Blindar a líderes sociales

*Hay que ir por ellos a sus comunidades
*La regla de prevenir antes que lamentar

La racha de asesinatos de líderes sociales, activistas de derechos humanos, dirigentes de asociaciones campesinas e indígenas no se detiene. Las autoridades se han movilizado lo más posible en busca no solo de investigar rápida y eficazmente qué hay detrás de esta cadena de muertes y en algunos casos se ha podido dar y capturar a los autores materiales e incluso a los intelectuales. El Gobierno continúa insistiendo en que no encuentra un patrón común en la mayoría de los asesinatos y que las causas son tan particulares y distintas que no es lógico concluir que se trata de una acción criminal de gran escala, coordinada y dirigida para acabar con quienes ejercen esta clase de liderazgo o activismo en todo el país. Por el contrario, algunas organizaciones nacionales e internacionales sí consideran que las decenas de crímenes de los últimos meses no se originan en hechos aislados sino que responden a una acción delincuencial perpetrada y ordenada por algún grupo criminal de amplio espectro. Igual contradicción se da en torno a las cifras de las víctimas, pues mientras las autoridades manejan unas sustancialmente bajas, otras entidades como la Defensoría del Pueblo, agencias de Naciones Unidas y distintas organizaciones no gubernamentales reportan incluso el doble de muertes que las estadísticas oficiales. A lo anterior se suma que en cada caso es común que tras el asesinato o atentado se genere un debate en torno a la existencia o no de medidas de prevención y protección a las víctimas. Allegados de estas sostienen que fue deficiente el accionar del Estado para rodearlas de sistemas de seguridad eficaces, desde escoltas, relocalización y otras herramientas. Por el contrario, los voceros de las autoridades replican que en muchos casos las personas que fueron asesinadas no reportaron nunca que estuvieran en peligro o que, aun habiéndolo hecho, los estudios sobre el nivel de riesgo respectivo que se realizaron no evidenciaron amenazas inminentes o graves. Y, por último pero no menos importante, se encuentra la constante polémica en torno a que así como algunos de los crímenes tendrían origen en bandas de narcotráfico,  minería ilegal y testaferros de paramilitares que buscan acallar a quienes los denuncian o luchan por la restitución de las tierras que les fueron arrebatadas a sangre y fuego, otros asesinatos habrían sido perpetrados por sectores de las disidencias de la guerrilla de las Farc con el macabro fin de crear la sensación en la opinión pública nacional e internacional de que pese al proceso de paz la “violencia social” no se detiene y ese es un ‘justificante’ para seguir en la lucha armada…

Como se ve, la problemática del asesinato de líderes sociales, campesinos, indígenas y activistas de derechos humanos es muy compleja y son muchos los elementos objetivos y circunstanciales a tener en cuenta en cada crimen. Sin embargo, es claro que la racha de muertes sí está poniendo en duda la efectividad del proceso de paz con las Farc y la negociación en marcha con el Eln, e incluso el incipiente mecanismo que se está tratando de activar, vía Congreso, para sentar las bases de un sometimiento a la justicia colectiva de los integrantes de algunas de las bandas criminales de gran espectro, tipo ‘Cartel del Golfo’.

En ese orden de ideas, es evidente que el sistema de alerta temprana para la protección de los líderes sociales y activistas comunitarios y de derechos humanos tiene que reforzarse, y no sólo desde el punto de vista presupuestal y de mecanismos de seguridad, incluyendo un aumento sustancial de escoltas, carros blindados, chalecos antibalas, dotación de armas y otras herramientas y modalidades de custodia de las potenciales víctimas, sino también en cuanto a la ubicación e individualización de las personas que por la naturaleza de su trabajo en las comunidades puedan quedar eventualmente en la mira de los criminales de distinta índole, ya se trate de delincuencia común u organizada. Con el cúmulo de investigaciones que las autoridades han adelantado respecto al perfil de las víctimas y los móviles de los victimarios, ya hay un conocimiento amplio de los escenarios criminales que rodean esta clase de asesinatos y atentados. Con base en esa experticia, se deben crear métodos de identificación temprana de eventuales víctimas e ir a buscarlas en las comunidades en donde trabajan, así nunca hayan reportado temor o nivel de riesgo alguno. En otras palabras, las autoridades deben ir por ellos, identificarlos, analizar las circunstancias de las causas en las que se desempeñan, sopesar los posibles factores delincuenciales que se puedan ver afectados por el accionar de esos líderes y ofrecerles la protección debida desde ese mismo momento, y no cuando el peligro ya sea inminente o, peor aún, la reacción tardía.