El Gobierno nacional presentó un balance de las acciones que se han adelantado para proteger la vida de los desmovilizados de las antiguas Farc, así como para combatir a las estructuras criminales a las que responsabilizó de homicidios y amenazas a los reinsertados.

Al respecto, el consejero Presidencial para la Consolidación y la Estabilización, Emilio Archila, afirmó que desde el Ejecuto no se han ahorrado esfuerzos. “No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente estos ataques. Solo hubo un episodio que vinculó a un miembro de la Fuerza Pública: el caso de Dimar Torres, en el Catatumbo que se resolvió en dos meses y derivó en una condena a 20 años para un suboficial del Ejército involucrado en este episodio”, dijo.

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Archila destacó la labor investigativa de la Fiscalía General pues 61% de los casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición a desmovilizados fueron  resueltos estableciendo que: disidencias de las Farc son autores de 42% de los casos; el Eln en 10%, y el ‘clan del Golfo’ 9%.

Agregó que se han esclarecido 50% de las 319 afectaciones contra los excombatientes y sus familiares registrados desde 2017 a octubre de 2020.

 Al 7 de octubre pasado la justicia ha proferido: 40 sentencias condenatorias, hay 31 casos en juicio, 37 casos con formulación de imputación, 49 casos en indagación con orden de captura y 2 casos por preclusión, explicó el funcionario.

Por estos hechos se han capturado 141 persona y se han vinculado 257 personas a las investigaciones, se han dictado 53 órdenes de captura de las cuales diez ya se hicieron efectivas.

Por su parte, Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), reveló que se han fortalecido los mecanismos de apoyo a los excombatientes.

Hasta el 30 de septiembre se tenían 271 esquemas de seguridad, de los cuales 231 son individuales (174 para hombres y 57 para mujeres), 15 colectivos (que cubren 46 hombres y 22 mujeres), 24 para antiguos ETCR y uno para sedes.