- Guerrilla debe cumplir lo pactado
- Una verificación muy complicada
El arranque ayer del cese el fuego y de hostilidades entre el gobierno Santos y la guerrilla del Eln constituye, sin duda, una prueba de fuego para ese proceso de negociación, cuya etapa preliminar y secreta duró más de dos años y la instalación de la mesa en Quito sólo se produjo a comienzos de éste, pese a que la respectiva agenda había sido anunciada en marzo de 2016 en Caracas.
Son tres los retos que implica esta tregua bilateral entre las tropas del Estado y los integrantes de esa facción armada ilegal. En primer lugar, claro está, se ubica la dificultad de cumplir un cese el fuego sin que haya localización territorial, al menos, de uno de los bandos enfrentados.
El Ejecutivo fue muy claro en torno a que las Fuerzas Militares y de Policía no tendrán ni un centímetro de territorio vedado para actuar. Obviamente si bien no hay zonas de distensión ni desmilitarizadas es evidente que la cúpula de la Fuerza Pública debe tener algún grado de conocimiento de las áreas en donde están los campamentos elenos, pues de lo contrario no podría evitar que las tropas oficiales se choquen con los mismos.
El comunicado de alias ‘Gabino’, máximo cabecilla del Eln, es muy diciente en torno a que el pie de fuerza subversivo suspenderá las operaciones “ofensivas” contra la Fuerza Pública, lo que implica, obviamente, que si llegan a sentirse en riesgo inminente de ser atacados por las Fuerzas Militares, responderán con armas.
Aunque sendas delegaciones de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica serán las instancias encargadas de la verificación y se acordó, en los varios protocolos suscritos, distintos mecanismos de investigación y solución de posibles incidentes, sería ingenuo negar que esta clase de ceses de fuego son muy complicados y se necesitará de las partes un alto grado de voluntad de cumplimiento y, sobre todo, cautela. No hay que olvidar que en las mismas zonas en donde históricamente ha delinquido esta guerrilla, también hay presencia de grupos disidentes de Farc, bandas criminales, narcotráfico y minería ilegal, contra los que el Estado no puede bajar la guardia.
El segundo reto del inédito acuerdo entre el Gobierno y el Eln tiene que ver con el desafío que implica para esa facción ilegal cumplir con lo pactado en materia de no afectar a la población civil ni atacar la infraestructura petrolera, energética o vial, pese a que esas acciones son, precisamente, su principal modus operandi. Hasta muy pocas horas antes de que arrancara el cese el fuego, esa guerrilla estuvo atacando a la Fuerza Pública y las instalaciones petroleras. Por igual, si bien es cierto que se comprometió a no secuestrar, extorsionar, reclutar menores de 16 años e instalar minas antipersonal, entre otras acciones que afectan a los civiles, lo cierto es que verificar ese nivel de cumplimiento no será muy fácil. Con las Farc, durante el cese el fuego con estas, en varias ocasiones se denunció que algunos de sus integrantes adelantaron acciones criminales camuflándose como guerrilleros del Eln, bandas criminales o delincuencia común. Por igual, aún no está claro cómo se constatará que durante esta tregua, que irá hasta el 9 de enero, el Eln liberará a las personas que mantiene plagiadas.
Y, por último, es evidente, y así lo comprueban las encuestas, que la opinión pública tiene un alto grado de desconfianza frente a este proceso de negociación que se desarrolla en Quito. Si bien haber pactado el cese el fuego bilateral y temporal es un avance, las negociaciones tienen que dar resultados concretos lo más pronto posible. Llevan varios meses las delegaciones sin poder arrancar las discusiones puntuales, enredadas en parte en la desgastante definición de los mecanismos para que la sociedad civil pueda participar de las tratativas en sendos foros y proyección de propuestas…
Arrancó, pues, un ejercicio inédito con el Eln. Del grado de cumplimiento de la guerrilla a sus compromisos de no atacar a la Fuerza Pública, los civiles ni la infraestructura, dependerá que el proceso de negociación gane un margen de acción más amplio mientras se producen resultados concretos en la mesa. Por el contrario, si hay esguinces y trampas a lo acordado, las implicaciones para el futuro de las tratativas serán muy graves, al punto de poner en riesgo su propia viabilidad y vigencia.