Para un grupo de congresistas, el Gobierno quiere usar el fast track para afectar a los sujetos priorizados por el acuerdo de La Habana.

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Retirar dos proyectos de ley por considerarlos regresivos, con vicios en la forma como han sido tramitados y con falta de conexidad con el acuerdo de La Habana, le pidió un  grupo de congresistas a los ministros del Interior y Agricultura.

En una carta dirigida a los ministros Guillermo Rivera y Juan Guillermo Zuluaga por los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda (Polo Democrático) y Jorge Prieto (Alianza Verde), así como por los representantes Ángela Robledo (Alianza Verde), Alirio Uribe y Víctor Correa (Polo Democrático) y Judith Maldonado y Pablo Cruz (Voces de Paz) se pide el retiro de los proyectos de ley de Innovación Agropecuaria y Adecuación de Tierras, dadas las preocupaciones que los contenidos de ambas iniciativas generan en torno a la protección de las comunidades rurales y las garantías de sus derechos.

Se trata de los proyectos 04 de 2017 Cámara – 008 de 2017 Senado (que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, eliminando la gratuidad del servicio público de extensión agropecuaria, hoy solamente reconocido como asistencia técnica, al implementar una ‘Tasa del Servicio Público de Extensión Agropecuaria’) y 05 de 2017 Cámara – 009 de 2017 Senado (que regula el servicio público de adecuación de tierras remplaza los usuarios actuales por usuarios de grandes capitales privados y origen extranjero).

Los congresistas alegan que ambos proyectos no fueron debidamente tramitados en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) y en sus desarrollos excluyen de la participación a las comunidades priorizadas por el acuerdo de La Habana.

Entre los puntos problemáticos planteados por los congresistas encontraron que el proyecto 04/008 “encontramos la eliminación de la gratuidad del servicio público de extensión agropecuaria, hoy solamente reconocido como asistencia técnica, al implementar una ‘Tasa del Servicio Público de Extensión Agropecuaria’, sumándole a ello un ‘Subsidio a la tarifa de la tasa por la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria’ de carácter diferencial, decreciente y finito; o la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y sus respectivos subsistemas, que no garantiza una participación efectiva de las comunidades rurales, tanto más cuanto las mismas no cuentan con lugares en las instancias de decisión del Sistema, ni participan o inciden en la formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario (Pectia), documento que orienta el conjunto de la política pública del sector”.

Sobre la iniciativa 05/009, para los legisladores “este proyecto incentiva el remplazo de los usuarios actuales por otros que, a raíz de su capacidad económica desplazarán a los propietarios tradicionales, incentivando la presencia de grandes capitales privados, en especial de origen extranjero; así como en el aspecto tarifario en el que no se definen criterios o mecanismos que aseguren la progresividad del servicio público, relacionados con los ingresos y algún tipo de estratificación del usuario, que tengan por objeto beneficiar a los sectores más vulnerables”.

Los congresistas manifestaron que “estas dos iniciativas fueron radicadas en el Congreso sin que existiera un consenso en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi), instancia creada para ‘constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el presidente de la República o presentados ante el Congreso, según sea el caso’, tal y como lo indica el punto 6.1.1 del Acuerdo Final de Paz”.

“Instamos entonces a los jefes de las carteras de Agricultura e Interior a que consideren la pertinencia de esta solicitud, retiren estos proyectos de su trámite legislativo y abran espacios de diálogo democrático y participativo alrededor de las iniciativas legislativas que se requieren para reglamentar los servicios de asistencia técnica y adecuación de tierras, con el fin de garantizar los derechos de campesinas, campesinos y comunidades rurales en general, quienes han sido las mayores víctimas del conflicto y deben ser la piedra angular de la implementación de estos acuerdos”, escribieron los congresistas.

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