- El “no se puede” como consigna electoral
- Avanza reforma tributaria de Donald Trump
Mientras en el resto del mundo los gobiernos adoptan políticas de rebajas tributarias a fin de robustecer la inversión, mejorar las condiciones del empleo y reorientar el gasto público, en Colombia algunos economistas se resisten a ello y proponen mantener el espíritu alcabalero de los últimos tiempos. No solo atacan, por ejemplo, la propuesta de Germán Vargas Lleras, cuyo aspecto central es el equilibrio y la racionalización de las cargas correspondientes, sino que se atreven a tildar de “irresponsable” todo lo que signifique ajustar el derroche estatal y modificar las perspectivas que han llevado, de una parte, a un éxodo de contribuyentes del país y, de otra, a subir el IVA a los más altos estándares, afectando la capacidad de consumo y la calidad de vida de la población en general.
No se trata, desde luego, de entrar en las aguas cenagosas del populismo por medio de lo cual se logren réditos políticos inmediatistas a cambio de incordiar el ya alrevesado panorama fiscal hacia el futuro. Pero sí de cambiar la actual política al respecto que ha llevado a que Colombia presente una de las mayores cargas tributarias del mundo sobre la empresa privada, con una tarifa cercana al 70 por ciento, espantando tanto a los inversionistas nacionales como a los extranjeros, reventando a su vez las bases de la seguridad jurídica y el clima en que se desenvuelve el aparato productivo. Con un agravante: pese a la ingente cantidad de recursos que ha logrado acopiar el Estado a raíz de las últimas reformas fiscalistas, del mismo modo ha fracasado estruendosamente en lograr una redistribución del ingreso acorde con las necesidades de equilibrar las desigualdades sociales, especialmente evidentes en el bache existente entre el sector urbano y el rural, motivo primordial de los malos resultados colombianos del índice de Gini. De modo que el problema es doble: de un lado el desequilibrio en las cargas fiscales y del otro la rampante ineficacia para cumplir los cometidos del Estado social de derecho.
El país requiere un enfoque claro hacia el futuro que signifique, primordialmente, para la gente y en especial para la juventud, aprovechar las oportunidades del progreso. Para ello resulta fundamental dar respuesta a los jóvenes, cuyo número hoy configura casi la mitad de la nación. Y en ese sentido es obviamente motivo de hondo reproche que se recorten las inversiones sobre la ciencia y la tecnología. Tampoco es claro que un programa como “ser pilo paga” fomente, con dineros del Estado, la reforma acelerada que se requiere en la educación superior a fin de que se siga ensanchando la clase media como motor de la economía, cuando lo que se necesita es una elevación generalizada de todo el sistema y no apenas unas becas.
Muchos, desde luego, son los aspectos a través de los cuales el Estado podría generar una mayor cantidad de recursos. Uno de ellos, por ejemplo, está en ponerle coto a la minería criminal y derivar las tarifas respectivas. Se sabe que bastante más de la mitad de la industria extractiva en el país, no paga absolutamente nada y en una altísima proporción es manejada por la delincuencia. No solamente hay allí un atentado y una actividad en ascenso contra el medio ambiente, ante la más gravosa negligencia estatal, sino que se esfuma la posibilidad de conseguir una gigantesca financiación para el presupuesto nacional. Igual ocurre con la propiedad de la tierra, solo formalizada en un 42 por ciento de títulos como si se estuviera en la Colonia, es decir, que la gran mayoría de poseedores viven de antemano exentos y ajenos al sistema fiscal. Lo mismo sucede con el contrabando, en general, pero en especial con el de madera, otra fuente jugosa de la criminalidad. Son solo tres aspectos donde la ineficacia del Estado pasa factura a los colombianos, como si fuera poco demandando al mismo tiempo más gasto en algunas entidades innecesarias o parasitarias.
Esta semana, el Senado de los Estados Unidos entrará a votar la reforma de Donald Trump, aprobada hace ocho días en la Cámara y que rebaja considerablemente las tasas tributarias para fomentar el retorno de capitales y adelantar la revolución de la infraestructura. De igual manera, Emanuel Macron produce en Francia los ajustes fiscales y laborales prometidos. En Colombia, es posible hacer lo mismo, sin recostarse en la deuda y templando al Estado allí donde evade totalmente sus responsabilidades. Lo que resulta inaceptable, en todo caso, es seguir camuflando las deficiencias estatales a través del desenfoque alcabalero de algunos.