“No hay quién defienda los intereses de los colombianos”

Termina una huelga de pilotos de Avianca que se extendió durante dos meses y que dejó atrás terribles consecuencias, al haber afectado a muchos de sus usuarios y sectores de la economía. En primer lugar, el Gobierno demostró su incapacidad para solucionar esta crisis o actuar como facilitador de una mediación en beneficio de todos los ciudadanos, extranjeros, del sector del turismo y otros que se vieron afectados. Una mediación en búsqueda de recuperar la normalidad en un servicio público que, si bien prestan particulares, es también responsabilidad del gobierno. Pudo hacer uso de las facultades que la ley le otorga para lograr una solución rápida y proteger al consumidor, incluso de incrementos en los precios como los que llegó a imponer Avianca, en algunos casos de 10 veces más que el valor en que se conseguían (los tiquetes), porque aplicaban la tarifa plena multiplicada. 

A su vez, ante tal situación y con ánimo de sacarle provecho, las demás empresas también subieron sus tarifas, incluso las que supuestamente se denominan de “bajo costo”. Si bien es cierto que los precios en materia de aeronavegación los determina la ley de oferta y demanda, es de suponer que ante circunstancias especiales, como la falta de prestación del servicio de una empresa que demostró tiene el aproximadamente el 70% de la frecuencias, el Gobierno ha de intervenir para que no se presenten tales abusos al consumidor. Es inconcebible que se impongan y cobren precios exorbitantes y de una manera tan olímpica al consumidor y que ante ello el Gobierno, la Aeronáutica Civil y las superintendencias, que en el pasado han impuesto multas que llevan a la quiebra a empresas, se mantengan de brazos cruzados.

Por su parte, los pilotos en paro y sus líderes demostraron su incapacidad de negociación y de buscar salidas, lo que conllevó a que después de casi dos meses no lograran mayores conquistas y quedaran como insensatos ante la opinión pública en cuanto sus exageradas peticiones. Ni siquiera se preocuparon por explicar al país cuáles eran sus verdaderas intenciones y, en cambio, Avianca sí logró transmitir los irracionales y absurdos puntos que ellos manifestaban en su pliego de peticiones.

A las demás empresas de la aviación, este panorama les sirvió para multiplicar sus propias tarifas y lograr una utilidad que generalmente harían en un año, gracias a la falta de acción y control del Gobierno y a costa del perjuicio a los colombianos. Avianca, sin dejar atrás a sus competidores, también fue beneficiada por el paro pues pudo cancelar los vuelos que estratégicamente consideró, alegando la falta de pilotos y optando por sacar mayor eficiencia en costos a partir de menos vuelos, todos llenos de pasajeros y a precios superiores a los normales. La conclusión de toda esta experiencia es que en este caso no hay gobierno que defienda los intereses de los colombianos; que el Ministerio de Trabajo y sus responsables fracasaron en lograr que el país no sufriera por el casi interminable paro de pilotos de Avianca; que las entidades de control del gobierno dejaron que las empresas abusaran en los usuarios; que el turismo y la hotelería se vieran afectados; que muchos negocios tanto nacionales como de extranjeros se perjudicarán; y que los pilotos terminaron frustrados y desprestigiados. Peores consecuencias, difícilmente.