A comienzos de septiembre la Administración Distrital radicó, ante el Concejo de Bogotá, el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del año entrante, por $28,5 billones. De los mismos, $24,36 billones (85%) serán para inversión; $3,44 billones (12,1%), para funcionamiento; y $0,7 billones (2,5%), para el servicio de la deuda.
Tras la selección de los concejales ponentes (Carlos Carrillo, Óscar Ramírez Vahos y Andrés Onzaga), quienes aún no han radicado sus ponencias pero deberían hacerlo en el marco de esta semana, ya hay cuatro grandes peros a este proyecto de Acuerdo que probablemente serán ampliamente discutidos cuando comience la discusión del articulado.
Se trata de los rubros destinados a las carteras de Movilidad, Seguridad, Integración Social, y hay una preocupación sobre el subsidio de los servicios públicos. Adicionalmente, a la luz del presupuesto del año entrante, hay una preocupación generalizada por la baja ejecución presupuestal de esta Alcaldía.
Baja ejecución
Por ejemplo, de acuerdo con la concejal de la Alianza Verde y miembro de la comisión de Hacienda, Lucía Bastidas, “hay entidades que tienen los niveles de ejecución demasiado bajos. Seguridad no ha ejecutado el 60% y, de 75 metas trazadas, 35 iban por debajo del 50%. Nos ponen en una disyuntiva: ¿Necesitamos plata para la seguridad en Bogotá? Sí, pero para qué, si no la están ejecutando. Debería castigarse la baja ejecución”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Bastidas.
Por su parte, el concejal de Cambio Radical Yefer Vega indicó que, con corte al 11 de noviembre de 2021, es inadmisible que la Administración lleve un 68,3% de ejecución y unos giros del 46,8%. El concejal precisó que solo 10 de las 45 entidades del Distrito presentan una ejecución por encima del 85%, pero que estas mismas tienen únicamente $229 mil millones, es decir, un 1% del presupuesto del 2021.
Añadió que otras 23 entidades tienen un promedio de ejecución del 76%, a 49 días de terminar vigencia, y 13 entidades se encuentran con una ejecución promedio del 40%. Y a eso hay que sumarle, indicó el concejal Vega, lo que no ha comprometido el acueducto del billón que tiene, con lo que se suma un 39% del presupuesto de este año disponible.
“¿Es consecuente que a mes y medio de terminar el 2021 no se haya ejecutado un 33% del presupuesto y se tenga sin girar un 54%? Al parecer no todas las entidades ni sus directivos se han visto tocados por las necesidades de la ciudad. No se pueden perder recursos en medio de una pandemia y de la fase de recuperación”, aseguró el concejal Vega.
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El elevado rubro para Movilidad
Con relación a la seguridad, una de las preocupaciones que más aquejan a los bogotanos, el presupuesto del año entrante tiene destinado un rubro del 0,59% del presupuesto, equivalente a $590 mil millones. Frente a este monto, varios concejales llamaron la atención sobre lo bajo que es y sobre cómo no refleja el sentir ciudadano.
“Nosotros sentimos que hay una desconexión entre las prioridades presupuestales de la alcaldesa con la realidad y las preocupaciones de la gente. Cuando uno ve el bajo incremento en el caso del presupuesto destinado a este rubro, que es del 4 al 5% cuando otros rubros tienen un incremento mayor, eso hace pensar que difícilmente vamos a tener una mayor efectividad a la hora de combatir el crimen”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal del Centro Democrático Andrés Forero.
Adicionalmente, a varios concejales les preocupa que mucho de este rubro está destinado a obras en riesgo de no quedar contratadas.
“La prioridad de la Alcaldía es la movilidad para diseñar obras que no van a quedar contratadas. Si no quedan contratadas, los recursos invertidos en sus estudios y diseños terminarán en la basura. Para nosotros es muy importante que este presupuesto tenga coherencia con el sentir de la Administración en su presentación del mismo, en donde claramente señaló que este es un presupuesto orientado para la inversión social y el desarrollo, cosa que no se ve reflejada en su contenido”, expresó a EL NUEVO SIGLO la concejal de Cambio Radical Carolina Arbeláez.
Bajo rubro para Integración Social
El otro pero frente al cual ya comenzaron a llamar la atención las concejalas de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS fue sobre el rubro destinado a Integración Social, que corresponde al 7% del total del presupuesto, equivalente a $1,8 billones.
A este respecto, la concejal de la comisión de Hacienda Ana Teresa Bernal dijo que Bogotá está ante un presupuesto “que profundiza la pobreza y opta por la privatización y la venta del patrimonio público de los bogotanos”. Precisando que el grueso de la inversión se destinará a infraestructura de transporte público “que luego será entregada a los operadores privados”, la concejal dijo que los tres presupuestos de la ciudad cuidadora han sido para salvar Transmilenio.
“A la ciudad cuidadora en el presupuesto del año entrante solo se le asigna el 0,1% del presupuesto a la Secretaría de la Mujer. Es aterrador que movilidad se siga llevando el grueso de los recursos, cuando los sectores más importantes de la economía, los de la gente, van a tener reducciones significativas en el presupuesto 2022”, indicó por su parte la concejal Bernal, quien no dejó de referirse al rescate social que se destinó, en su gran mayoría, a los operadores privados de Transmilenio.
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Subsidios de servicios públicos
Por su parte, el concejal ponente, Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo), ha insistido sobre cómo los subsidios de los servicios públicos domiciliarios serán “el caballo de Troya” del presupuesto del año entrante.
A este respecto el concejal refirió que la Administración incluyó los subsidios a estos servicios como una herramienta de chantaje para que los concejales aprueben el Proyecto, toda vez que la ciudad no se puede quedar sin subsidios (para los estratos 1, 2 y 3) de acueducto, alcantarillado y aseo.
Faltando dos meses para que la vigencia de los subsidios de estos servicios públicos domiciliarios caduque en Bogotá, el cabildante señaló que por la negligencia y la pereza de la Administración de no presentar un Proyecto de Acuerdo independiente y con anterioridad, ahora la ciudad está en riesgo de quedarse sin subsidios de los servicios de aseo, alcantarillado y acueducto.
Por lo mismo, el concejal llamó la atención sobre como la inclusión de este factor dentro del presupuesto 2022 es un total despropósito y responde a una jugada política de la Alcaldía de Claudia López para obligar a los concejales a aprobar su Proyecto.
Incluso el concejal indica que esta decisión no solo afecta la unidad de materia del Proyecto, ya que la Ley Orgánica de Presupuesto no establece el tema de los subsidios y, por ende, deben presentarse por aparte, sino que además le reduce la vigencia a los subsidios de servicios públicos de cinco años a tan solo un año, dejando esto como herramienta de presión para la discusión de los presupuestos año tras año.
Es importante destacar que, como el Acuerdo Distrital 659 de 2016 permite que los subsidios de servicios públicos domiciliarios tengan una vigencia de cinco años, esto genera una independencia en el presupuesto anual del Distrito y los blinda de intereses políticos. Sin embargo, si la propuesta de Presupuesto 2022 se llega a aprobar tal como está, estos subsidios quedarían sujetos a la volatilidad y complejidad de que cada año se incluya dentro del presupuesto, por quedar sujeto al principio de anualidad que requieren cumplir los presupuestos.