La frase de uno de los líderes del No el pasado jueves, al término de cuatro intensas semanas de análisis y discusión de las propuestas para ajustar el denegado acuerdo de La Habana, en el sentido de que “el balón ahora está en la cancha de las Farc”, resume exactamente la coyuntura del proceso de paz. 

Tanto en los pronunciamientos de los voceros gubernamentales como en los de la oposición quedó en evidencia que si bien hay algunas coincidencias y consensos en torno a parte de las reformas que se podrían aplicar al acuerdo de La Habana, persisten muchas diferencias y de fondo frente a los temas más gruesos. Estos son los relacionados con el modelo de justicia transicional, la elegibilidad política de los guerrilleros culpables de crímenes graves, la conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión, el alcance de la reforma rural en cuanto a los derechos de los terceros tenedores  de buena fe y otros asuntos de igual complejidad.

En perspectiva es claro que los diálogos entre el Gobierno y los líderes del No, que comenzaron apenas tres días después de que el acuerdo fuera denegado en las urnas, terminaron teniendo varios aspectos positivos. 

El primero de ellos, sin duda, que se evidenció que aún en medio de la profunda polarización del país en torno a qué se puede ceder o qué no a las Farc a cambio de que se desarmen y reinserten a la vida civil, fue posible un diálogo Ejecutivo-oposición civilizado, proactivo y, salvo contadas excepciones, procurando de lado y lado asumir posturas públicas “políticamente correctas”.

Este es un logro muy importante. La tarde de ese domingo 2 de octubre, cuando se confirmó -contra todo pronóstico y la mayoría de las encuestas- que el Sí había perdido y el No se impuso por un cerrado margen de 51.000 votos, a nadie se le pasaba por la cabeza que tras más de cuatro años de rifirrafes diarios entre la coalición santista y la oposición, en cabeza del uribismo, fuera posible ver a los voceros de lado y lado sentados en la misma mesa buscando salvar el proceso de paz que los enfrentó durante tan largo tiempo.

Es claro que la foto de la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe tuvo un efecto en el panorama político, no porque la opinión pública crea que puede haber una reunificación de los otrora aliados, sino porque se dejó en la siquis de la ciudadanía que, aun en medio de las diferencias, declarados enemigos pueden apostar por el diálogo, así este solo sirva para recalcar los criterios encontrados.

Lo que no pasó

¿Qué hubiera pasado si tal reunión Santos- Uribe no se hubiera dado? ¿Cómo estaría el ambiente político hoy, un mes y cuatro días después del resultado del plebiscito? ¿Habría tenido algún tipo de viabilidad esta ronda de diálogos Gobierno- oposición si el uribismo se hubiera quedado por fuera? ¿Se mantendría la ONU en su labor de verificar el cese del fuego si no existieran tales conversaciones? ¿Tendría la opinión pública, según la última encuesta, ese nivel de optimismo respecto a que se puede salvar del acuerdo con las Farc, si esta distensión política no se hubiera registrado? ¿Estaría todavía esa guerrilla apostando a una salida negociada al conflicto si no hubiera visto que tres días después de ser negado en las urnas el acuerdo, sus máximos críticos se sentaron con el Gobierno para ver cómo le buscaban un salvavidas? ¿Habrían el Ejecutivo y la guerrilla mantenido el cese el fuego e incluso avanzado hacia una nuevo mecanismo de agrupamiento y localización de tropas subversivas, si los diálogos entre los del Sí y los del No, pese a todas las polémicas a su alrededor, no generaran algún tipo de expectativa positiva? ¿Le habrían dado al presidente Santos el Premio Nobel de Paz si no se hubiera confirmado, tres días antes del anuncio en Oslo, que santismo y uribismo se sentarían a dialogar para buscarle una salida al limbo del proceso? ¿Estaría la comunidad internacional tan jugada a favor de mantener el apoyo al proceso si no tuviera una luz de esperanza en torno a que alguna solución se le va a encontrar a la difícil coyuntura? …

Esos y muchos otros interrogantes muy posiblemente habrían tenido una respuesta negativa de no mediar el diálogo nacional. Es indudable.

