Con ocasión del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno sobre tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales, radicado el pasado martes, que pretende despenalizar a los pequeños productores de coca y otras yerbas, se presentó el fin de semana un “rifi rafe” entre el Presidente de la República y el Fiscal General de la Nación, con versiones bastante opuestas sobre la conveniencia de adelantar dicha reforma.
Uno de los puntos esenciales del proyecto pretende que los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola, no vayan a la cárcel. Se rebaja la pena, la cual pasa de entre seis y doce años, a entre uno y cuatro años, razón por la cual, el delito queda excarcelable.
Para el Gobierno, el proyecto forma parte de lo acordado con las Farc en La Habana, que plantea esas gabelas por un año, durante el cual los cultivadores deben manifestar su intención de terminar con la actividad ilegal y acogerse a los programas de sustitución de cultivos. Luego de esos 12 meses de verificación sobre la no reincidencia de los cultivadores, se procedería a la extinción de la acción penal. Además, es de justicia presentar el proyecto que despenaliza la actividad de los pequeños productores, que son más de 106.900, y que son la parte más débil de la cadena.
Para el Fiscal, el proyecto presentado es todo un despropósito, pues va mucho más la descriminalización de los pequeños productores, en la medida que reforma el Código Penal y establece considerables rebajas, no solo para pequeños cultivadores, sino para los grandes productores y para los financiadores del narcotráfico. Se pone en abierta contradicción con las políticas públicas para lucha contra el narcotráfico; no se consultó con el Consejo de Estupefacientes, que según la Constitución es el único órgano llamado a marcar el compás en la materia. Además, cuando el Ministro del Posconflicto le hizo llegar el texto del proyecto, él le dio sus observaciones, que no fueron atendidas y por ello tuvo que hacer público su desacuerdo.
También se agrega en contra de la iniciativa que expertos señalan que el área sembrada de coca que sería despenalizada, es mucho mayor que la que cultivan la mayoría de familias que viven de estos cultivos. También señalan los expertos que los campesinos no tienen más de una hectárea sembrada de coca, y que el proyecto puede incentivar una disparada en las áreas sembradas de coca, que ya pasaron de cincuenta mil en el 2012 a ciento cuarenta mil.
Dires y diretes que no hacen otra cosa que confundir a la opinión pública. En nuestra opinión la razón la tiene el Fiscal en esta ocasión. Todo parece indicar que el proyecto irá por la vía del “fast track”, quién también despertó otra polémica, de si termina el 30 de noviembre o se extiende agregando el tiempo que el Congreso no estuvo en sesiones a mitad de año. Tremenda “leguleyada”, basta leer el texto del Acto Legislativo para comprender meridanamente que seis meses prorrogables por seis meses, no admiten semejante interpretación. Bueno, pero si a pesar que dicho Acto Legislativo 1 de 2016, señalaba que entraba en vigencia a partir de la refrendación popular, y resultó refrendándolo el Congreso, en este país de juristas cualquier interpretación puede esperarse.