- Informe de Misión Pensional en diciembre
- Insumo para campaña y próximo gobierno
Cada vez que en Colombia se habla de la necesidad de una reforma al régimen pensional se prenden todas las alertas, ya que se trata de un asunto de alto impacto público.
Según lo publicó ayer este Diario, la Misión Pensional que convocó el Gobierno meses atrás, a través de la cual se pidió a un grupo de expertos hacer un diagnóstico del sistema de jubilación y proyectar un pliego de sugerencias para una reforma estructural, presentará su respectivo informe en diciembre próximo.
Parece claro que faltándole al actual Congreso apenas cinco meses de trabajo legislativo efectivo y restándole al Gobierno alrededor de diez meses de mandato, no hay tiempo como tampoco margen político para llevar a este Parlamento una reforma de alto calado. Incluso es más que obvio que en plena campaña electoral para las parlamentarias y las presidenciales no sería este tema de gran prioridad para el llamado “país político” por la impopularidad natural que arrastra un ajuste de este tipo.
Sin embargo, es allí en donde la Misión Pensional cobra una importancia inusitada, ya que si proyecta su informe antes de que entre el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, estos tendrían un insumo muy importante para abordar una reforma que es urgente, dado el grave problema de sostenibilidad financiera a mediano plazo del sistema, así como los bajos índices de cobertura en materia de expectativa pensional. Es más, el informe podría convertirse en elemento crucial de la campaña por la Jefatura de Estado, al permitir a la opinión pública saber exactamente qué cambios apoyaría y cuáles no cada uno de los candidatos.
Hay asuntos muy complejos por determinar: un aumento o no de la edad de jubilación así como de las semanas de cotización; mecanismos para ampliar la cobertura dado el bajo porcentaje de cotizantes; los regímenes de transición entre el sistema de prima media y el de ahorro individual; los mecanismos fiscales para asegurar la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazos; el cumplimiento de los requerimientos sobre la materia hechos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Colombia está en proceso de entrar; las nuevas modalidades de jubilación parcial o de núcleo familiar amplio; la revisión del programa de Beneficios Periódicos Económicos (BEPS); el régimen de subsidios cruzados que se aplica sobre las mesadas; la carga tributaria que impacta los ingresos relacionados con las jubilaciones; un mayor campo de acción para las inversiones de los fondos privados de pensiones y cesantías; el futuro de Colpensiones y su proceso de actualización de los datos de sus afiliados; la posibilidad de pensiones por debajo del salario mínimo; nuevas medidas para impulsar la formalización laboral y el combate a la evasión en los pagos de seguridad social; el costo de la carga pensional de cara a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que está pendiente…
Como se ve, la reforma pensional será un imperativo para el próximo gobierno, sea cual sea, y lo mejor es empezar desde ya a proyectar las bases de ese ajuste. Hay que hacerlo con una alta dosis de realismo económico y, como lo han advertido no pocos gremios, centros de estudios económicos y las políticas de buen gobierno con más eficacia alrededor del mundo, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas poblacionales en lo corrido de este siglo, el aumento de la esperanza de vida en la mayoría de los países así como de los promedios de productividad laboral, que determinan que las personas sigan trabajando más allá de los 60 años.
Aunque buena parte de las deficiencias del régimen pensional en Colombia se puede decir que están sobrediagnosticadas, no pasa lo mismo con el tipo de reforma que debe aplicarse para afrontar esas problemáticas estructurales. Cada gobierno ha puesto en marcha su propia receta pero, al tenor de lo que ocurre hoy, es claro que ninguna de las implementadas fue la panacea que se prometió en su momento. Que venga, pues, el informe de la Misión Pensional y que, esta vez, sus recomendaciones no caigan en terreno infértil ni se dilaten en el calculismo político. Sería un craso error que se repitiera lo que pasó con la Misión Tributaria, que también se convocó para proyectar una reforma estructural y, al final de cuentas, se terminó presentando y aprobando un proyecto con alto contenido coyuntural, apenas para tapar el hueco fiscal a corto plazo.
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