Tumaco, crisis sin fin

  • Se degrada situación de orden público
  • Múltiples alternativas sobre la mesa
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La situación en este municipio y Nariño en general continúa complicándose. Luego de los confusos hechos, hace dos semanas, que llevaron a la muerte de siete campesinos en medio de un operativo de erradicación forzada de narcocultivos, cuyas circunstancias aún no ha sido esclarecidas por las autoridades, sigue agravándose la situación de orden público. Ahora se habla de un supuesto enfrentamiento armado, en zona rural de El Charco, entre bandas criminales y disidencias de las Farc por el control del narcotráfico, minería ilegal y otros delitos derivados. A ello se suma que los asesinatos de líderes sociales, comunitarios y activistas de derechos humanos no se detienen, al punto de que el martes se reportó el crimen del miembro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, José Jair Cortés, en Tumaco.   

La Procuraduría, Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, el Congreso, varias organizaciones no gubernamentales y centros de estudios sobre violencia y crisis social han lanzado distintas alertas sobre la crisis en Tumaco, otras zonas de Nariño e incluso de varios departamentos en donde el accionar de las bandas criminales emergentes, los carteles del narcotráfico y los grupos disidentes de las Farc, el Eln y otras facciones armadas buscan oponerse a como dé lugar a la ofensiva de las autoridades para enfrentar el auge de los sembradíos de coca, marihuana y amapola. Estos, como se sabe, se cuadriplicaron en los últimos tres años y estarían rondando las 190 mil hectáreas.

Si bien es cierto que las autoridades han desplegado gran cantidad de Fuerza Pública e implementado una plataforma de acompañamiento institucional para hacer frente a esta crisis en Tumaco y Nariño, parece que las circunstancias amenazan con desbordar la reacción estatal.

¿Qué hacer? Dado que Nariño es el de departamento con mayor densidad de cultivos de hoja de coca en el país, y siendo evidente que las bandas criminales y los guerrilleros desertores quieren imponerse a sangre y fuego, manipulando o presionando a las comunidades campesinas para que se opongan a la destrucción de las grandes extensiones de sembradíos ilegales, el Gobierno debe analizar si la estrategia que está aplicando es funcional.

La Procuraduría propuso ayer citar urgentemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en Tumaco, bajo la tesis de que “el genocidio de los nuevos líderes sociales del país no se puede permitir”. A su turno, la ONG Fundación Paz y Reconciliación advirtió que la crisis en esa zona del país por las campañas de erradicación de cultivos ilícitos se podría replicar en una decena de municipios no sólo de Nariño, sino también de Caquetá, Norte de Santander y Antioquia. Tampoco faltan los sectores que consideran que no se está aquí frente a una crisis de corte social, que exige ofrecer soluciones viables a pequeñas familias que siembran coca como único medio de supervivencia, sino que la mayoría de los sembradíos ilícitos en la zona son de “tamaño industrial” y claro perfil narcotraficante, por lo que lo procedente sería reactivar la fumigación aérea para acelerar su destrucción.

Incluso hay voces que ponen sobre la mesa que la Constitución le permite al Ejecutivo declarar una gradualidad de estados de excepción para manejar crisis sobrevinientes y graves. Plantean acudir a alguno de ellos, teniendo cuidado, eso sí, de salvaguardar al máximo los derechos humanos y las demás garantías fundamentales al campesinado y la población indígena. Para ello sugieren pedir el acompañamiento permanente, preventivo y en tiempo real de delegados de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, varias ONG y hasta organismos internacionales como la CIDH o la ONU.

Como se ve, hay muchas alternativas sobre la mesa. Cada una con ventajas y desventajas. Le corresponderá al Gobierno implementar la que considere más viable. No hay que llamarse a engaños: Tumaco, y Nariño en general, son hoy por hoy el principal laboratorio para la aplicación de las políticas del posconflicto en Colombia. De la forma en que el Estado actúe frente a la grave y creciente problemática de las últimas semanas dependerá si el país abre la peligrosa ruta al reciclaje de la violencia residual en esa y otra zonas, o neutraliza de forma definitiva y ejemplarizante este coletazo esperado de los factores ilegales tras la desmovilización del grueso de las Farc. Hay que actuar ya.

 

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