Europa presiona a presidente Maduro

Foto AFP
El presidente Nicolás Maduro insiste en descalificar toda presión internacional tachándola de “imperialista” e instigada por EU. 
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Tras los pasos de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea aprobó ayer sus propias sanciones contra Venezuela para "favorecer" el diálogo entre gobierno y oposición, entre ellas un embargo de armas y futuras medidas contra responsables de este país.

Desde el inicio en abril de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses, varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente de la Eurocámara Antonio Tajani, urgieron a la UE a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero la instalación de la oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde agosto y que tanto la oposición como países de América y Europa desconocen, supuso la gota que colmó el vaso de una UE que abrió la vía a las sanciones adoptadas.

Tras expresar su preocupación por las informaciones sobre "violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza" en Venezuela, los países europeos deciden prohibir la venta y el abastecimiento de armas, municiones, vehículos y equipos tanto militares como paramilitares.

Los ciudadanos y empresas europeas tienen además prohibido aportar asistencia técnica o servicios de corretaje, así como financiación o ayuda financiera, para actividades militares de este país sumido en una crisis política y al borde del default.

Este embargo se extiende también a "los equipos susceptibles de ser utilizados para fines de represión interna", así como a la tecnología que pueda usarse "para la vigilancia o la interceptación de Internet y de las comunicaciones telefónicas", según la decisión adoptada.

Fuera de la prohibición quedaría el material militar no letal destinado "a fines humanitarios", el material de desminado y los equipos no letales destinados "únicamente a la protección de las fronteras, a la estabilidad regional y la interceptación de narcóticos".

Lista negra

Los responsables de las "graves violaciones de los derechos humanos" o de "actos de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela", así como aquellos que atenten contra "la democracia o el Estado de Derecho", estarán también sometidos a sanciones.

Las personas o entidades señaladas en esta lista negra, que por el momento se encuentra vacía, no podrán viajar a territorio europeo y tendrán sus activos congelados en el bloque. Los países deben aprobar por unanimidad las inclusiones en esa lista.

A diferencia de la UE, Estados Unidos y Canadá han adoptado medidas financieras contra Maduro y varios de sus funcionarios, pero Washington ha ido más allá, al prohibir a sus ciudadanos y empresas negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA.

El gobierno venezolano cuestionó la eficacia de las sanciones europeas, una "estupidez" en palabras de Maduro, ya que, según su embajadora ante la UE, Claudia Salerno, Venezuela "no tiene dependencia" de las armas o el material al que los 28 impusieron un embargo.

¿Inminente default?

De otro lado, el gobierno de Venezuela se reunió ayer en Caracas con acreedores sin ofrecerles un plan concreto para la renegociación de la deuda soberana y de la compañía petrolera estatal PDVSA, manteniendo vivos los temores de un default.

Durante el encuentro, de apenas unos 25 minutos, el vicepresidente Tareck El Aissami leyó un comunicado en el que prometió nuevos encuentros para "evaluar propuestas", aunque sin fecha precisa.

"Dijeron que iban a formar unas mesas técnicas para evaluar propuestas de renegociación de la deuda en el corto y el mediano plazo, pero no dieron ningún detalle concreto sobre sus planes", declaró Gerónimo Mansutti, gerente de Finanzas de la casa de bolsa Rendivalores.

El Aissami justificó que los atrasos en los pagos que ha tenido Venezuela se deben a "problemas operativos" en bancos internacionales provocados por las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump.

Unos 300 inversionistas o sus representantes acudieron al Palacio Blanco, frente a la Casa de Gobierno, en el centro de Caracas. "La reunión fue muy mala", resumió Mansutti.

Según otras fuentes, varios inversionistas extranjeros no asistieron porque la cita fue encabezada por El Aissami y el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, a quienes Estados Unidos sancionó, prohibiendo a sus ciudadanos tratar con ellos. 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses.

La reunión fue convocada por el presidente Nicolás Maduro para "renegociar y refinanciar" la abultada deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares.

"El default nunca llegará a Venezuela", afirmó Maduro el domingo.

Su promesa impactó en los mercados ayer y los bonos de Venezuela y PDVSA experimentaron en promedio alzas de 4,5% y 6,9%. Pero, destacó Mansutti, ese crecimiento se desaceleró tras la ausencia de acuerdos.

Examen en Nueva York

Entre tanto, en Nueva York, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, se reunió ayer para determinar "si ha ocurrido un cese de pagos" de un bono de PDVSA, por 1.161 millones de dólares.

El gobierno asegura que ya transfirió esos recursos, pero los acreedores no los habían recibido el viernes. La evaluación de ISDA seguirá hoy.

Un incumplimiento puede declararse por las agencias calificadoras, el gobierno o los grandes acreedores; por ello, una evaluación negativa de la ISDA desencadenaría un default y el pago de los seguros CDS (Credit Default Swaps).

El Aissami expresó la voluntad del gobierno de seguir cumpliendo con sus compromisos, aunque no mencionó si se pagó la cuota vencida el viernes, de 81 millones de intereses de un bono de PDVSA, ni 200 millones de deuda soberana que debían cancelarse este lunes.

Las agencias Fitch, Standard and Poor's y Moody's, a las que Maduro acusa de participar en una "guerra financiera", rebajaron la calificación de la deuda venezolana ante la posibilidad de que el país con las mayores reservas petroleras del mundo caiga en default.

Con una economía devastada y reservas internacionales de solo 9.700 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año al menos 1.470 millones de dólares y para 2018 tiene obligaciones por más de 8.000 millones.

Maduro anunció avances en renegociaciones con sus aliados: las gestiones con China -al que se adeuda unos 28.000 millones- "marchan perfecto" y esta semana se firmará un acuerdo que reestructura 3.000 millones de los 8.000 millones de deuda con Rusia.

Para el economista Luis Vicente León, Maduro intenta que inversionistas estadounidenses, interesados en que les paguen, presionen a Trump para flexibilizar las sanciones.

Con el desplome de los precios del petróleo, fuente del 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para pagar, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.

Según Eurasia Group, Maduro busca "liberar recursos" para importaciones de cara a las elecciones presidenciales de 2018; pero en mediano y largo plazo la crisis empeoraría y Venezuela enfrentaría litigios y el posible embargo de activos de PDVSA, como CITGO, filial en Estados Unidos.

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