Los procesos electorales que este año y en el 2022 tienen y tendrán lugar en los países de la región latinoamercana y del Caribe están poniendo a prueba, una vez más, no sólo el estado de las democracias, sino el Estado de Derecho que se proclama en las diversas constituciones.

En casi todos los casos, sino en todos, las elecciones han estado precedidas de sendas manifestaciones y, en algunos casos, revueltas populares, discusiones perversamente polarizadas entre extremos políticos y, en general, de expresiones de descontento y desilusión de los habitantes de los territorios soberanos..

Con estos escenarios, cabe preguntarse por la eficacia y efectividad con que se están cumpliendo los fines para los cuales el Estado existe. En términos generales, puede decirse que el propósito del Estado, de sus instituciones y órganos y autoridades existentes tienen justificación en cuanto a través de unas y otros se logre el interés público. Ello se traduce en que las decisiones, medidas, acciones que se emprendan y las políticas, se diseñen e para obtener el mayor beneficio posible, para superar problemas previamente diagnosticados, que afectan el desarrollo de la sociedad y de cada uno de los integrantes, que hacen parte del conglomerado social.

De lo que se trata es de contar con adecuadas políticas públicas entendidas como el conjunto de acciones, instrumentos, decisiones, que, con la previa participación ciudadana, diseñe e implemente la administración pública para atender las necesidades estructurales de aquellos a quienes las autoridades deben servir.

Si los países de la región aplicaran con rigurosidad y disciplina un modelo integrado de planeación y gestión, los resultados serían significativos y consistentes con los objetivos que cada gobierno se trace. Ello contribuiría a generar un valor público para la sociedad como un colectivo, que es lo que promueven instituciones como la Cepal. De esta manera, adicionamente se lograría la garantía y efectividad de los derechos fundamentales individuales y colectivos que consagran todas las cartas fudamentales de los estados y por tanto la insatisfacción ciudadana no sería tan alta; los reclamos individuales a través por ejemplo de acciones judiciales o administrativas se reducirían drásticamente y por tanto las decisiones, muchas veces contradictorias, que exceden las competencias de los órganos y autoridades y que contribuyen a generar una inseguridad jurídica que debilita el Estado de Derecho, serían la excepción y no la regla, como sucede en la actualidad. En términos de recursos económicos, estos estarían mucho mejor aprovechados. 

Por supuesto que el modelo señalado implica una constante evaluación de esas políticas públicas que, entre otras cosas, permitirá un mayor acercamiento entre administración  y ciudadanía, una adecuada rectificación, si ello corresponde, y/o una complementación de lo inicialmente diseñado.

No se trata de no desarrollar, garantizar y hacer efectivos los derechos fundamentales individuales que provienen de la dignidad humana y que efectivamente son consustanciales al Estado Social y democrático de derecho.  Todo lo contrario. Ello debe hacerse, sin lugar a dudas, de manera contundente y por supuesto manteniendo los mecanismos contemplados para su reclamo y defensa en todos los ordenamientos jurídicos. Pero no se puede perder de vista en ese camino, la necesidad de que el Estado vele por el interés general y los derechos colectivos que interesan a la sociedad que es la población objetivo de las políticas públicas que debe desarrollar una buena administración.

@cdangond