesos y el alcalde a un proceso por más de 740 millones de pesos; y ambos casos se investiga a la Fundación Acción Social Integral (ACSI).

También son investigados el exgobernador Luis Alberto Monsalve; el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo; y el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero (en 2 procesos).

Igualmente: el secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo (en 5 procesos); el secretario general del departamento, Jaime Luis Fuentes (en 3 procesos); el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga; el secretario de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute (en 2 procesos); y el exsecretario de Educación Municipal de La Jagua de Ibirico, Daniel Emilio Argote.

Además, el exsecretario de Educación de Codazzi, Raúl Casimiro Bermúdez (en 2 procesos); el exjefe de Planeación del municipio de Gamarra, Álvaro Alberto Clavijo; y el funcionario de la Gobernación del Cesar, Octavio Lafont, en su calidad de supervisor de 3 contratos (y vinculado en igual número de procesos).

Contratistas investigados

Y entre los contratistas están vinculados la Fundación Kabala (en 2 procesos), la Asociación de Manipuladores del Cesar (en 4 procesos), la Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y Asistencia a la Comunicad (Sysdac), la Corporación Gestión del Recurso Social Humano (GERS) y la Fundación ACSI, antes Kabala (en 4 procesos).

También la Corporación Corazón País (en 2 procesos), la Fundación de Programas de Prevención Nutrición Provenir, la Fundación Proveer Nuevo Milenio y la Corporación Comunitaria para Apoyo Nutricional de Niños y Niñas.

Córdoba

Procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía total de 90.000 millones de pesos, adelanta actualmente la Contraloría General de la República en el departamento de Córdoba.

Dentro de estos procesos se destacan los que se abrieron contra el exgobernador Alejandro Lyons, por 3.626 millones de pesos, y el actual gobernador Edwin Besaile, por 1.525 millones de pesos.

El primero por las irregularidades evidenciadas en los pagos efectuados por la Gobernación del departamento durante la vigencia 2015, a favor de diferentes IPS de la región, por supuestos tratamientos y terapias basadas en neurodesarrollo.

Y el segundo por los mismos hechos que en su momento dieron origen al denominado Cartel de la Hemofilia, dado que la Gobernación pagó un saldo  a la IPS San José de la Sabana S.A.S. que le adeudaba la administración anterior, a pesar de que ya era de conocimiento público que dicha empresa había aparecido involucrada en los hechos inicialmente investigados.

Vale resaltar que la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Córdoba abrió proceso de responsabilidad fiscal por 4.700 millones de pesos en relación a las irregularidades presentadas en la construcción y adecuación del Coliseo Miguel Happy Lora. El proceso fue declarado de impacto nacional por el Contralor Edgardo Maya Villazón y quedó a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

Más investigaciones en curso

Otro proceso relevante que adelanta la CGR en Córdoba, por 4.158 millones de pesos, donde la entidad afectada es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), tiene que ver con el no funcionamiento y total deterioro de las Plantas de Tratamiento Residuales PTAR contratadas para los municipios de Puerto Libertador, San Bernardo del Viento y Ayapel (contrato de obra No. 029 del 29 de octubre de 2010).

También se adelanta un proceso por 2.524 millones de pesos, que se originó en presuntas irregularidades presentadas en el Instituto de Seguros Sociales –Seccional Córdoba, por concepto de recaudo de remanentes financieros.

El siguiente proceso significativo, por 2.497 millones de pesos, y relacionado otra vez con la CVS, se da por la ineficiente e ineficaz inversión realizada en el Proyecto de Construcción de la Primera Etapa del Relleno Sanitario, en el Corregimiento de Canta Gallo, en el municipio de Ciénaga de Oro.

En este caso, el presunto menoscabo del erario público se da por el valor del anticipo ya pagado y recibido.

Procesos por irregularidades en el PAE

Los procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del PAE en Córdoba, suman 1.424 millones de pesos: 4 en Sahagún (por 745 millones de pesos), 3 en Lorica (por casi 444 millones de pesos) y 2 en Cerete (por 235 millones de pesos).

Sucre

La Gerencia de la Contraloría General en el departamento de Sucre, avanza en una indagación preliminar  por supuestos  niños fantasmas detectados  en auditoria al Instituto de Bienestar Familiar, en la cual se establecieron 28 hallazgos fiscales por cuantía de más de 564 millones de pesos y 30 hallazgos disciplinarios.

Esta indagación preliminar tiene como propósito establecer la posible incidencia fiscal de un hallazgo en donde hay contratos en los que se cancelaron cupos a las Entidades Administradoras del Servicio por  6.678 niños presuntamente inexistentes.

Usuarios beneficiarios de Aportes y se encuentran en el SIMAT

Realizando cruce de información entre la base de datos del aplicativo Cuéntame del ICBF donde se encuentran todos los beneficiarios atendidos por las distintas Entidades Administradoras del Servicios, y la base de datos del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT certificada por la Secretaría de Educación, se establecieron coincidencias que permitieron determinar que hay centenares niños registrados como beneficiarios de Contrato de Aportes que se encontraban matriculados en instituciones oficiales del Departamento de Sucre en la vigencia 2016.

El Caso del Cartel de Enfermos Mentales

Por este tema, en Sucre la CGR dio apertura a un total de 12 procesos de responsabilidad fiscal por más de 4.800 millones de pesos. El exgobernador de Sucre, Julio César Guerra, está involucrado en uno de los procesos.

El “Cartel de los Enfermos Mentales” se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.

A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago, que después fueron suscritas y pagadas por el mismo gobernador Guerra.

La Guajira

Procesos de responsabilidad fiscal por más de 175.000 millones de pesos adelanta la Contraloría General de la República en La Guajira.

En total son 306 procesos, de los cuales 16 corresponden al PAE, por valor de 20.500 millones de pesos.

Entre los contratos de PAE investigados, se encuentra el suscrito por la gobernación de La Guajira en el  año de 2015 para suministro de complementos alimentarios  a estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media de los quince  municipios del Departamento y el que se determinaron sobrecostos en valor de las raciones contratadas.

Igualmente se adelanta un proceso por un contrato firmado por la Gobernación de La Guajira en el año 2014 y en el que se evidenciaron sobre en el complemento de los desayunos y almuerzos para los escolares.

También se encuentra en curso proceso por cuantía de más de 1.712 millones de pesos, por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra No. 002 de 2013, suscrito para la construcción de un sistema de acueducto y alcantarillado sanitario para el barrio Villa Sara del municipio de Manaure.

San Andrés

Un proceso de responsabilidad fiscal por 3.697 millones de pesos adelanta la Contraloría General de la República en San Andrés, por las irregularidades presentadas en la construcción de la nueva sede de la Corporación Ambiental Coralina.

Coralina celebro convenio con Fonade, para la construcción de una nueva sede en diciembre de 2005, sin que a la fecha se haya entregado dicha obra y se haya puesto en funcionamiento, con el agravante de que, según estudio patológico, la obra se debe demoler en su totalidad ya que resulta inservible.

Otro proceso de responsabilidad fiscal relevante, por 1.799 millones de pesos, está relacionado con la ejecución del contrato No. 100 de 2008, suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Unión Temporal Seis Nacional 2008.

Según lo establecido por la Contraloría, existen evidencias según las cuales el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) Subsistema 123 y CCTV fue instalado en la isla de Providencia, pero pese a ello no se encuentra en funcionamiento en la actualidad.

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