Según un estudio realizado por la Registraduría Nacional, el Cedae y la Universidad Sergio Arboleda, desde 1978 hasta la fecha se puede identificar que la abstención electoral fluctúa entre el 40% y el 60%. Precisamente cursa en el Congreso un proyecto que modificaría el artículo 258 de la Constitución Política para hacer del voto un deber de obligatorio cumplimiento.
Uno de los defensores de esta alternativa, el representante del Partido Verde Inti Asprilla, dijo que con esta medida se incentivaría la participación electoral, se fortalecería la democracia, se combatiría la corrupción electoral y se harían efectivos los recursos destinados a la participación ciudadana.
“Con esta propuesta esperamos incentivar la participación electoral de los colombianos, y así combatir la abstención electoral que supera el 50%, proteger los recursos públicos que se destinan a la organización de elecciones y combatir la corrupción en época electoral”, agregó.
“Las decisiones tomadas por los gobiernos elegidos democráticamente son más legítimas cuando participa una mayor proporción de la población. Es decir, a mayor participación, mayor legitimidad tiene el sistema. La altísima tasa de abstención impacta de manera negativa dicha legitimidad y, por tanto, también el nivel de gobernabilidad que tiene un gobierno”, indicó.
Por último, recordó que Colombia y Nicaragua son los únicos países de la región que no cuentan con la implementación del voto obligatorio. De acuerdo con posturas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “...el nivel de abstención desciende notablemente en aquellos países que establecen el llamado voto obligatorio”.
Por su parte, Nicolás Farfán Namén, delegado del Registrador Nacional del Estado Civil, señaló que “nuestra Constitución en el artículo 258 considera el voto como un derecho y un deber ciudadano. Un derecho puede ser entendido como la facultad de hacer o exigir todo aquello que la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permita de ello, el hecho que sea una facultad implica en esencia que existe una discreción en su ejercicio; es decir, que se puede ejercer o no”.
“Si bien es cierto que el voto obligatorio se desprende de la dimensión del deber que hoy existe respecto al voto, también lo es que lo puede convertir en una restricción desproporcionada, por ser un deber de obligatorio cumplimiento y que su incumplimiento sea castigado mediante sanciones. En el fondo las discusiones relativas a la obligatoriedad del voto son debates que tienen que ver con las libertades ciudadanas. El hecho de volver obligatorio el ejercicio de un derecho fundamental como el derecho al voto, restringe de contera el hecho de que el voto sea un instrumento para formalizar la voluntad libre de los electores para la contribución de decisiones colectivas, o la selección de sus representantes”, añadió.
“La Corte Constitucional ha reconocido que la abstención es una forma legítima de participación”, finalizó.