“Tres cargas sociales con angustia ciudadana”     

                                                                                                                                                                                                         El Gobierno Nacional, en cierre de vigencia legislativa, está obligado a cumplir a fondo las exigencias sociales que acosan a la población en distintos órdenes.

En transición para sus 8 meses restantes, se espera que deje despejada y en funcionamiento la plataforma de salud EPS.

La inquietud de la gente, se agita alrededor de reclamos para recibir con eficiencia atención de Medimás, un rastro no muy lejano de las disueltas Saludcoop y Cafesalud, deplorables episodios para no revivir en el país.

Un plan provisional, al menos, solucionaría la situación de  Medimás, centro de investigaciones a cargo de Procuraduría y Contraloría, para hacer claridad sobre su constitución, socios, sistema de funcionamiento y pagos.

Si el fallo estatal dice que esa institución puede continuar, entonces que sea al máximo de su capacidad; son miles de personas las que demandan atención hace meses, con graves dolencias y cirugías  requeridas.

De igual forma el compromiso económico no da espera. El Gobierno saliente debe armonizar con la EPS la amortización de deudas a clínicas y entidades IPS para solucionar la problemática.

De lo contrario, se avizora choque entre los gobiernos saliente y entrante sobre el sistema de salud. El equipo que inicie en agosto requerirá plazos para implementar lo previsto.

Se tipifica así otro cuadro más de improvisación, con supuesta disculpa por el cambio de gobierno y finalmente los usuarios serán los afectados.

Otra prioridad para enfrentar con luces de emergencia es la delincuencia urbana que sacude a Bogotá, capitales departamentales, municipios medianos y poblaciones pequeñas. 

El incremento en violencia interpersonal, según Medicina Legal, pasó en asesinatos en  lo corrido de 2017, de 44 a 67 por ciento en hombres; y de 24 a 40 por ciento en mujeres; las cifras muestran igual tendencia en distintas formas de delitos.

No pasa inadvertida la acción de la Policía, en prevención y atención de situaciones, para protección ciudadana. Sin embargo, es un esfuerzo que requiere tecnología y equipos para desplazamiento por tierra y aire, ante crecimientos urbanos en todo el país.

Y la tercera exigencia es la migración de venezolanos; se considera una carga social porque ha comenzado a generar nudos de conflicto entre esa población desplazada y los habitantes de varias regiones.

Es tragedia de refugiados, con hombres, mujeres, población adolescente y familias con menores en brazos. Esta protección humanitaria es válida y meritoria. Y mejor será si se hace organizadamente.  

Son prioridades que no puede pasar por alto el Gobierno, que se observa más preparando su salida, en lugar de un efectivo cierre social, donde está la gente.

El país no puede enfrascarse en justicia anticorrupción ni, tampoco, el Gobierno limando asperezas del acuerdo de paz, enredado en el Congreso, con cara de saboteo.