• La ‘torre de babel’ sobre el tipo de reforma
• No es simplemente ‘trasplantar’ un modelo

A medida que se acerca el final de este gobierno y toma ritmo la campaña presidencial, al tiempo que crece la expectativa por el informe que debe rendir la Misión Pensional en próximas semanas sobre el ajuste que debe aplicarse al régimen de jubilación en Colombia, el debate sobre la materia crece. Precisamente días atrás hubo un foro en la capital del país en torno a este delicado tema. Expertos, gremios y otros centros de estudios económicos sentaron sus respectivas posturas y quedó claro que hay tantas coincidencias como disparidad de criterios respecto a cómo enfrentar la problemática de asegurar el sostenimiento económico de las personas cuando finalizan ciclo productivo laboral.

Entre los puntos de coincidencia el primero, y más preocupante, es sin duda que la sostenibilidad financiera del sistema a mediano y largo plazo no está asegurada, ni en el régimen de prima media como tampoco, incluso, en el de cuentas individuales que manejan los fondos de pensiones privadas. También hay similitud de criterios en torno a que la coexistencia de dos regímenes de jubilación genera más distorsiones que ventajas para el sistema. Por igual se advierte que el porcentaje de trabajadores que cotizan de manera permanente para asegurar su pensión continúa siendo muy bajo, evidenciando así que la informalidad laboral y la evasión continúan siendo los dos grandes enemigos pese a las reformas legales de los últimos años para combatir ambos flagelos.

Asimismo, se podría concluir que casi todos los diagnósticos coinciden en que es necesario aumentar la edad de jubilación en Colombia, que hoy se encuentra en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Sin embargo, si bien se parte de un diagnóstico muy similar, las propuestas de reforma son distintas, al menos en lo que se refiere al énfasis que debería tener el ajuste. Por ejemplo, mientras que para algunos expertos, gremios y centros de estudios es necesario incrementar la edad de jubilación a 65 años, otros aunque están de acuerdo con este aumento difieren en torno a si debe mantenerse o no el diferencial entre hombres y mujeres. También es evidente que no hay uniformidad en las propuestas sobre aumento de las semanas de cotización necesarias para jubilarse, ya que algunas propuestas plantean que este elemento no termina siendo factor determinante si se tiene en cuenta que el ingreso al mercado laboral es cada vez más precoz y un trabajador cumple ese requisito con mucha antelación a la edad mínima para pensionarse.

De igual manera, no hay uniformidad de criterios en torno a la escala de subsidios cruzados sobre las mesadas. Para un sector es necesario mantener este esquema pero mejorando la focalización, de forma tal que se corrija el yerro de que pensionados con altas sumas reciban beneficios en este aspecto, lo que contraría el principio de solidaridad que es premisa del sistema pensional colombiano.

No menos obvia es la contradicción frente a sistemas como el de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), implementado para otorgar auxilios pensionales por debajo del salario mínimo mensual. Algunas propuestas de reforma son partidarias de mantenerlos como mecanismo de cobertura y asistencia solidaria a población adulta mayor que no cotizó lo suficiente, mientras que otras consideran que esta clase de instrumentos producen más distorsiones que beneficios, e incluso generan un efecto perverso que atenta contra los esfuerzos de formalización laboral y de seguridad social…

Como se ve el problema no sólo se reduce a determinar que se requiere una reforma a fondo del sistema de jubilación en Colombia, sino a delinear qué tipo de ajuste es el más adecuado. Es claro que la realidad laboral colombiana es muy distinta a la de otros países y por eso no se puede pensar en simplemente trasplantar un esquema que funcione en otras latitudes. La escala salarial, modalidades de remuneración, la línea de pobreza, tasas de cobertura de seguridad social, índices de formalización laboral, evolución de la esperanza de vida, redefinición del ciclo productivo de la masa de trabajadores… En fin, son muchos los asuntos a analizar antes de entrar a definir qué reforma es la más adecuada. Sólo cuando este asunto esté resuelto se podrá entrar a señalar qué hacer con Colpensiones, los fondos privados, su régimen de inversiones, el modelo de sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazos, el tipo de mesadas a pagar…

Es necesario, entonces, empezar a aterrizar el modelo de reforma que se necesita y acabar, por esa vía, con la ‘torre de babel’ que hoy prima al respecto. No podemos pasar del sobre-diagnóstico de la crisis, al debate eterno sobre qué tipo de ajuste aplicar…