Con todo, la realización de la votación es incierta pues está suspendida por falta de recursos para llevarla a cabo.

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Aunque no hay recursos para convocar a las urnas, la consulta minera en El Peñón, Santander, es legal, de acuerdo con el pronunciamiento del Consejo de Estado.

A través de un comunicado, el alto tribunal informó que negó la tutela por medio de la cual el Ministerio de Minas y Energía pretendía que se dejara sin efectos el fallo que declaró constitucional la consulta que busca indagar a los habitantes de esa población santandereana si están de acuerdo o no con la realización de actividades de extracción minera y petrolera en esa población.

Con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal, la Sección Cuarta del alto tribunal determinó que la concertación entre autoridades nacionales y locales no era prerrequisito para la realización de la consulta y explicó que los alcaldes no están privados de acudir a este tipo de mecanismos de partición para decidir sobre la realización o no de actividades mineras o de extracción de hidrocarburos en sus municipios.

Además, la Sala considera que, al adelantar el respectivo examen de constitucionalidad,  el Tribunal Administrativo de Santander sí efectuó un análisis formal y material de la pregunta y no pasó por alto el hecho que la consulta también pretende indagar sobre la realización de actividades hidrocarburíferas, contrario a lo expresado por los demandantes en la acción de tutela.

Al referirse a los efectos de la decisión que tomen los electores en las urnas, la corporación ratificó que son vinculantes y que, por lo tanto, obligan al gobernante a expedir leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter particular y concreto, según sea el caso, que permitan materializar la voluntad de los votantes.

Así mismo, aclaró que si el resultado de la consulta da lugar a la expedición de este tipo de actos posteriores, “los efectos de la decisión serán hacia el futuro, es decir, empiezan a regir desde el momento en que se profiere y publica. Solo desde la publicación en el medio autorizado tendrán efectos vinculantes y siempre hacia futuro”.

“En tal virtud, se deben respetar las situaciones jurídicas particulares consolidadas de quienes obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades mineras y de hidrocarburos, lo que con base en los principios de buena fe y confianza legítima conlleva garantizar seguridad jurídica”, concluye el fallo.

Consulta en vilo

Sin embargo, a pesar de que hasta ahora las máximas instancias de la justicia respaldan la intención de los habitantes de El Peñón de pronunciarse sobre la minería en su territorio, la consulta que inicialmente estaba prevista para el domingo pasado seguirá suspendida por falta de recursos.

Una comunicación de Jaime Suárez, registrador delegado en lo Electoral, enviada en su momento al alcalde de El Peñón, Francisco Jesús Cruz, señaló que “ante esta situación en la que Minhacienda responde negativamente frente a solicitudes de recursos para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales a cargo de la Registraduría, nos vemos en la obligación de remitir el oficio del Minhacienda para que desde su despacho suspendan mediante un decreto la realización de las votaciones del mecanismo de participación ciudadana”.

Según Suárez, la consulta no se podrá realizar “hasta cuando no se defina a quién le corresponde asumir la financiación de la misma, considerando que la Registraduría requiere esos recursos para organizar la logística del proceso electoral”.

El alcalde Cruz expresó que “es increíble que el Ministerio de Hacienda nos vaya a quitar la posibilidad de realizar esta consulta popular que no cuesta más de 50 millones pesos, y sí va a gastarse más de 45.000 millones de pesos en una consulta del Partido Liberal”.

El burgomaestre incluso propuso sufragar los costos mediante un convenio de cooperación con la Registraduría.

“Pensamos”, dijo, que el costo de la consulta “no supera los 50 millones de pesos”, pero si vale más “es preferible gastar 100 millones de peos o 1.000 millones de pesos defendiendo el territorio, que después lamentarnos porque se nos acabó el agua y los ecosistemas”.

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