El acuerdo de paz aún vive y lo cierto es que ninguna de las partes se levantó de la Mesa pese a que prácticamente no hubo día en que desde la orilla de la oposición no se advirtiera que el Ejecutivo quería desconocer el resultado de las urnas y hacerle  “conejo” al mandato popular, evitando reajustar el pacto en los temas de fondo. 

Ello mientras que desde las toldas oficiales se replicaba que había un ánimo dilatorio de la oposición en las conversaciones, con el único fin de seguir capitalizando políticamente el triunfo del No y montar una plataforma electoral para el 2018. 

Pero no fueron esos los únicos desencuentros entre el Gobierno y los del No, pues mientras los voceros del primero recalcaron a cada segundo que la renegociación del acuerdo con las Farc debía ser realista y en pos de salvarlo, la oposición replicó a cada tanto que había una clara intención del Ejecutivo de dividir ese bloque con el fin de acordar con una parte de los contradictores ajustes “cosméticos” al acuerdo, dejando por fuera los temas más polémicos que motivaron el triunfo de esa opción en el plebiscito.

Incluso, ese diálogo nacional se mantuvo contra viento y marea a pesar de momentos tan difíciles como cuando el presidente Santos, esta semana en Londres, relativizó ante el Parlamento británico el triunfo del No, afirmando que ganó por una escasa diferencia y reiterando, de paso, que la campaña de los contradictores al proceso de paz estuvo fundada en mentiras y desinformación. 

Cuando se creía que semejante declaración del Jefe de Estado ahora sí rompería el diálogo nacional, los líderes del No, aunque replicaron duramente a Santos, no se levantaron de la mesa.

Y qué decir de otra prueba de fuego que el propio Presidente también le hizo el miércoles pasado, en su visita de Estado a Inglaterra, a las conversaciones con la oposición. Temprano en la mañana dio unas declaraciones en las que pareció insinuar que si se lograba renegociar el acuerdo con la guerrilla, este no sería sometido de nuevo a refrendación popular directa, es decir a votación en las urnas, sino que sería llevado directamente al Congreso para que allí arrancara la implementación de una vez por todas. 

Como era apenas obvio en cuestión de minutos la oposición puso el grito en el cielo y reiteró la tesis del “conejo” al dictamen de las urnas, recordándole al Jefe de Estado que no sólo debía respetar el triunfo del No, sino cumplir su propia palabra, ya que desde que se conoció el diálogo secreto con esta guerrilla en 2012, siempre recalcó que todo lo aprobado se sometería a refrendación popular y la ciudadanía tendría la última palabra. 

Tres sobre la mesa

En medio de rumores en torno a que, ahora sí, la mesa del diálogo nacional se iba a romper, el Gobierno pareció rectificar o morigerar su postura apenas unas horas después, por boca del propio Presidente.

Desde Londres Santos explicó que para la refrendación había varias alternativas sobre la mesa. Mencionó específicamente tres, empezando por la posibilidad de volver a citar un plebiscito para que los colombianos se pronuncien otra vez sobre un eventual nuevo acuerdo, obviamente distinto al ya rechazado el 2 de octubre.

En segundo lugar insistió en la posibilidad de acudir directamente al Congreso, pero no aclaró si ello se haría previo acuerdo político con todos los partidos o, en caso de no conseguirse, se presentaría el nuevo acuerdo al Parlamento y allí se daría un pulso, a voto limpio, entre oficialismo y oposición.

La tercera alternativa que Santos puso sobre el tapete es la relativa a “preguntarles a nuestros más de 1.100 municipios, en una discusión abierta en cada uno, para ver si el municipio quiere o no aprobar el acuerdo”.

Pero esas precisiones del Primer Mandatario lejos de calmar las aguas, las picaron aún más. A la alternativa de volver a citar un plebiscito, algunos analistas y dirigentes políticos replicaron que esto solo sería viable si el acuerdo de La Habana, que no fue aprobado por la mayoría de los colombianos, es realmente ajustado a fondo. 

