El país ya está inmerso en las campañas para elegir Presidente y Congreso, pero hay arandelas que salen de estas como las consultas populares, las internas y el posible referendo anticorrupción que encarecen el ejercicio ciudadano. Dentro del presupuesto de gastos para 2018, el Gobierno nacional estipuló una partida de $1,7 billones a la Registraduría, pero se considera que será insuficiente por el alto número de comicios que se realizarán.
Pero además a este complejo calendario electoral que tiene Colombia hay que sumarle una serie de eventos que tienen que ver con la participación popular como son las consultas populares para la explotación minera, las elecciones de mandatarios seccionales que han sido destituidos y deben ser reemplazados, la consulta interna del Partido Liberal, además de una serie de movimientos ciudadanos que exigen, como en el caso de Bogotá, la revocatoria del Alcalde Mayor.
Consultas
Un análisis que hace el constitucionalista Luis Arturo Ramírez Roa, señala que según el presupuesto para el 2017, la Registraduría Nacional cuenta con un total de $44'769 millones para financiación de Asuntos electorales y procesos democráticos.
Además, de acuerdo con la Ley de participación ciudadana, la 1757 de 2015, hay $10.189 millones en el Fondo para la Participación Ciudadana, y $1.252.000.000 en el ítem de Participación Ciudadana.
Es decir que hay más de $56 mil millones destinados para asuntos como las consultas populares, de manera tal, que si la consulta popular en La Macarena tiene un costo cercano a los $50 millones, habría dinero de sobra para esta, y otras consultas en los diferentes municipios del país.
"Estamos indignados por lo que el Gobierno le dijo al Registrador que no tenía recursos para desarrollar consultas populares en el país", expresa uno de los líderes de la comunidad de La Macarena, quien señala que lo que están haciendo las comunidades no es otra cosa que defender sus territorios, bajo el amparo de la Constitución.
Y así parece ser. De acuerdo con el análisis del constitucionalista Ramírez Roa, en la Constitución Política de 1991, reza en el artículo 334, que “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.
Para Ramírez, esto no significa otra cosa que no se puede negar el derecho a la participación, al tratarse de un derecho fundamental.
Así las cuentas, por dar un ejemplo, teniendo en cuenta que la Asociación Colombiana de Petróleos, tiene un registro de 23 consultas populares en curso con el objetivo de impedir la extracción y explotación de hidrocarburos, si cada consulta costara lo mismo que la del municipio de La Macarena, el Gobierno no gastaría más de $1.150 millones.
Anticorrupción
Otro de los temas que están en boga de la sociedad colombiana y que va rumbo a una consulta popular es el de la corrupción.
En busca de un reconocimiento de las autoridades electorales del país, la Senadora y candidata de la Alianza Verde a la presidencia, Claudia López, y la representante a la Cámara, Angélica Lozano, adelantaron durante varios meses la recolección de firmas para citar a la ciudadanía a un referendo sobre el tema.
Luego de presentar 4’236.681 firmas que la Alianza Verde recogió para pedirle al Congreso que convoque un referendo anticorrupción, la Registraduría avaló 3’092.138. Las demás fueron rechazadas por estar duplicadas, fotocopiadas, con datos incompletos o ilegibles, y otras por tener un nombre que no corresponde o por no estar inscrita en el censo electoral.
La convocatoria debía tener como mínimo 1’780.654 firmas válidas, equivalente al 5% del censo electoral.
En la página web www.vencealcurrupto, sus líderes les están pidiendo a los ciudadanos firmar una carta dirigida a todos los senadores para que den su aval y permitan ir a votar la consulta anticorrupción el 10 de marzo de 2018.
“En las urnas le pondremos tatequieto a la corrupción. Bajaremos el salario de los congresistas, ajustaremos medidas que impidan la mermelada y el robo de la plata por parte de los tomadores de decisiones. Esto es un logro colectivo”, dijo la representante Lozano.
Según la senadora y candidata presidencial Claudia López, los firmantes piden eliminar el beneficio de casa por cárcel para corruptos, reducir a la mitad el salario de los congresistas, obligar a todos los políticos electos a rendir cuentas, hacer público su patrimonio, pago de impuestos y conflictos de interés, eliminar la mermelada y obligar a un trámite y contratación transparente del presupuesto público y sancionar drásticamente a contratistas corruptos.
Costo total de elecciones
Según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo, costo de la campaña electoral más barata es de $400 millones y la más costosa no más de $12 mil millones.
A pesar de la queja recurrente acerca de que los topes de gastos son muy bajos, en la práctica los candidatos reportan gastos por debajo de los mismos.
Por ejemplo en las pasadas elecciones de 2015, los candidatos a las gobernaciones de los principales departamentos y a las alcaldías de las ciudades capitales reportaron en promedio gastos que ascendieron sólo al 40% del tope máximo permitido.
Al realizar la proyección de estos gastos se sumarían en $1,15 billones en 2018 y $1,88 billones en 2019 si se financiaran públicamente unos costos de campaña que sinceren los gastos actuales (la suma equivale a 1,35% del PGN de 2017). En total en dos años los gastos de las elecciones ascenderían a $5,15 billones. En el escenario fiscal actual estas cifras pueden ser prohibitivas.
A pesar de la queja recurrente acerca de que los topes de gastos son muy bajos, en la práctica los candidatos reportan gastos por debajo de los mismos.
Por ejemplo en las pasadas elecciones de 2015, los candidatos a las gobernaciones de los principales departamentos y a las alcaldías de las ciudades capitales reportaron en promedio gastos que ascendieron sólo al 40% del tope máximo permitido.
Al realizar la proyección de estos gastos se sumarían en $1,15 billones en 2018 y $1,88 billones en 2019 si se financiaran públicamente unos costos de campaña que sinceren los gastos actuales (la suma equivale a 1,35% del PGN de 2017). En total en dos años los gastos de las elecciones ascenderían a $5,15 billones. En el escenario fiscal actual estas cifras pueden ser prohibitivas.
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