Mientras que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A.A. Khan, vino a Colombia a anunciar el cierre del examen preliminar que la oficina a su cargo venía haciendo a la situación del país desde junio de 2004 -una decisión que es tanto un aliciente como un desafío, y un logro tanto del conjunto de las instituciones como del Gobierno nacional-; fue a Venezuela a anunciar la apertura de investigación formal por presuntos crímenes de su competencia, cometidos desde “por lo menos” abril de 2017 en el contexto de las protestas y la agitación política experimentada en ese país.
Con esa decisión, la situación en Venezuela se añade a las otras 15 actualmente investigadas por la Oficina del Fiscal. La investigación formal es el paso que antecede, eventualmente, a la definición de casos específicos; y, a su vez, podría conducir a la formulación de cargos y posterior enjuiciamiento de individuos particulares ante ese tribunal internacional.
Se trata, innegablemente, de un duro golpe para el régimen de Nicolás Maduro. De poco sirvieron sus afanados esfuerzos para neutralizar la decisión del señor Khan, incluyendo su intento de desviar la atención hacia el supuesto impacto de las sanciones internacionales en la catastrófica situación humanitaria que hace tiempo atraviesa Venezuela, de la que el régimen es el principal responsable. Ninguna escaramuza pudo ocultar los graves hallazgos del último informe de la Misión Internacional Independiente que, entre otras cosas, dan cuenta de la inequívoca instrumentalización del poder judicial venezolano para reprimir a la ciudadanía.
Se trata, también, de un efecto directo y cardinal del llamado “cerco diplomático” impulsado multilateralmente desde el Grupo de Lima con notorio liderazgo de Colombia - Estado que junto con otros cinco remitió en 2018 la situación en Venezuela a la CPI para su valoración, de conformidad con el Estatuto de Roma. (¿Qué estará pensando el Gobierno argentino, uno de esos 5, que hace apenas unos meses “retiró su apoyo” a esa remisión, en un gesto que sólo cabe calificar como de apoyo a Miraflores?)
Parece ahora estarse consolidando un “cerco judicial” alrededor de Maduro, sus áulicos y sus testaferros, en por lo menos tres frentes distintos: el de la violación sistemática de derechos humanos, el de graves crímenes internacionales, y el de la criminalidad organizada y la corrupción. Un cerco que, desde dentro y fuera de Venezuela, diversos actores comprometidos con el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional subvertidos por el régimen deben respaldar y estrechar, mediante acciones como la documentación de hechos y la recolección de testimonios que sirvan para reforzar el acervo probatorio, la cooperación judicial y policial, e incluso, el procesamiento de sujetos concretos con arreglo a las leyes nacionales y el derecho internacional.
Ni el cerco diplomático ni el cerco judicial son panaceas. Pero así sea a largo plazo, tendrán un efecto terapéutico, y coadyuvarán en la recuperación de Venezuela de la metástasis que durante ya demasiados años ha hecho la dictadura, auténtico cáncer que devora el presente y el futuro de los venezolanos.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales