Los sucesos de los últimos días en la región española de Cataluña no han dejado de sorprender al mundo entero. Dos de los más significativos han sido: primero el traslado de bancos y empresarios que se han ido a otras regiones del país y, segundo la imponente manifestación cívica del pasado domingo convocada por la Societat Civil Catalana, para expresar de forma pacífica y cívica: sí a la convivencia, sí al pluralismo, sí a la solidaridad y si a la unidad española.
Estos eventos han dejado clara la inconformidad que está generando la pretendida separación de catalanes y la inestabilidad política y jurídica que ha dejado como consecuencia el debate independentista. El domingo, si bien no se esperaba una participación tan grande ante la convocatoria citada inicialmente en la pequeña plaza urquinaona de Barcelona, fue evidente que existe un gran número de ciudadanos que están unidos por la democracia y el respeto a las instituciones democráticas de su país y que llenaron las principales avenidas de la capital catalana y de otras ciudades de esa región española. Aunque no era el propósito por el que se convocó a la mencionada manifestación, fue visible e incuestionable que hay una mayoría que estaba silenciosa, que no apoya la independencia de Cataluña.
Por su lado, las principales empresas y bancos de Cataluña han expresado su inconformidad cuando aceleraron, entre el viernes y el lunes, su fuga de la región hacia otras, en búsqueda de estabilidad y seguridad jurídica ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarara, de manera ilegal, la independencia en el Parlamento catalán. Las más grandes empresas, algunas incluidas en el Ibex 35, como Gas Natural Fenosa, Colonial, Abertis, Aguas de Barcelona, Cellnex, además de muchas otras del sector financiero, asegurador e industrial, ya han cambiado sus domicilios.
Aunque en la mayoría de estos casos las empresas buscan proteger a sus accionistas y trabajadores, en el caso del sector bancario, la fuga se debe principalmente a que de no marcharse de Cataluña en caso de declararse la independencia y quedar domiciliados fuera de la Unión Europea, perderían la financiación del Banco Central Europeo, que es realmente vital para ellos y se verían obligados a declarar un corralito.
Así las cosas, si el presidente del gobierno catalán en el Parlamento declara ilegalmente y en contra de las instituciones españolas la independencia, más se evidencian las terribles consecuencias y la gran inconformidad que generaría tal declaración. Esta posibilidad que Carles Puigdemont, lleve al Parlament tal declaración, a pesar de los eventos que muestran una fuerte resistencia, oposición y desconfianza, no solo ha hecho que Cataluña se encuentre dividida políticamente e inmersa en una inestabilidad jurídica que no termina de espantar y alejar a inversores, ciudadanos y empresarios. También, ha logrado que resuene un número que hasta hace poco era tabú entre los políticos españoles por señalar uno de los artículos más temidos, el artículo 155 de la Constitución Española y de uso excepcional que permite intervenir el gobierno regional e incluso judicializar a los responsables de este desacato no sólo político sino judicial.
Por tanto de persistir la rebelión independentista contra el Estado español, el gobierno del Presidente Rajoy se verá obligado a intervenir mediante su último recurso para obligar a las autoridades catalanas a cumplir las leyes de España.