Los resultados no fueron sorpresivos, en absoluto. Esta conclusión se basa en las tendencias que mostraban las dinámicas prevalecientes y los números en las preferencias presidenciales para las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre en Nicaragua.

Como se esperaba, el actual mandatario, Daniel Ortega (1945 -), en fórmula con su compañera sentimental y vicepresidenta Rosario Murillo, con sus seguidores -en lo que queda del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- consiguieron el 75.9% de los votos, seguidos lejanamente por un segundo lugar; un 14.1% de la votación para Walter Espinoza del Partido Liberal Constitucionalista.

Se trata de la cuarta elección consecutiva que gana Ortega quien evidencia tener el control político total en la Nicaragua que se asoma a la tercera década del Siglo XXI. Tanto el poder Legislativo como el Judicial parecen alinearse de conformidad con la voluntad del Ejecutivo encabezado por la familia Ortega Murillo.

A esto debe agregarse también que la gobernabilidad a partir del Ejecutivo estaría asegurada en el próximo mandato presidencial: el FSLN de Ortega se hizo con 75 de los 90 diputados de la Asamblea Nacional. Incluso aumentó cuatro curules respecto a las condiciones que tenía en la anterior legislatura.  Las agrupaciones de oposición que pudieron participar están atrincheradas con 15 legisladores. Es evidente que la aplanadora oficial está lista para el funcionamiento convergente del Legislativo y Ejecutivo. Con ello se aseguran de pasada, la “lealtad” del poder Judicial, ya que son los legisladores quienes nombran a los magistrados.

Este resultado y las condicionantes traen aparejados problemas concretos de legitimidad. Se ganó la elección, pero en condiciones en las cuales se ha perseguido drásticamente a las fuerzas opositoras. Para probarlo allí están los 328 muertos que se reportan desde las protestas de 2018; allí está el encarcelamiento de al menos siete candidatos que disputaban la presidencia; allí está la cárcel incluso para exintegrantes sandinistas.

En este último sentido, dos casos emblemáticos de detenciones. Primero, el de Dora María Téllez (1955 -) la heroína sandinista, más conocida como la Comandante 2, en la toma del Palacio Nacional del 22 de agosto de 1978.  Segundo, la captura del exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, ocurrida el domingo 13 de junio de 2021. 

Todos estos aconteceres tienen lugar en el contexto de desmembramiento de la esperanza que un día significó el sandinismo en su lucha contra la dictadura somocista. Recuérdese el apoyo internacional y las grandes expectativas que emergieron luego del triunfo de la revolución que prometía el FSLN, el jueves 19 de julio de 1979.

No obstante, es de indicar que durante los años de gobierno de 1979 a 1990, el gobierno de Nicaragua debió enfrentar la arremetida violenta que le imponía el republicano gobierno de Ronald Reagan desde Washington. Esto forzó hasta cierto punto, al mayor enlace del gobierno de Managua con fuerzas de la ex Unión Soviética, Cuba y China. Algo que puede volver a ocurrir, como una dinámica histórica que tiende a actualizarse mediante círculos concéntricos -a otro nivel- en el desarrollo de los fenómenos políticos.

Reagan no escatimó ningún esfuerzo es demostrar cual era el rumbo que tomaban sus odios. Llegó a incurrir en acciones ilegales con trasiego de armas incluso con un país enemigo, Irán. Ello redundó en recursos frescos para la “contra” nicaragüense.

Pero bueno, el punto es que toda la lucha contra la dictadura somocista y luego de enfrentar claras medidas de bloqueo económico que hasta cierto punto se solventaron con los Acuerdos de Esquipulas II, en agosto de 1987, ahora Ortega copa el poder, no da respiro ni espacios para la oposición. Encarcela a líderes que no le son afines y ha demostrado un nada despreciable poder represor. Recuérdense los hechos ya referidos desde 2018.

Tal y como lo documenta el investigador Reinaldo Rojas, existen más datos de este clima de restricciones democráticas. Además de las detenciones y las denuncias de tortura, la Administración Ortega ha cerrado 25 organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el respeto a los Derechos Humanos, además de entidades de periodistas y de médicos.

Es evidente, además, el sufrimiento y empobrecimiento de la población en medio de la pandemia del covid-19.  Al parecer todos mienten, se carece de cifras sobre la embestida de la enfermedad, a la vez que no se cuenta con un sistema de salud efectivo. Esto, como es fácil inferir, también es una situación similar a la que se tiene en Guatemala y Honduras, para sólo citar dos casos; pero estas últimas realidades señaladas no acaparan tanto espacio en los medios de comunicación local ni en prensa internacional.

Otro rasgo importante en el caso de Nicaragua es el control que la pareja Ortega Murillo tiene respecto a los medios de comunicación. Se insiste en señalar por analistas locales, que fondos venezolanos han permitido tener a voluntad, instrumentos de comunicación que incluyen radio, televisión y prensa. Serían los hijos de la pareja gobernante quienes tendrían el control de esos mecanismos de comunicación.

Existen medios que han tratado de sobrevivir, pero teniendo que enfrentar la presión oficial, no tienen márgenes de sobrevivencia. Así ocurrió con “Confidencial”, Canal 2 de televisión y “100% Noticias”.

Mientras la población demanda oportunidades o bien ayuda humanitaria de emergencia ante el caso particularmente grave del covid-19, los Ortega Murillo y los aún leales partidarios de un sandinismo que parece secuestrado por los gobernantes, se va destiñendo lo que una vez fue la esperanza del desarrollo, encarnada por una nación post-Somoza.

Con toda esta dinámica de tragedias recurrentes, pareciera que se mantiene fresca la vigencia de una frase atribuida a Augusto César Sandino “Nicaragua será libre mientras tenga hijos que la amen”.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

(El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna)