Admitida demanda contra artículos del POT sobre las UPL | El Nuevo Siglo
Cortesia
Miércoles, 17 de Noviembre de 2021
Redacción Web

La Corte Constitucional admitió la demanda que interpusieron los concejales Lucía Bastidas (Alianza Verde), Emel Rojas (Colombia Justa y Libres), Heidy Sánchez (Colombia Humana-UP-Mais), Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo) y Andrés Forero (Centro Democrático) a los artículos relacionados con la división de localidades, denominadas Unidades de Planeación Local (UPL), a través del Plan de Ordenamiento Territorial y vigencias futuras.

“La Corte Constitucional acaba de admitir la demanda que presentamos contra el estatuto de Bogotá junto a otros concejales de la ciudad. Los dos 'micos' del Congreso en la delimitación de las localidades y las vigencias futuras serán estudiadas de fondo”, indicó el concejal Emel Rojas.

La acción judicial que fue instaurada el pasado mes de septiembre pretende que se declare inconstitucional lo referente a los artículos 6 (parcial) y 14 de la recién aprobada Ley 2116 de 2021 que modificó el Estatuto Orgánico de Bogotá, y que se deje sin efectos la reforma que le quita competencias al Concejo de Bogotá en materia de autorización de vigencias futuras e incluye la creación de localidades a través del POT.



De acuerdo con los concejales previamente mencionados, estas medidas cercenan las competencias constitucionales del Concejo y vulneran la democracia, la prevalencia del interés general sobre el particular, la libertad de conciencia e incluso de expresión, pues en el caso de la división de localidades, estarían obligados a votar afirmativamente el proyecto que se presente, independientemente de que los estudios sean suficientes o se omitan exigencias de ley.

“No se puede restringir la posibilidad de las corporaciones políticas, como el Concejo de Bogotá, de ejercer sus competencias relacionadas con temas presupuestales, como es el control y debate sobre las vigencias futuras. Hay una omisión legislativa frente a la prohibición de tramitar vigencias futuras sobre proyectos que no estén contemplados en el Plan de Desarrollo respectivo, de tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno o de autorizar vigencias futuras para proyectos que excedan la capacidad de endeudamiento”, argumentaron los concejales en la demanda.

De los cuatro cargos de inconstitucionalidad que proponía la demanda inicialmente, la Corte admitió tres que serán estudiados de fondo, al tiempo que ordenó el inicio del proceso de recolección documental que solicitaron los cabildantes.