INTERVENCION DEL GOBIERNO COLOMBIANO
Cortocircuito con Gas Fenosa por Electricaribe

Foto Agence France Press

Luego de intensas discusiones, el Gobierno y los inversionistas españoles de Gas Natural Fenosa, propietarios de Electricaribe, no llegaron a ningún acuerdo. Ante esta situación la Superintendencia de Servicios decidió intervenir la compañía.

Según el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, “la toma de posesión es la mejor alternativa para garantizar el servicio de energía en la Costa Caribe”. El funcionario dijo que de esta forma se garantiza la prestación del servicio a todos los departamentos de esta región del país.

El jefe de esta cartera señaló que "buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa, accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción para proteger a las familias del Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre es la toma de posesión", dijo el jefe de la cartera desde Barranquilla.

El Gobierno y Gas Natural Fenosa se reunieron durante el fin de semana tanto en Bogotá como en Barranquilla en busca de una solución para superar los problemas financieros y de calidad en la prestación del servicio.

En sus declaraciones destacó los avances del ‘Plan5Caribe’ que ha adjudicado obras nacionales y regionales por $3,4 billones, para asegurar la energía que necesita la región para los próximos años. Mientras que entre 1998 y 2010 se adjudicaron 3 proyectos nacionales y regionales, en los últimos años se han adjudicado más de 30 proyectos.

"Acompañaremos y respaldaremos a la Superintendencia de Servicios Públicos que sabemos está preparada para este momento y ha activado los mecanismos legales para proteger a los usuarios. Que no quede la menor duda: seguiremos trabajando para garantizar la energía que necesita el Caribe, a través de las inversiones del Plan5Caribe que venimos liderando, y de la revisión del modelo de prestación del servicio de energía", afirmó.

 

Apoyo

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, manifestó su respaldo al Gobierno nacional frente a la intervención de Electricaribe.

“Esto se veía venir, el Gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República, el Ministro de Minas y el Superintendente de Servicios Públicos quemaron los últimos cartuchos el pasado fin de semana, en la búsqueda de un acuerdo con Gas Natural Fenosa que posibilitara que el ‘Plan5Caribe’ pudiera ejecutarse en el componente que le corresponde a Electricaribe, la única manera de hacerlo es a través de una capitalización de Gas Natural Fenosa a Electricaribe y ante su negativa, no quedaba camino distinto al de la intervención, la cual respaldamos plenamente desde la FND”, manifestó el exministro Acosta.

Para el Director Ejecutivo de la FND, la decisión del Gobierno nacional de intervenir Electricaribe era necesaria como único camino para garantizar la prestación del servicio de energía a los 2,5 millones de usuarios y seguir avante con la ejecución del ‘Plan5Caribe’.

“En esta circunstancia, desde luego estaremos vigilantes de que esta intervención se dé de manera apropiada, sabemos que este plan de contingencia ya estaba estructurado, o sea la Superintendencia no está improvisando. Este plan B ya se tenía definido en el evento que no se llegara a un acuerdo, como en efecto no se llegó”, afirmó Amylkar Acosta.

Ante la responsabilidad del Gobierno de garantizar la prestación del servicio de energía a los usuarios, el Director Ejecutivo de la FND manifestó que “la primera prioridad que tiene la intervención con fines de administración, y para lo cual ya se tomó posesión es precisamente para espantar el fantasma del racionamiento y eso se hace cubriendo las garantías que ya están vencidas, y para eso se tiene plazo hasta mañana. De tal manera que ya la responsabilidad es del Gobierno nacional de cubrir esas garantías y evitar que entremos en limitación de suministro”.

El presidente de la Asociación Nacional de Generadores, Andeg, Alejandro Castañeda, dijo que se espera que con la intervención de Electricaribe por parte del Estado se retome el flujo normal del negocio. Es decir, “que todas las obligaciones de compra y venta de energía se mantengan y se cumplan”.

El directivo manifestó que para el sector de generación es determinante que se presenten garantías por cerca de $80 mil millones y se pague el consumo de energía de la costa Caribe. “De esta forma podremos garantizar que las empresas que producen la electricidad continúen haciéndolo sin tener que enfrentar un evento de estrés financiero”.

Así mismo, Castañeda dijo que “confiamos en que el Gobierno, durante la intervención, gestione el pago de la energía causada en el mes de octubre por un valor aproximado de $165 mil millones”.

A su turno la Cámara Colombiana de Energía, CCEnergía, respaldó la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de intervenir y tomar posesión de Electricaribe, y a su vez, reiteró que dicho procedimiento debe redundar en una mejora en la suficiencia, calidad y confiabilidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica en los departamentos de la región Caribe. De igual forma, se debe garantizar el pago de las obligaciones vigentes y futuras que adquiera la empresa con sus proveedores de electricidad, bienes y servicios.

“Esperamos que el liderazgo de Edgardo Sojo, Javier Lastra y las altas directivas de la Superintendencia, traigan como resultado de mediano plazo una solución definitiva a las condiciones de la prestación del servicio de electricidad en los 7 departamentos de la Costa”, señaló el gremio en un comunicado.

 

Responsabilidad

El contralor general de la República, Edgardo Maya, pidió al Gobierno máxima responsabilidad y seriedad en el proceso de intervención de Electricaribe, pues sostuvo que no llevarse a cabo de forma adecuada el país se podría ver abocado a demandas internacionales.

Señaló el Contralor que el Estado ni los colombianos tienen por qué pagar en caso de que se presenten errores en el proceso.

Para Maya, los problemas de Electricaribe son una muestra del fracaso del proceso de privatización de las empresas regionales, que eran ineficientes pero que al pasar al sector público las cosas poco cambiaron.

Señaló cómo el despacho a su cargo realizó hallazgos fiscales por valor superior a los 60 mil millones de pesos, ante la falta de inversión y mejoramiento en la prestación del servicio.