El poder de veto que otorgó la Corte Constitucional a las entidades territoriales para el desarrollo de trámites ambientales para construcción de obras de infraestructura, frenó la competitividad del país frente a otras naciones según el Doing Bussines del Banco Mundial.

Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el informe Doing Business 2017-2018 mostró que el país retrocedió en su posición en el escalafón de facilidad para hacer negocios, cayendo del lugar 53 en 2016 al 59 en 2017, entre 190 países.

De hecho, explica el documento, la evaluación desagregada del último año resultó bastante negativa, en la medida en que 8 de las 10 áreas regulatorias presentaron deterioros.

Los casos de cumplimiento de contratos, pago de impuestos y comercio transfronterizo fueron los más críticos del reporte, donde la posición relativa continúa siendo de gran rezago, aun frente a nuestros pares de la Alianza del Pacífico.

En estas áreas es donde deberían concentrarse los esfuerzos de política pública de los próximos años, advierte el Centro de Pensamiento Económico.

Ojalá que la eventual vinculación a la OCDE nos sirva para dejar de repetir diagnósticos y se cree una gran fuerza de choque (task-force) para actuar en la solución de estos conocidos problemas, señala ANIF

Deterioro

En esta ocasión, no se mejoró en la calificación de ninguno de los rubros evaluados. Aunque, se permaneció estable en la obtención de crédito y la resolución de insolvencia.

La caída más pronunciada de Colombia se observó en el área de manejos de permisos de construcción, bajando 47 puestos en 2017 para ubicarse en el puesto 81, donde aspectos como la tramitación de estudios, consultas y licencias ambientales son ahora más onerosos.

Por ejemplo, en dichos trámites ambientales no solo se deben cumplir los requerimientos de las licencias-ANLA, sino aquellos referentes a entidades regionales, las cuales ahora adquirieron “poder de veto” por cuenta de la Corte Constitucional.

Una segunda área de deterioro tuvo que ver con la apertura de empresas, pasando del puesto 61 en 2016 al 96 en 2017, la cual estuvo asociada a los mayores procedimientos para crear empresas.

En Colombia son necesarios 8 procedimientos para abrir una empresa, mientras que en Chile son solo 6 y en Perú 5. Por su parte, los indicadores de obtención de electricidad y registro de propiedades tuvieron caídas de siete posiciones. Mientras que en las áreas de protección inversionista, pago de impuestos, comercio transfronterizo y cumplimientos de contratos se presentaron deterioros más bien marginales.

Entre tanto, los rubros de manejo de obtención de crédito y resolución de insolvencia mantuvieron sus ranquin.

Las áreas más críticas dentro del reporte estuvieron en el cumplimiento de contratos, el pago de impuestos y el comercio transfronterizo. En el cumplimiento de contratos, Colombia se ubicó en el puesto 177, perdiendo 3 puestos frente a lo observado un año atrás. Esto se explica por los tiempos requeridos para completar procedimientos oficiales tendientes al cumplimiento de contratos que es de 1.288 días.

Respecto al pago de impuestos, se observó una desmejora de 3 puestos en la última medición, llegando a la posición 142. Ello obedece a las altas tasas impositivas a nivel empresarial. Se estima que las cargas tributarias nacionales, territoriales y las relativas a la seguridad social están comprometiendo cerca del 50-70% de las utilidades empresariales, aun después del desmonte del impuesto a la riqueza.

En el área de comercio transfronterizo, se observó un descenso de 4 puestos, con una posición relativa que continúa siendo deplorable. Lo anterior se explica por los altos costos y los retrasos de las exportaciones. Por ejemplo, mientras que en Colombia el costo de exportación equivale a US$545/contenedor, en México es de US$400/contenedor. Asimismo, el tiempo para exportar en el país es de 112 horas, mientras que en México lo hacen en tan solo 20,4 horas.