Legisladores destacan que es un derecho y una garantía en un proceso penal

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El Congreso decidió aprobar el proyecto de ley que establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas y se consagra la doble instancia, así como el término de caducidad.

Asimismo en la plenaria del Senado se dio el visto bueno para crear nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia para garantizar la doble instancia para aforados constitucionales. Para el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la aprobación de estos proyectos significa un gran paso en materia de derecho constitucional.

El proyecto de ley de doble instancia que pasa a sanción presidencial fue radicado por el Ministerio de Justicia y del Derecho el pasado 2 de mayo y tiene como objetivo principal adaptar el ordenamiento jurídico colombiano a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establecen este mecanismo como una garantía judicial para todas las personas.

Actualmente los procesos de pérdida de investidura de los congresistas los conoce en única instancia el Consejo de Estado. La nueva ley permite una división orgánica al interior del alto tribunal, de modo que se crea una sala para tramitar estos casos en primera instancia y, en segunda, irían a la Sala Plena.

El Ministro Gil Botero aseguró que esta garantía no debe entenderse como una dádiva para los congresistas, puesto que no existe justificación para que senadores y representantes estén por fuera del ámbito de protección de la Constitución en esta materia.

“Es una gran valía tener doble instancia. Esto no es un regalo, es un derecho y una garantía. La doble instancia no sólo es un derecho constitucional sino que es un principio. Debemos aplicarlo en materia de pérdida de investidura para congresistas. Esto es parte de un requerimiento de las instancias internacionales y de la misma Constitución", indicó el jefe de la cartera de Justicia.

Por su parte, con  el proyecto de Acto Legislativo 013 de 2017, se espera que se logre implementar el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria para aforados. Este proyecto indica que tanto las subsalas de Instrucción y Primera Instancia estarán conformadas cada una por tres magistrados, quienes podrán conocer de los procesos penales mas no tendrán competencia sobre asuntos administrativos.

Además propone que los aforados constitucionales y los congresistas que hacen parte de indagaciones penales puedan ser investigados por la nueva Subsala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La tarea de esta Subsala básicamente consistirá en acusar a los investigados ante otro nuevo organismo: la Subsala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Las decisiones de esta última podrán ser apeladas. Si es así, el proceso pasaría a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, único organismo que decide en segunda instancia.

El Ministro de Justicia reiteró que esta iniciativa refuerza la garantía constitucional y respeta el derecho a la igualdad, cumpliendo de este modo con la exigencia legal, constitucional y convencional de una segunda instancia en los procesos jurisdiccionales.