Existen conceptos encontrados sobre violencia y delito, que sería saludable tratar de entender buscando un punto medio que nos brinde claridad. El primero es necesario  direccionarlo  hacia lo económico y su contraparte mira la justicia.  Para algunos estudiosos la insuficiencia en economías domésticas, esa que sufren los ciudadanos en el diario vivir, se ha convertido en factor alterante para la seguridad y  convivencia. En una  palabra, no falta quienes sostienen que la penuria es  responsable de la presencia delictiva y la violencia misma, esa que esgrimen y utilizan los antisociales frente a sus víctimas, aquellos  sostienen que barrios o sectores marginales y sin servicios públicos  básicos enfrentan una delincuencia permanente, nacida de las entrañas mismas del conglomerado.  Otros, un poco más eterizados y lógicos para mí gusto, defienden la tesis de una justicia pronta y severa,  hoy  ausente del entorno, como  el motor que impulsa la delincuencia en todas sus acepciones.

Pero los estudios adelantados por diferentes grupos de  especialistas en seguridad manejan un concepto donde la violenta criminalidad que golpea variados sectores del  país no está apalancada por alternativas económicas, ni penurias sociales. Más bien la falta de justicia, convertida en anverso de la moneda, si puede motivar catervas delictivas a operar en contra de grupos  vulnerables, que en la mayoría de las  veces se encuentra desamparados por su condición de improductividad o vida económica exigua. En definitiva se aconseja dejar de lado el concepto de criminalidad sobre colectividades sociales en  la condición económica inferior, que caminan acompañadas de  falencias culturales, insolvencias morales y estrechez en relaciones  comunales,  impulsadas  por  sentimientos de inconformidad, que conllevan  agresividad y violencia muy distante de actuaciones delictivas,-  para concentrarnos en la aplicación de la ley-. Mientras una sociedad no perciba un andamiaje fuerte en administración de justicia no sentirá la necesidad de respetar y cumplir la ley en toda su extensión, por lo tanto debemos ser conscientes de las falencias que en este aspecto tiene el país en general, obligado a  caminar sin una infraestructura carcelaria y  castigos   prontos, severos e inexorables.

En tanto los escenarios anteriores de tan urgente atención se consolidan, tarea de largo aliento, las instituciones se deben apoyar en los entornos ciudadanos, siempre dispuestos como el que más, a colaborar con las autoridades para cerrarle el paso a la delincuencia y lograr una seguridad seria, consolidada y estable. Independiente si es un barrio marginal o un sector de estratos representativos económicamente, las autoridades administrativas y policiales deben llegar con soluciones de seguridad apoyadas en tecnología y medios, para estimular los habitantes a colaborar. Lo hemos sostenido hasta el cansancio: la organización ciudadana es el camino a la sensación de seguridad que llevará el país hacia una organización ciudadana preventiva, reactiva y  comprometida con las autoridades del entorno.