Hace unos años, un niño me contó que para ir a su colegio, en San Juan de Arama, tenía que ir tirando piedritas al camino. Era su manera de comprobar que no iba a volar en mil pedazos al pisar un explosivo.
En Colombia hay comunidades enteras que viven como él, sitiadas. Allá, donde el territorio aún le queda grande al Estado, hay un país acorralado por los explosivos, testimonio macabro de una violencia inmemorial. Hay de todo, artefactos de detonación controlada y munición que se usó y nunca explotó; también hay minas enterradas, agazapadas, a la espera de que algún incauto pase desprevenido y las haga estallar.
La mayoría de minas han sido minuciosamente escondidas, con la intención expresa de causar daño a quien las pise. Es criminal, no hay otra manera de nombrarlo. Las granadas, los morteros y las balas, que explotan a posteriori, son remanentes que quedan después de los combates; aunque no han sido situados de forma deliberada, igual causan daño de manera indiscriminada.
Los responsables de esta ignominia han sido muchos y muy distintos: guerrillas y grupos delincuenciales de todos los estilos. El daño que han causado es el mismo y siempre a los mismos, las comunidades rurales, atrapadas en guerras que no les pertenecen. Los combatientes también han padecido esta tragedia, sobre todo los soldados. Son miles de seres humanos mutilados y de sueños truncados, más de 10 mil en las últimas dos décadas. Son pueblos enteros confinados en sus territorios o desplazados de ellos. Colombia llegó a ocupar el segundo lugar en el mundo sumando víctimas de estos explosivos. Qué cosa tan absurda es la violencia.
Los esfuerzos para desminar el territorio son enormes, tanto como la capacidad de resistencia y resiliencia de este país. El gobierno lidera la estrategia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, a la que se vinculan organizaciones internacionales como la Cruz Roja o la Mapp OEA, instancias nacionales como la Brigada de Desminado Humanitario y organizaciones como Humanicemos DH, conformada por excombatientes de las Farc. Gracias a la acción conjunta de muchos actores, incluso algunos que fueron enemigos en el pasado, 456 municipios han sido declarados como libres de sospecha de minas antipersonal. Aun así, no es suficiente.
Aunque la situación había mejorado mucho con la firma del acuerdo de paz, como van las cosas, es posible que el 2021 sea el año con mayor número de afectados desde el 2016. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado sobre este fenómeno que pone en grave riesgo a la población civil, especialmente a los niños. Enterrar artefactos explosivos es una canallada, propia de quienes tienen que escudarse en las armas para hacerse obedecer. Cobardes. Las comunidades rurales no se merecen esta suerte, en los campos solo deberían sembrarse semillas, que son la esperanza de este país. Ningún ser humano, civil o militar, o incluso criminal, en ninguna circunstancia, debería tener que caminar lanzando piedritas al camino; de eso y solo de eso, se trata la dignidad.
@tatianaduplat