Sostienen los críticos que el Gobierno parecería estar apuntando a dividir a los del No para lograr con una parte de estos un consenso sobre reformas de poco alcance al pacto con las Farc y, tras el visto bueno de la Mesa en La Habana a estos cambios “cosméticos”, someter el texto de nuevo a votación popular, que cree que ahora sí ganaría por haber disminuido la oposición  al pacto por parte de sectores como los de las iglesias cristianas y otros.

Agregan los del No que si esto ocurre se estaría configurando una especie de fraude al elector, pues se le citaría nuevamente para que se pronuncie sobre algo que ya rechazó, pero que ahora se le presentaría artificiosamente como nuevo pese a que las modificaciones son menores.

En cuanto a la posibilidad de acudir directamente al Congreso tanto algunos dirigentes del Sí como la mayoría de los de la oposición advierten que esta alternativa no es viable porque se estaría desconociendo el voto del 2 de octubre.

Además, la propia sentencia de la Corte Constitucional recalcó que el triunfo del No le restringía al Presidente de la República acudir a cualquier mecanismo para tratar de implementar lo que ya le fue negado por la ciudadanía. Incluso algunos juristas indican que si bien el Congreso conserva la autonomía para tramitar las leyes y las reformas constitucionales que tenga a bien, la propia Carta Política le establece restricciones tratándose de temas relacionados con las columnas vertebrales del ordenamiento democrático e institucional, impuestos, implementación de acuerdos de paz con grupos alzados en armas y asuntos relacionados con el orden público y las Fuerzas Armadas y de Policía. Todos estos temas son de competencia e iniciativa única y exclusiva del Jefe de Estado. 

En otras palabras que muchas leyes y reformas derivadas del acuerdo con las Farc solo pueden ser tramitadas si son presentadas al Parlamento por el propio Gobierno, pero este, como ya se dijo, no puede hacerlo ya que perdió el plebiscito y esa decisión de las urnas es vinculante para él.

En cuanto a la consulta en los 1.100 municipios es claro que se está refiriendo el Presidente a la propuesta de acudir a los cabildos abiertos como salvavidas del proceso de paz. Esta idea fue lanzada por un exmagistrado apenas días después del fracaso del plebiscito, bajo la tesis de que los cabildos son uno de los mecanismos de participación popular autorizados por la Constitución y podrían ser la alternativa rápida que requiere un nuevo acuerdo de paz para ser blindado política y jurídicamente, abriendo paso seguro a su implementación.

Sin embargo para algunos juristas y líderes del No la figura de los cabildos abiertos no se podría aplicar en este caso, ya que su propia naturaleza -y así lo ha ratificado la jurisprudencia de la Corte Constitucional- la determina para que las comunidades discutan asuntos de carácter local y tomen decisiones que, sin embargo, no tiene fuerza jurídica mandatoria para las autoridades.  

“No sé por qué a este Gobierno le gusta meterle mano y desfigurar los mecanismos de participación ciudadana… Primero derogó la prohibición de votar referendos el mismo día de elecciones ordinarias. Luego se inventó el plebiscito especial, bajando atropelladamente el umbral del 50 al 13 por ciento y haciendo vinculante el resultado en las urnas…Y ahora quiere utilizar los cabildos abiertos, que son una figura de democracia y participación local, para un tema nacional, partiendo de la extraña tesis de que sumar lo que se defina en 1.100 municipios tiene tanta validez como lo que se pueda definir en un plebiscito o en un referendo o incluso en una consulta popular del orden nacional… Le pongo un ejemplo de lo ilógico de esta propuesta: sería como si para elegir Presidente de la Republica, en lugar de citar a una elección nacional, se pidiera votar por municipios y luego determinar el nuevo Jefe de Estado con base en el candidato que ganó en más localidades”, explicó un exmagistrado de la Corte Constitucional  que pidió la reserva del sumario.

