- Reajuste será más bajo que el de este año
- Sopesar las nuevas realidades laborales
El arranque de la negociación salarial para 2018 está marcado por tres elementos clave. El primero, que la inflación está, por fin, metida en cintura y todo da a entender que este año cerrará con un incremento del costo de vida por debajo del 4 por ciento. En segundo lugar, es evidente que la situación económica continúa siendo muy preocupante, toda vez que el promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto durante los tres primeros trimestres de este año es apenas del 1,4 por ciento, evidenciando que la situación de la mayoría de los colombianos en materia de ingresos y capacidad de compra está sustancialmente golpeada, sobre todo porque el impacto de la reforma tributaria, que comenzó a regir en enero pasado, fue más fuerte del inicialmente pensado, especialmente por el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento.
Y, en tercer lugar, es claro que las posturas de los empresarios, los sindicatos y el propio Gobierno en el arranque de la negociación del aumento del salario mínimo para el próximo año, si bien no son muy lejanas en materia de porcentajes, difícilmente se vislumbra la posibilidad de que el incremento se fije, como hace muchos años no ocurre, por consenso. Algunos líderes de las centrales obreras han adelantado que su propuesta inicial está por encima del 9 por ciento, en tanto que en los gremios productivos las ofertas de reajuste de la remuneración básica mensual no van más allá del 5 por ciento. Según los sindicatos el control de la inflación en este 2017 es muy positivo porque le da al grueso de los trabajadores la posibilidad de recuperar en 2018 una parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años debido a la escalada inflacionaria. Los empresarios, a su turno, advierten que la desaceleración económica ha golpeado de forma sustancial los índices de rentabilidad de la mayoría de las compañías, reduciendo sus ventas y márgenes de ganancia, e incluso se han visto obligados a congelar nóminas o proceder a despidos. A ello se suma que centros de estudio económicos colombianos han recalcado que con una inflación controlada hay que tener mucho cuidado de no caer en el populismo salarial, advirtiendo que si bien para este año el Gobierno decretó un reajuste en el sueldo mínimo del 7 por ciento, no se puede igualar ese porcentaje de incremento para el 2018, puesto que no solo se estarían desconociendo las realidades económicas, sino generando presiones muy riesgosas en materia de costo de vida.
A todo lo anterior debe adicionarse que instancias internacionales como la OCDE han puesto sobre el tapete que es necesario avanzar hacia nuevas modalidades salariales, en especial aquellas que son fijadas por las diferencias regionales. También se han escuchado otras opiniones en torno a que más allá de los porcentajes de aumento, es necesario evaluar las realidades del mercado laboral, como las referidas a una mayor masa de población económicamente activa, el incremento del subempleo así como el crecimiento de la informalidad, sobre todo por el impacto de la llegada en los dos últimos años de decenas y decenas de miles de venezolanos que han sido empleados de forma ilegal, desplazando en muchos casos mano de obra calificada y no calificada local. También gravita en el marco de la negociación salarial que este Gobierno no avanzó lo que había prometido en materia de reglamentación de los contratos denominados “órdenes de prestación de servicios” y que pasó a medias en el Congreso el proyecto que amplió el pago de horas extras nocturnas.
Visto todo lo anterior es evidente que el inicio de la negociación salarial para el 2018 es muy complicado, incluso más que en años anteriores en donde la inflación era más alta y las aspiraciones de los sindicatos similares. Ahora, con un Índice de Precios al Consumidor más bajo, es obvio que el reajuste salarial tendrá que ser menor y difícilmente se podrá convencer a la masa trabajadora de la motivación objetiva de un incremento que, en el mejor de los casos, no iría más allá del 5,5 por ciento. Es decir un punto y medio porcentual por debajo de lo autorizado para este año.