La supremacía de la Constitución | El Nuevo Siglo
Viernes, 24 de Noviembre de 2017

“Farc, mayores responsables de delitos de lesa humanidad”

 

El fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP ha suscitado, como era de esperarse, toda clase de   reacciones en la opinión publica -más favorables que en contra-, y, en particular, ha generado inconformidad en la antigua dirigencia de las Farc, que sostiene que esta decisión se aleja del Acuerdo de Paz, por lo que anunció que acudirá a instancias internacionales como la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de la ONU.

En comunicación dirigida por el señor Rodrigo Londoño a la alta funcionaria de la CPI dice que “la Jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no solo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto”. Se le olvida aquí agregar que las Farc fueron unas de las mayores responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y, desde luego, también incurrieron en ellos algunos agentes del Estado, como lo demuestran las investigaciones y las sanciones que les han sido impuestas.

Luego agrega que la “sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria, justicia que en más de 50 años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor de Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo”. Esta afirmación no es aceptable porque es contraevidente y no concuerda con la realidad.

Sostener que la justicia fue un instrumento de guerra en favor del Estado no es más que una posición ideológica frente al mismo. Los órganos de la justicia en Colombia son independientes y hay que destacar que se han hecho esfuerzos importantes para someter a la justicia a los grupos armados ilegales y a agentes del Estado. No es sino recordar el fenómeno de la parapolítica. De pronto esos esfuerzos no han sido suficientes, como en el caso de los civiles, pero hay que admitir que investigar y sancionar los delitos más graves en el marco de la dinámica de la confrontación armada, no era tarea fácil. Unido a lo anterior, Colombia hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y son varias las sentencias que se han proferido contra el Estado colombiano.

La comunicación de quien fuera comandante de las Farc no se refiere a las varias observaciones que le hizo llegar la Fiscal a la Corte Constitucional, y si bien es cierto que en el acto legislativo que ajustó la Corte hay puntos que no guardan mucha armonía con el Estatuto de Roma, también lo es que la CPI no es un tribunal constitucional.

En el fallo de la Corte ha quedado claro que el Acuerdo de Paz no está por encima de la Constitución y lo que ha hecho es reafirmar el principio de supremacía constitucional.