400 propuestas

Lo cierto es que pese a todas esas polémicas y desencuentros el diálogo nacional entre los del Sí y los del No llegó hasta su punto final el jueves pasado, cuando se anunció que las más de 400 propuestas de ajuste al pacto fueron compiladas en 60 ejes temáticos, reunidos en un documento que ayer el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, tras presentárselo al presidente Santos y partir hacia Cuba, lo entregó oficialmente a los negociadores de las Farc.

¿Qué puede pasar ahora? Esa pregunta es muy difícil de contestar. Como se sabe los cabecillas de las Farc, especialmente Rodrigo Londoño e Iván Márquez, así como el abogado asesor de la guerrilla, Enrique Santiago, han advertido que el acuerdo sí puede ser ajustado en algunos temas. Pero también han recalcado que asuntos como la justicia transicional o la elegibilidad política hacen parte del núcleo del pacto firmado y la subversión no está dispuesta a echarlos para atrás. 

Por eso mismo es que los líderes del No dijeron el jueves pasado que “el balón está en la cancha de las Farc”, queriendo significar lo que para todo el país y la comunidad internacional es más evidente: si la guerrilla no cede en modificaciones de fondo al pacto ya denegado en las urnas, entonces mucho de lo avanzado en la etapa de diálogo nacional en Colombia entre los del Sí y los del No se perderá.

Ya está claro que lo que inicialmente se pensaba, cuando arrancaron las conversaciones entre la coalición santista y la oposición, en torno  al objetivo de esos diálogos no se cumplió. Como se recuerda, la idea del uribismo y de otros sectores del No como el expresidente Andrés Pastrana, la excandidata Marta Lucia Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez, voceros de Iglesias cristianas, así como de organizaciones de víctimas de la guerrilla, era que la revisión del acuerdo desembocaría en una propuesta de ajuste que el Gobierno acogería como propia e iría a La Habana a defenderla y negociarla con las Farc. 

Sin embargo, eso no ocurrió. Lo que el Gobierno terminó gestionando en estas cuatro semanas de diálogo con los críticos del proceso fue la recepción y análisis de sus más de 400 propuestas y la compilación de las mismas en 60  ejes temáticos que el Ejecutivo llevará a la Mesa como un documento de trabajo para que ambas partes lo revisen y definan cuáles modificaciones son viables y cuáles no. 

En otras palabras, el Gobierno no va a defender como propio ese plan de ajuste sino que simplemente se encargó de confeccionarlo en Colombia y llevarlo, para su  discusión, a La Habana. Tan es así que los del No consideran que un representante suyo debería acudir como testigo a las negociaciones en Cuba para garantizar que las propuestas de ajuste efectivamente se discutan y sean tenidas en cuenta por ambas partes. 

A ello se suma que dentro de ese plan de ajuste que el Gobierno presentó en La Habana, no solo están contenidas las opiniones de los del No sino otras posturas que, sin duda, apuntan a tener más peso debido a su carácter institucional y ajeno al clima de polarización política entre partidarios y contradictores del proceso de paz. 

Esas posturas son las que expusieron de manera clara, detallada y pública las altas Cortes judiciales. Como se sabe tanto, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia e incluso la Fiscalía General de la Nación, si bien respaldaron el modelo de justicia transicional como marco de la judicialización de los delitos cometidos en el marco del conflicto, sentaron sus ópticas respecto a los ajustes que requiere la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pactada de La Habana.
Para los dos altos tribunales es claro que esta JEP no se puede convertir en una justicia paralela en Colombia, como tampoco ser prevalente sobre la Jurisdicción Ordinaria. Tampoco puede poner en duda o levantar el principio de cosa juzgada de las sentencias ya emitidas por los  jueces normales. 

De allí que propongan las altas Cortes que la JEP haga parte de la Rama Jurisdiccional ya establecida y que se creen instancias que eviten choques de trenes y de competencias entre ambas. También se oponen a que haya magistrados de origen extranjero y consideran que hay que reglamentar temas como la procedencia de las acciones de tutela, la extradición…

Como se ve hay, entonces, dos orígenes distintos de propuestas de ajuste al acuerdo. De un lado están las del No, que tanto Gobierno como Farc encuadran como provenientes de la oposición política. Y, de otra parte, están las opiniones institucionales, objetivas y de orden superior de las altas Cortes sobre el tema jurisdiccional.   

