La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estaba más que cantada y de allí que la medida adoptada el martes pasado más que sorpresiva fue, incluso, calificada como tardía por muchos de los gobernadores y alcaldes de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre, así como por sus millones de habitantes que llevaban varios años recibiendo un servicio deficiente por parte de la empresa de cuyos bienes, haberes y negocios tomó posesión el ente regulador.
Era claro desde hace tiempo que Electricaribe bordeaba ya los límites mínimos de operación permitidos por la Ley 142 de 1994 que es la norma marco de la prestación de servicios públicos en el país. En ese orden de ideas, la decisión de intervención se puede considerar como jurídicamente sólida, ya que, como lo advirtió la misma Superintendencia, la crítica situación financiera hacía inminente una cesación de pagos, a lo que se sumaba el hecho objetivo de que la empresa no estaba en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas, pues el aumento de los cortes se había vuelto en los últimos meses el drama diario de millones de habitantes y el principal factor de pérdida del comercio, la industria y todo el sector productivo de la región Caribe.
Aunque muchos sectores políticos, económicos, sociales, gremiales, seccionales y locales venían urgiendo desde hace varios años la intervención de la empresa, es claro que no se trataba de una decisión fácil, pues la motivación debía estar sustentada al cien por ciento, más aún después de que la multinacional española Gas Natural Fenosa, que es la accionista mayoritaria de Electricaribe, notificara en septiembre pasado la existencia de una "controversia" con el Estado colombiano y solicitara el inicio de un diálogo "amistoso". Ese proceso se llevó a cabo pero sin resolución positiva alguna.
Como consecuencia de esa notificación, de inmediato no sólo se prendieron las alertas por la posibilidad de una demanda contra la Nación por un monto que, según dirigentes políticos costeños, podría ascender a los 3,4 billones de pesos, sino porque la existencia de un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito por España y Colombia, obligaba a llevar el pleito ante una instancia de arbitraje internacional.
En ese orden de ideas, la toma de posesión de Electricaribe se complicó aún más, ya que durante los últimos años los diálogos con la empresa para que mejorara sus estándares de servicio y cumpliera con el plan de inversiones en infraestructura, modernización y ampliación de redes, transformadores y demás, no dieron ningún resultado tangible. Mientras los gobernadores y demás autoridades de la región sostenían que los cortes de energía aumentaban progresivamente, con la afectación consecuencial a sus 2,5 millones de usuarios, la empresa replicaba que su problemática financiera se debía a una cuantiosa cartera morosa producto del impago de miles de hogares por el servicio y los fraudes por conexiones ilegales a su red.
Pendientes de la evolución del pleito jurídico que se avecina y para el cual ya la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano debe estar tomando las previsiones necesarias en aras de proteger el erario, lo importante en el aquí y ahora es tener claro que la toma de posesión de Electricaribe no resolverá por sí sola la crisis en el servicio de energía en la región. Todo lo contrario, el plan de recuperación de la eficiencia de la electrificadora es muy complejo y requiere trabajar en distintos flancos, que empiezan por una fórmula de saneamiento financiero realista, una reestructuración operativa urgente, una estrategia para recuperar la abultada cartera morosa -que también incluye a muchas entidades públicas-, una campaña efectiva para combatir la cultura del ‘no pago’ y, como si todo lo anterior fuera poco, medidas de fondo para reducir al máximo el número de conexiones fraudulentas a la red de distribución. Todo ello acompañado de un mecanismo viable a corto plazo para cumplir con la modernización de infraestructura energética que hace parte del llamado “Plan5Caribe”.
Es claro que la toma de posesión está respaldada en el mandato que la Constitución le impone al Estado, en el sentido de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional. Sin embargo, como reza el refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. La sola intervención no es una panacea ni producirá resultados inmediatos, pese a que la ansiedad y el desespero de los millones de habitantes de la costa Atlántica quisieran creerlo así. Aquí es necesario ser realistas: este no será un proceso rápido ni las soluciones fáciles de implementar. Las fallas son estructurales y demandarán tiempo, trabajo continuo e inversiones millonarias que es necesario provisionar desde ya. La postura de Gas Natural Fenosa esperando que se trate de una medida temporal se estrella con la propia complejidad de esta problemática.
Como se ve, la papa caliente de Electricaribe continúa siendo un problema candente, así el encargado de bajarle la temperatura y gravedad a la crisis ahora sea el Gobierno.