Una advertencia del representante de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Todd Howland, señala que lo que viene sucediendo en el puerto sobre el Pacífico, se puede replicar en otros 42 municipios del país situados en Norte de Santander, Antioquia y Nariño

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La muerte hace 10 días de 6 campesinos en medio de cultivos de coca y el asesinato el martes del líder social y miembro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, José Jair Cortés, ha puesto a Tumaco como el epicentro de la violencia que hoy sacude al país en áreas donde conviven bandas criminales, disidentes de las Farc y cocaleros.

De allí que el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, advirtió en las últimas horas que la grave situación social y de orden público que se presenta en Tumaco, se puede replicar en otros 42 municipios del territorio colombiano, entre ellos los ubicados en el Catatumbo en Norte de Santander; El Bagre, Antioquia; y Alto Mira y Frontera, en Nariño.

Según el delegado internacional, los mismos factores que existen en Tumaco, están en esos otros 42 municipios: pobreza, economías ilegales, como la coca, grupos como el ‘Clan del Golfo’, el Eln, pequeñas bandas criminales, disidencias de las Farc y una mezcla entre acuerdos de sustitución y erradicación forzada.

Asimismo, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, condenó el asesinato del miembro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, José Jair Cortés, en Tumaco (Nariño), y reiteró el llamado para que se convoque a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el municipio con todos los actores involucrados en la seguridad de la región. 

Genocidio

“Esto es muy serio la verdad. El genocidio de los nuevos líderes sociales del país no se puede permitir, yo creo que aquí hay que tomar determinaciones de fondo y se debería convocar un consejo de seguridad en la ciudad de Tumaco con todos los involucrados”.

El jefe del Ministerio Público aseguró que “es inverosímil que con tanta presencia de la Fuerza Pública en la zona, se haya producido este atroz asesinato de uno de esos líderes del nuevo país”. 

Así mismo, recordó la expedición de la Directiva 002 para la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos, y aseguró que debe existir coordinación y articulación de todas las instancias del Estado para garantizar la protección de estos líderes.

Carrillo Flórez anunció a través de su cuenta de Twitter que habrá seguimiento especial a la investigación que adelanten las autoridades por los hechos presentados en Tumaco.

Orden público

De otra parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, dijo que la crisis social y de orden público que se vive en el municipio de Tumaco por la erradicación de los cultivos ilícitos se puede replicar en 10 municipios de los departamentos de Nariño, en el Catatumbo en Norte de Santander, Antioquia y en el Caquetá.

Valencia señaló que en estas poblaciones se están presentando los mismos ingredientes de una intensificación de los cultivos de coca que ya podrían estar por el orden del 52%.

A esto se suma que los territorios que eran de las Farc, en la actualidad los están copando otros actores armados como son las bandas criminales, el clan de golfo y el Eln.

Añadió que en estos 10 municipios se tiene que realizar una réplica de los acuerdo con las Farc, en el sentido de lograr un acuerdo con los campesinos y con los reintegrados para evitar un problema social como en la costa Pacífica.

De acuerdo con Valencia, la situación que se registra en la zona del Pacífico colombiano es bien compleja debido a la presencia de diferentes actores.

Dijo que una vez firmado el acuerdo de paz con las Farc, muchos de los milicianos quedaron a la deriva, originando una situación muy compleja en materia de orden público.

Según Valencia a esto se suma la llegada del ‘Clan del Golfo’ que ha generado un verdadero coctel molotov.

Líder social

Asimismo, el Gobierno nacional está evaluando todas las hipótesis que permitan esclarecer el asesinato del líder comunitario José Jair Cortés en Tumaco, departamento de Nariño. 

Fuentes informaron que este dirigente social gozaba de medidas de seguridad pero, al parecer, habría regresado a la zona de riesgo sin avisarle a la Unidad Nacional de Protección

Esa versión está siendo verificada por la Unidad Nacional de Protección, UNP, que quiere tener certeza sobre si hubo o no previo aviso de parte de Cortés a alguna otra autoridad.

Sin embargo, en la región algunos habitantes han cuestionado que el dirigente no tuviera la seguridad adecuada que posiblemente hubiera evitado su asesinato.

La Gobernación de Nariño ya tenía conocimiento de propia boca de José Jair Cortés de las amenazas que había en su contra y las denuncias según las cuales él y otros habitantes de la zona recibían presiones de parte de grupos armados ilegales.

La Fiscalía, en el transcurso de esta semana, entregará el informe del cotejo balístico que permitirá establecer los responsables de la masacre.

De otra parte y respecto a la sustitución de cultivos en la zona, Howland dijo que “el Gobierno tenía que hacer un proceso de sustitución rápido, pero estamos a más de diez meses de vacío de poder, la gente sigue con la hoja y, para complicar, han llegado los erradicadores. Hay tensiones muy altas e intereses impulsando en varias direcciones”.

Atribuyó este panorama a que el “Estado colombiano no tiene niveles de coordinación”.

Al efecto indicó que en el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones.

Y agregó al portal Verdad Abierta, que “el Gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondo y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente”.

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