El problema aquí es que si se niegan las alternativas de reforma que proponen los del No, se complica el escenario político de cara a un consenso que permita salvar el acuerdo.  Peor si también se niegan las recomendaciones de los máximos tribunales, la viabilidad misma del modelo jurídico pactado en La Habana quedará en vilo, pues no tendría presentación que los criterios de los más altos magistrados fueran obviados o desatendidos.

Al final de cuentas…

Pero todo lo anterior termina quedando en un segundo plano frente el asunto central y sustantivo de que son las Farc las que tienen en sus manos el futuro del proceso de paz. Si mantienen su inamovible en materia de justicia transicional, elegibilidad política, conexidad entre el narcotráfico y rebelión, alcance de la reforma agraria y otros asuntos que motivaron a gran parte de los votantes del No, simple y llanamente el proceso de paz quedara más cerca de romperse que de salvarse.

Aun así, incluso para los más escépticos, resultó positivo que el viernes pasado se anunciara que mañana comenzará a funcionar la misión para verificar el cumplimiento del cese al fuego entre las partes, que además de tener delegados de lado y lado es encabezada por la ONU. Esto implica, entonces, que se dará un primer paso para el “preagrupamiento” de los frentes de la guerrilla en determinadas áreas, en tanto que el desarme queda aplazado hasta que se sepa la suerte del proceso de paz.

Sin embargo, resultó un campanazo que casi de forma paralela las Farc anunciaran un primer caso de deserción de cuatro guerrilleros, específicamente del frente “Martín Caballero” que opera en el norte del país. Aunque alias ‘Marcos Calarcá’ negó que se tratara de una “disidencia” y reiteró que esa organización subversiva se mantenía unificada en torno al proceso, en varias regiones del país corren rumores sobre más deserciones y disidencias de subversivos, que huyeron incluso con armas y fuertes sumas de dinero. También se especula sobre subversivos de las Farc que piden pista en el Eln o las Bacrim para seguir delinquiendo, y otros que simple y llanamente prefieren volver a la vida civil de forma anónima sin pasar por el filtro de la desmovilización.

Esta denuncia de las Farc sirvió para que el Gobierno y sus afines insistieran en que debe acelerarse la firma de un acuerdo de paz, pues, según lo dijo Santos el viernes antes de emprender regreso a Colombia tras su visita de estado a Inglaterra, la demora hace que se corra el riesgo de que el proceso se “desbarate”.

Si se aplica el realismo a la coyuntura de la negociación con las Farc, tiene que concluirse que ideológica, política y electoralmente las Farc ni el uribismo, como cabeza visible de la oposición, parecieran estar dispuestos a ceder sustancialmente en sus posturas. 

Si ello es así, lo más probable es que no habrá mayor ajuste al pacto en la Mesa de La Habana y el país sería sometido de nuevo a un pulso político, abierto y sin cuartel. Un pulso entre los partidarios de un renegociado acuerdo que venderían como el “mejor posible” de alcanzar y los sectores que sostienen que sería imposible aceptar dicho pacto ya que el anhelo de paz de todos los colombianos no puede implicar semejante dosis de impunidad y de transacción de la majestad institucional. 

Así las cosas, ahora es que empieza a definirse, realmente, el futuro del proceso de paz con las Farc. Corresponderá a ellas, en el análisis de sus propósitos e intereses de corto, mediano y largos plazos, decidir qué tanto cede en los temas gruesos del acuerdo y en qué asuntos no moverán una sola coma. Solo cuando ese panorama se vaya aclarando se podrá establecer si las Farc, al tener el balón en su cancha, decidieron seguir jugando para llevar a buen término el partido de la paz o, en su defecto, reventaron el esférico muy lejos y acabaron de plano con la negociación.