Varias entidades y organismos son llamados al Legislativo para control político.

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La congresista Margarita Restrepo, quien ha liderado en el Congreso la visibilización del delito del Reclutamiento Forzado de Menores en Colombia por parte de grupos armados organizados al margen de la ley, liderará un debate de control político, el cual se enfocará en las recientes liberaciones de menores de edad por parte de la guerrilla de las Farc.

Considerando que este delito no ha sido tratado con la seriedad ni la profundidad que requiere, desde la Comisión de Derechos Humanos, de la cual hace parte la Representante, serán citados para control político los siguientes organismos: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para la Paz, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Dada la gravedad y magnitud del fenómeno delictivo en el país, para la congresista es importante que este delito no quede en la impunidad y haya una reparación, verdad y justicia para aquellas familias víctimas de este crimen atroz que contempla otros delitos como esclavitud, secuestro, utilización y abuso.

“Este es un delito que no es amnistiable y mientras haya un solo niño reclutado sigue siendo un delito de tracto sucesivo y que no prescribe”, considera la congresista.

La Representante recordó así mismo la competencia de la CPI de entrar a juzgar este delito, frente a la laxitud de la justicia colombiana.

“Por esa razón espero que los terroristas de las Farc paguen por el crimen de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; que la Corte Penal Internacional haga justicia; y que, además, juzgue también a este gobierno que ha actuado de manera cómplice con los terroristas de las Farc”, puntualizó.

La legisladora considera que la negociación en La Habana duró más de 5 años y el Gobierno no quiso hacer nada para obligar a las Farc a devolver a los niños que tenían en su poder. Comportándose como cómplices, el comisionado Sergio Jaramillo y los negociadores, empezando por De La Calle y el general Naranjo, le dieron largas al asunto y voltearon la mirada ante el clamor de las madres que reclamaban desesperadamente la libertad de sus hijos esclavizados por la guerrilla terrorista.

En su momento, el hoy embajador en Bruselas, Sergio Jaramillo, haciendo un despliegue brutal de arrogancia, me manifestó que nada podía hacerse para evitar que las Farc reclutaran menores porque, en palabras suyas, se había resuelto negociar “en medio del conflicto” y el Gobierno no tenía autoridad ni competencia alguna para hacerle ese tipo de exigencias a las Farc.

Es evidente que la Justicia Especial de Paz, no impartirá castigos ejemplarizantes a los responsables de la guerrilla por el reclutamiento de más de 3 mil niños. Aquellas víctimas, tendrán que ver a los causantes de su dolor caminando impunemente por las calles y burlándose de su clamor de justicia.

Por eso, el anuncio de la fiscal de la corte penal internacional, es un bálsamo y un motivo de alegría para quienes hemos asumido la causa de los menores reclutados como un asunto propio. Hemos trabajado sin descanso, en el acompañamiento de las víctimas de esta atrocidad, hemos estado al lado de sus familias, reclamando verdad, justicia y reparación.

En virtud del acuerdo entre Santos y Timochenko, las Farc creen quedar eximidas de responder por aquel delito. Si alguna ilusión tenía en ese sentido, ésta se desvaneció por cuenta de la dura y concreta advertencia de la fiscal de la CPI.

Como lo expresé al comienzo de esta columna, la justicia cojea pero llega. Nunca es tarde y en algún momento, los que ordenaron reclutar forzosamente a miles de niños de toda Colombia, terminarán sentados en el banquillo de los acusados, en la sala de audiencias que para los peores criminales de la humanidad tiene reservada la Corte Penal Internacional.

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