- Un año de turbulencias del acuerdo de paz
- Nunca alcanzó el consenso ni liderazgo
Luego de un año de firmado el acuerdo del Colón, tras la debacle del plebiscito, el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc presenta un amplio contraste frente a los clausulas habaneras
Desde el punto de vista del desarme, desmovilización y reintegración, las circunstancias son deficientes frente a lo presupuestado. Si bien se entregaron siete mil armas, sin que la opinión pública ni la prensa pudieran hacer el escrutinio respectivo, resulta evidente que muchas se quedaron por fuera, en manos de unas disidencias en ascenso hasta el punto de que la inteligencia militar habla del riesgo de una ‘retaguardia estratégica’. De hecho, el reciente informe de la ONU sobre las zonas de concentración y reintegración es verdaderamente alarmante, puesto que los verificadores internacionales calculan que casi la mitad de los desmovilizados han dejado esos territorios especiales de paz y es posible que algunos hayan ingresado a las disidencias, el Eln, las denominadas Bacrim o la delincuencia común. Al mismo tiempo está perfectamente claro que el Estado no copó el territorio dejado por las Farc y se dan casos tan aberrantes como el de Tumaco y otras regiones de su antigua influencia, donde se ha incrementado la violencia.
Del mismo modo, los compromisos en la entrega de los menores de edad fueron incumplidos reiterativamente. Asimismo, la relación y el monto de los bienes ilícitos de la guerrilla para resarcir a las víctimas se convirtieron en una pantomima, en la que se cobró hasta el valor de las armas entregadas, se mencionaron haciendas sin domicilio específico y hasta senderos construidos ilegalmente. De otra parte, el desmonte de las redes del narcotráfico nunca se llevó a cabo y, por el contrario, los cultivos ilícitos, después de prohibirse la fumigación aérea, se dispararon como nunca en la historia del país, hasta las 188 mil hectáreas y un potencial de 720 toneladas métricas de cocaína producida y exportada, bordeando la descertificación por parte del gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, en la lista de los desmovilizados las Farc introdujeron al menos 250 ‘colados’, entre los cuales se encontraron varios narcotraficantes y extraditables.
Como supuesto resarcimiento a la catástrofe plebiscitaria, en la que el país negó mayoritariamente el acuerdo habanero, se intentó una refrendación por la vía parlamentaria, a partir de una resolución espuria. A la larga semejante procedimiento se confirmó improcedente por cuanto el proceso siguió perdiendo legitimidad y sintonía con la opinión pública, cayendo a porcentajes irrisorios. De suyo, el proceso cuenta cada día menos con el aval ciudadano y ni el Premio Nobel de Paz entregado al Jefe de Estado sirvió de mampara para evitar la caída en picada de la imagen presidencial. Incluso, los principales voceros del proceso de paz se presentaron recientemente a una consulta popular, para confrontar sus aspiraciones presidenciales, que no alcanzó siquiera los 700 mil votos válidos. Lo que antes era un país dividido en torno al proceso de paz, hoy, en una buena proporción, se ha alinderado en torno a que este se dio apresurada e improvisadamente, razón que, a su vez, ha llevado a una implementación accidentada, lenta y llena de baches e incumplimientos.
El núcleo del proceso, que según sus voceros era la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada en La Habana, se vino a pique en los términos convenidos en Cuba, luego de que la Corte Constitucional la encontró inexequible en varios de sus propósitos principales. El ajuste de la Corte, que puso a la JEP conforme al estado de derecho, alinderó la justicia transicional como un elemento para los máximos responsables de las Farc, con los miembros de la Fuerza Pública respectivos, y sin la pretensión que se tenía de la comparecencia obligatoria de los civiles y terceros. Por igual, el fuero constitucional quedó vigente para todos los servidores públicos correspondientes y la tutela se mantuvo en sus condiciones generales, ambas circunstancias ajenas a las pretensiones del acuerdo firmado entre Santos y ‘Timochenko’. Igualmente, se puso coto a los delitos de tracto sucesivo y la JEP se sujetó a la justicia ordinaria, sin darle la categoría preeminente que se pretendía y dejando a la Corte Constitucional como organismo de cierre. La extradición también volvió a surgir para los reincidentes.
Igual, aunque las Farc podrán acceder a las 10 curules automáticas que se le otorgaron, ahora tendrá que hacerlo bajo las condicionalidades advertidas también por la Corte Constitucional.
En síntesis, el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc terminó encausándose dentro del estado de derecho a raíz del fallo antedicho. A un año de firmado es claro que de haberse cumplido esos preceptos antes, el proceso de paz habría sido mucho más corto, menos improvisado y, sobre todo, con mayor posibilidad de que una paz constitucional hubiera logrado el consenso y el liderazgo que lo suscrito en La Habana, en Cartagena y el Colón nunca alcanzó.