La situación que vive la comunidad Embera asentada en el Parque Nacional no aminora y, pese a que la Administración Distrital les ha ofrecido alternativas de alojamiento transitorio, la reticencia de los voceros políticos de esta comunidad (que no son Embera) a aceptar las ayudas del Distrito, están poniendo en riesgo la salud y la vida de casi 290 menores de edad.
Ante esta situación, el Distrito denunció que el avance de diálogo con la comunidad está siendo condicionado, por parte de sus voceros, a través de dos solicitudes: contratos para ellos mismos por un valor de $114 millones y la financiación de cuatro ollas comunitarias, cada una por un valor de $26 millones, para un total de $104 millones. Estas dos solicitudes, vale precisarlo, le costarían al Distrito un total de $218 millones.
De hecho, a través de un correo electrónico enviado el pasado domingo 7 de noviembre al subsecretario de Gobierno, los voceros políticos de esta comunidad hicieron la solicitud de una serie de contratos de prestación de servicios con el Distrito, y en el listado está incluida María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos en diferentes entidades y exige otro más.
Subsecretario denuncia
Ante esta situación, el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia, así como al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la presunta vulneración de derechos de niños y adolescentes que aún están en las inmediaciones del Parque Nacional y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores.
Esta fue una denuncia que se hizo desde el pasado 29 de septiembre, día en que inició la ocupación ilegal, y 29 niños han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, cuatro niños y dos adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido tres partos en condiciones precarias.
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“Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua, y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia. No vamos a permitir que en Bogotá se instrumentalice a ningún menor”, indicó este jueves Daniel Camacho, subsecretario de Gobierno.
Cinco mesas de diálogo
Desde el Distrito se han adelantado cinco mesas de diálogo con los voceros políticos, en las que ha participado el Ministerio Público y en donde se les ha ofrecido traslado a dos lugares en mejores condiciones, los cuales se han negado a aceptar.
El Distrito les ha ofrecido la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, en donde las personas que sí se acogieron cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y en donde los menores han tenido acceso a educación y recreación, entre otros.
El otro sitio ofrecido por el Distrito fue un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) ubicado en la localidad de Santa Fe, que se acondicionaría para que pudieran recibir los servicios básicos esenciales.
El Subsecretario de Gobierno fue enfático al afirmar que la Alcaldía Mayor de Bogotá seguirá abierta a las mesas de diálogo, mientras la Unidad de Víctimas del Gobierno nacional hace su proceso de reubicación o retorno a sus lugares de origen, “pero nunca vamos a ceder a exigencias de contratos ni actividades donde se instrumentalice a los menores, ni a chantajes durante el proceso”.
Asimismo, el Distrito hizo un llamado al Ministerio Público y a las autoridades administrativas, en especial al ICBF, a que privilegien los derechos de los niños con acciones que realmente resuelvan la difícil situación que están atravesando.